"En las próximas horas tendremos declaratoria de emergencia y abrogación del decreto de Evo que autorizaba quemas", prometió la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, vía Twitter. "Vamos a frenar los incendios", aseguró. 

"¡Que no nos distraigan con actos proselitistas!", reaccionó Alex Villca Limaco, vocero de Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (CONTIOCAP).

Añez dice que derogará el Decreto Supremo 3973, con el que el gobierno del expresidente Evo Morales autorizó las quemas, pero ¿qué hay del paquetazo de normas incendiarias, incluidas las aprobadas por su gobierno en beneficio de los agroindustriales y ganaderos?, pregunta el defensor de los derechos indígenas y de la naturaleza.

La sociedad civil contra "el paquete incendiario"

Lo que los activistas bolivianos llaman "el paquete incendiario" comenzó con un perdón a quienes iniciaban fuego en zonas forestales y se ha ido extendiendo hasta permitir el uso del fuego y la quema supuestamente controlada, "que en realidad no es controlada en absoluto", explica a DW Jhanisse Vaca Daza, cofundadora y portavoz del movimiento ciudadano de noviolencia Ríos de Pie, centrado en la defensa de derechos ambientales y civiles en Bolivia.

El 9 de julio del 2019, el Gobierno de Evo Morales aprobó el Decreto Supremo 3973, que expandía el territorio en el que se puede usar fuego para preparar los terrenos para el nuevo ciclo agrícola. "Una vez que se aprobó esta ley, los incendios se incrementaron. Y el Estado no tiene hasta el día de hoy la capacidad de responder de forma rápida y efectiva cuando se descontrolan", afirma la activista.

Así que, en muchos casos, es la sociedad civil quien responde a las necesidades de bomberos, guardaparques y voluntarios en las zonas afectadas, como confirman diversos reportes de prensa locales. Ríos de Pie, fundado hace dos años en la ciudad de Santa Cruz, ha conseguido extenderse por los nueve departamentos del país. Y junto a otras organizaciones como Alas Chiquitanas, gestionan donaciones de apoyo a bomberos voluntarios, y continúan exigiendo al gobierno que cambie la legislación.

La exigencia no es nueva. Tomó fuerza durante los incendios y protestas de 2019, y se hizo formalmente ese octubre, en un cabildo, "que es una medida reconocida por la Constitución boliviana para tomar decisiones a nivel de ciudadanía", explica la vocera de Ríos de Pie. Sin embargo, "con el terremoto político que siguió, las autoridades no le dieron seguimiento, pese a que grupos ambientalistas lo seguíamos exigiendo", lamenta.

Ahora, la historia de 2019 comienza a repetirse. Los incendios han vuelto. La mayoría, provocados por quemas. Amenazan nuevamente al Parque Nacional Noel Kempff Mercado, una de las principales reservas de biodiversidad del país y Patrimonio de la Humanidad, con hábitats como los humedales de sabana y los bosques secos, y especies como el jaguar. Los hay también en Vallegrande, otra zona rural de Santa Cruz. Y en Tunari, un parque de Cochabamba.

Incendios y COVID-19

La situación aún no ha alcanzado las dimensiones de 2019, cuando se quemaron alrededor de 6 millones de hectáreas a nivel nacional. Este año la cifra asciende, por el momento, a unas 320.000 hectáreas, calcula la vocera de Ríos de Pie. Las cifras del gobierno hablan de dos millones y medio el pasado año pasado y cerca de medio millón este 2020.

Como sea, la pandemia de COVID-19 suma tensiones a la gestión del desastre porque “esta es una enfermedad que afecta las vías respiratorias y eso es lo primero que los bomberos sufren: problemas en su salud debido a las condiciones en las que trabajan sin todo el equipamiento necesario”, subraya la cofundadora de Ríos de Pie.

Así que “aparte de lo que tuvimos que intentar conseguir el año pasado, también estamos en busca de pruebas rápidas para los bomberos, porque no queremos contagiar a las poblaciones originarias en caso de que alguien esté enfermo”, cuenta. Ni el Gobierno ni la sociedad civil han pedido aún ayuda internacional, pero sí se han solicitado y recibido donaciones de bolivianos en el extranjero. En todo esto, "hay una brecha generacional muy importante, porque ha sido la juventud, la juventud apolítica que no está en ningún partido, la que se ha movilizado desde el año pasado para proteger nuestros bosques", recalca Vaca Daza.

"Autoridades sensibles" en época electoral

Pese a todo, en Ríos de Pie notan un avance relativo respecto a 2019: "Los activistas medioambientales sufrimos mucha persecución política durante el gobierno de Evo por hacer las denuncias del incendio. Este año, no hay una persecución tan fuerte. Aunque, al estar en época de elecciones, las autoridades están muy sensibles a cualquier crítica. Y también la agroindustria, que es quien finalmente empuja económicamente para expandir el territorio que pueden usar" señala.

Para el vocero de la CONTIOCAP, sin embargo, el Gobierno de Añez no es, en este tema, sino "una extensión MAS" de su antecesor, según asegura en Twitter con una referencia irónica al partido de Evo Morales. Por eso, al menos hasta ahora que los incendios y las elecciones vuelven a rondar, "nunca quisieron derogar los decretos incendiarios", insiste.

"Institucionalidad sumamente débil"

"En Bolivia, el agronegocio es quien maneja gran parte de la economía y tienen mucha influencia en todos los partidos políticos. En el de Evo Morales lo tuvieron de una forma tan fuerte, que él anunció este Decreto Supremo no desde un edificio gubernamental, sino desde la sede de ganaderos en el departamento del Beni. Y este año también tienen mucha presión sobre casi todos los candidatos", concuerda Vaca Daza.

Efectivamente, a la ambientalista de Ríos de Pie, el anuncio de Añez le recuerda que "los grupos ambientales y de derechos humanos que hace mucho tiempo exigimos esta abrogación siempre recibimos la misma respuesta: que era iluso pedir esto, que esto no iba a cambiar, que los intereses económicos de la agroindustria en Santa Cruz y en Bolivia eran muy fuertes".

Hasta ahora, "ningún candidato político estaba hablando de este tema. Pero parece que, dado el momento electoral, finalmente van a dar ese paso que se necesitaba y sería un gran primer paso", celebra por adelantado. No sin notar que "faltan muchas otras leyes que tienen que cambiar para asegurarnos de que estas catástrofes no se repitan".

En un país con una "institucionalidad y un aparato judicial sumamente débil", que explica también todos los problemas políticos sufridos en los últimos años, no se debería siquiera hablar de un permiso para quemas, defiende la ambientalista. Aún nadie puede asegurar que se enjuiciará, como no se ha hecho tras el desastre de 2019, a los responsables de estos incendios descontrolados. Pero espera que "ojalá este sea un comienzo; al menos es algo que el Gobierno de Morales nunca quiso hacer".

(ers)