En Uruguay acaba de fracasar una iniciativa que buscaba allanarle el camino a la anulación de la Ley Integral para Personas Trans. Dos miembros de la formación conservadora de oposición Partido Nacional –los diputados Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue– presentaron 69.360 firmas ante la Corte Electoral para que se les permitiera organizar una consulta popular y preguntarles a sus compatriotas si estaban de acuerdo con someter la derogación de la ley número 19684 a un referendo vinculante.

La legislación en cuestión fue promulgada en el Parlamento el 19 de octubre de 2018 con miras a garantizar los derechos de la población transgénero y desmontar, con medidas concretas, los mecanismos mediante los cuales ésta es discriminada. Evidenciando su desconocimiento de la diferencia entre las nociones de orientación sexual e identidad de género, Iafigliola y Dastugue alegaban que la ley “rompe el principio de igualdad” al concederle “derechos especiales” a ciudadanos uruguayos por el simple hecho de no ser heterosexuales.

Resistencia en Uruguay

Iafigliola asegura que unos 300.000 votantes se acercaron a los tres mil centros habilitados para el sufragio el domingo pasado (4.8.2019); pero esa cifra no equivale al 25 por ciento del padrón electoral y, por lo tanto, no basta para convocar a un referendo en torno a la Ley Integral para Personas Trans. Colette Spinetti, una de las voceras del colectivo trans, celebró el compromiso de la sociedad uruguaya con la defensa de los derechos humanos, subrayando que mucha gente le ha ofrecido resistencia al discurso “retrógrado” de Iafigliola y Dastugue.

De hecho, buena parte del Partido Nacional se distanció de la propuesta de Iafigliola y Dastugue; ésta apenas fue apoyada por los parlamentarios vinculados con iglesias pentecostales como Misión Vida. “Ahora lo que nos queda es velar porque la ley se siga cumpliendo”, acotó Spinetti. Entre otras cosas, la ley número 19684 impulsó la creación de becas, cuotas y servicios con el propósito de facilitar el acceso de los hombres y mujeres trans a la educación, al mercado laboral, a tratamientos hormonales y a operaciones de reasignación de género.

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas ha elogiado a Uruguay por colocarse “a la vanguardia” en América Latina y el Caribe. No obstante, especialistas advierten que en cada país de la región es necesario aplicar estrategias legales diferentes para conseguir la inclusión plena de las personas transgénero. Una de ellas es la abogada Matilda González Gil, quien ha trabajado para la Relatoría LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y para la organización no gubernamental Colombia Diversa.

“Algunos países han tenido Parlamentos que han promulgado leyes de identidad de género que benefician a grupos históricamente discriminados, mientras que otros han logrado avances en derechos humanos a través de decisiones de tribunales superiores o decretos ejecutivos y políticas públicas”, explica González Gil en el capítulo que redactó para la más reciente edición del Informe de Mapeo Legal Trans, publicado en noviembre de 2017 por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA).

Prácticas ejemplares

En ese estudio se indica dónde hay mecanismos al alcance de las personas transgénero para que ellas cambien sus nombres o sus marcadores de sexo/género en sus certificados de nacimiento y sus otros documentos de identidad, y si esos procesos de modificación son costosos y restrictivos, es decir, si obligan a los solicitantes a cumplir requisitos como divorciarse de sus parejas, renunciar a la patria potestad de sus hijos, someterse a evaluaciones médicas y a esterilizaciones u otras intervenciones quirúrgicas que violan su integridad física.

González Gil trae a colación que, a los ojos de la CIDH, la mejor práctica es la ley de identidad de género de Argentina, que no exige ni trámites judiciales ni constancias médico-psiquiátricas para reconocer el género de una persona trans. Esa ley fue precedida por la de Uruguay; en Chile hay un proyecto alusivo esperando a ser aprobado por el Congreso. Los colombianos y mexicanos trans pueden cambiar sus respectivos marcadores de sexo/género en sus documentos de identidad mediante procedimientos administrativos simples desde 2015.

Aun así, la CIDH exhortó a Colombia y a México a aprobar leyes de identidad de género “para incluir plenamente a las personas trans en diferentes esferas de la vida y reducir los niveles de pobreza que las aquejan” debido a la exclusión y la violencia de la que son objeto. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, ha confirmado que, de los miembros de la población LGBTI, las personas transgénero son las más vulnerables; según ILGA, su expectativa de vida en el continente americano es de 35 años.

“La experiencia de ser transgénero puede variar mucho de una nación latinoamericana a otra e incluso de una clase social a otra. Por ejemplo, en Venezuela, la transfobia suele manifestarse de una manera mucho más brutal que en otros países. Lo mismo solía decir yo de Ecuador hace dieciséis años, pero la situación allí ha mejorado mucho desde entonces”, comenta la abogada Ilka Quirling, especializada en Derecho Migratorio. Quirling ha asesorado a mujeres trans latinoamericanas que han evaluado solicitar asilo en Alemania.

Casos críticos

“La transfobia también es terrible en Honduras. Basta que una persona trans de Honduras pida asilo en Alemania para que el Ministerio Federal para la Migración y los Refugiados se lo otorgue”, arguye Quirling desde Hamburgo, añadiendo que las personas trans de Venezuela que ella asesora no tienen la misma suerte con las autoridades germanas debido a la opacidad de la crisis político-institucional reinante en ese país. “El Ministerio aspira a un cambio de régimen en Caracas para poder repatriar a los refugiados venezolanos”, dice.

“En lo que concierne a los derechos de la población trans, en Venezuela ha habido una verdadera involución”, cuenta, por su parte, la abogada Tamara Adrián, defensora de derechos humanos y miembro del Parlamento venezolano desde 2016. “Venezuela fue el primer país latinoamericano en reconocer la identidad legal de las personas trans. Lo hizo parcial y precariamente, mediante requisitos patologizantes y correcciones de partidas de nacimiento que eran infamantes, pero lo hizo”, recuerda Adrián, exsecretaria general trans de la ILGA.

“En los años noventa se emitieron sentencias que reconocían la identidad de género de unas 150 personas trans; entonces, Venezuela también era punto de referencia en América Latina y el Caribe en lo que concernía a la atención médica de ese colectivo. Esa evolución llegó a su fin en 1999 con la llegada al poder de Hugo Chávez, la redacción de una nueva Constitución y la cooptación de la Justicia por parte de jueces sin formación nombrados a dedo; muchos de ellos son pentecostales sin noción alguna de derechos humanos”, sigue Adrián.

“De 2000 en adelante, en Venezuela se le empezó a negar la admisibilidad de la rectificación de las partidas de nacimiento a personas trans que ya habían pasado por operaciones de reasignación de género”, lamenta la legisladora. Los sistemas judiciales de Perú y Bolivia han ofrecido respuestas intermedias a la cuestión trans: ambos avanzan en la dirección correcta, pero arrastran consigo bagajes problemáticos en términos de derechos humanos, sostiene González Gil en su análisis para el Informe de Mapeo Legal Trans de la ILGA.

Evan Romero-Castillo (ers)

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