El pulso entre el expresidente Evo Morales (2006-2019) y su antiguo delfín y actual presidente de Bolivia, Luis Arce -aún correligionarios del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS)- volvió a salpicarse esta semana con acusaciones de “corrupción” y “protección al narcotráfico”.

Las preguntas que vuelven a quedar en el aire son claras: ¿Hasta dónde llegan realmente los tentáculos del narcotráfico en Bolivia hoy? ¿Cuáles son sus vínculos con las estructuras de poder político?

Productor de hoja de coca y cocaína

Bolivia es uno de los principales productores de hoja de coca del mundo. Su cultivo, venta y consumo individual son legales en el país. Sin embargo, según datos de InSight Crime, hasta el 40 por ciento se comercializa al margen de la ley, como materia prima para la producción de cocaína.

“Bolivia era un vendedor barato de la pasta base de cocaína, que después era procesada en Brasil, Perú o Colombia. Pero esto ha cambiado”, precisa a DW la politóloga boliviana Ana Soliz, investigadora de la Universidad de las Fuerzas Armadas alemanas en Hamburgo.

El país “se ha vuelto productor de clorhidrato de cocaína” (o cocaína en polvo), confirma la criminóloga Gabriela Reyes, exdirectora del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas. Y remite a la evidencia: la cantidad de laboratorios que se han ido encontrando, sobre todo, en Parques Nacionales.

Según los últimos datos de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas en inglés), Colombia, Perú y Bolivia son, en ese orden, los principales productores de cocaína a nivel mundial, y totalizaron una producción estimada de 2.074 toneladas de esta droga en 2021.

País de origen y tránsito de operaciones criminales

Bolivia es también “un país muy atractivo para el narcotráfico” por su situación geográfica, explica la criminóloga Reyes. Limita con Brasil, “uno de los principales consumidores de cocaína de América Latina”; con Perú, que produce “hoja de coca mucho más barata”; y con Paraguay, “un importante hub”, que InSight Crime señala adicionalmente como primer productor de marihuana en Sudamérica.

A esta lista se agrega la igualmente limítrofe Argentina, con otro de los mercados internos de drogas más grandes de la región, según InSight Crime. De modo que Bolivia queda como “un corredor clave”, con “creciente importancia como país de origen y tránsito” de la cocaína dirigida a los mercados europeos, además de a EE. UU. y hasta a Asia.

El país se ha convertido, consecuentemente, en base de operaciones de organizaciones criminales extranjeras como los brasileños Comando Primeiro da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), así como otras estructuras colombianas y mexicanas, enumeran los informes de InSight Crime.

“Evistas” contra “arcistas”

Pero, más allá del narcotráfico, el comercio ilegal de la hoja de coca “tiene una gran connotación política” en el país, advierte la criminóloga Reyes.

Se refiere, por ejemplo, a la frecuente estigmatización como “líder cocalero y, por lo tanto, narcotraficante” del aún influyente y mediático expresidente Evo Morales, uno de los líderes de las federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba. O al “notorio” aumento de operativos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) justamente en esa región, un bastión “evista”, en medio de la disputa entre “evistas” y “arcistas”.

“Corrupción y narcotráfico son dos factores inseparables en Bolivia”, señala la politóloga Soliz. Y recuerda que, “en Bolivia, el narcotráfico siempre fue posible gracias a redes entre exportadores de droga y funcionarios públicos”. Pero la disputa política entre Arce y Morales genera cada vez más denuncias públicas de estas redes de narcotráfico y corrupción.

Fuerzas de seguridad y justicia débiles

¿A dónde apunta entonces la detención de Maximiliano Dávila, quien fue director nacional de Inteligencia y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) bajo el mando de Evo Morales, así como comandante de Policía en Cochabamba con Arce? ¿O la de Omar Rojas, mayor de la Policía Boliviana hasta 2014, hoy apodado “el Pablo Escobar boliviano”?  

¿O el “narcovuelo” con 478 kg de cocaína aterrizado en febrero en España? ¿O el promocionado “operativo en la lucha contra el narcotráfico más grande de la historia de Bolivia”, que desarticuló 27 fábricas de droga y destruyó siete laboratorios de cocaína por valor de casi dos millones de dólares en mayo?

Para Reyes, exdirectora del Observatorio Boliviano de Lucha Contra las Drogas, en 2021 se detuvo a Dávila “como una muestra de la voluntad del Gobierno de luchar contra el narcotráfico”. Pero, desde 2022, no se ha desarticulado ninguna organización criminal, ni se ha detenido a ningún “pez gordo” vinculado al tráfico de cocaína. En cambio, se celebra el aumento de las incautaciones, lo que “no es una medida de eficiencia policial”, sino de una mayor circulación de cocaína en el mercado.

Ni el escándalo de los llamados “narcoaudios”, ni un triple asesinato de uniformados, ni la droga aterrizada por pilotos y aeronaves bolivianas en Paraguay o España, ni el hallazgo de fábricas y laboratorios de cocaína, ni más de 20 ajustes de cuentas en frontera han terminado en mucho más que allanamientos e impunidad: solo hay una persona de la policía antinarcóticos (FELCN) encarcelada por el “narcovuelo” a España, ilustra la criminóloga.

Todo esto demuestra “niveles de protección importantes” a las redes de narcotráfico por parte de una “justicia débil”, advierte Reyes. En manos de esa justicia y de fuerzas del orden “corroídas por la corrupción”, sin la presencia de otras agencias internacionales de cooperación, ha quedado la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, luego de que la DEA estadounidense fuese expulsada por Morales en 2008, agrega Soliz.

Un Estado “cooptado por el narcotráfico…” 

“Bolivia se ha convertido en un narcoestado”, asegura la politóloga boliviana, y se refiere a “una transformación que se inició durante los mandatos de Evo Morales, y que ahora se ha hecho evidente bajo el Gobierno de Luis Arce”.

La criminóloga Gabriela Reyes, por su parte, describe un proceso en curso: “Bolivia está muy cercana a convertirse en un narcoestado”. Un Estado “es cooptado por el narcotráfico cuando el narcotráfico puede actuar impunemente a todo nivel, y eso es algo que se está empezando a ver en Bolivia de manera muy evidente”, reconoce: “El narcotráfico está teniendo poder en la justicia, en la política, está influyendo en cómo se toman ciertas decisiones, en que se mantenga la impunidad”.

(ers)