Bukele y su partido Nuevas Ideas no dejan de sorprender. El 1 de mayo de 2021, el oficialismo salvadoreño estrenó un Parlamento que, luego de ser juramentado, cambió el panorama de la joven democracia instalada en 1992, luego de décadas de guerra civil marcadas por graves violaciones a los derechos humanos.

Los cambios se iniciaron tanto en la línea gráfica del canal oficial y de las redes sociales del Congreso, como en el lenguaje utilizado por sus comunicadores para describir la sesión legislativa con tono más propagandístico que institucional. Sin embargo, más rápida y más sorpresiva fue la destitución de la Sala de lo Constitucional, máximo órgano dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y la del fiscal general de la República. Esto encendió las alarmas nacionales e internacionales que fueron lideradas fuera de las fronteras salvadoreñas por organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

Luego -tras breves minutos de deliberación- se juramentó sus reemplazos quienes, flanqueados por agentes armados de la Policía Nacional Civil (PNC), ingresaron rápidamente a sendos edificios sin dar declaraciones a la prensa no oficialista que les esperaba en la periferia, bajo la lluvia de medianoche.

Esto también desencadenó un debate en el país:

¿Hubo o no golpe de Estado?

"Sí hubo golpe de Estado. Hubo un quebrantamiento del orden constitucional”, aseguró a DW la diputada del izquierdista FMLN, Dina Argueta. "Esta nueva Asamblea Legislativa, más que dar un mensaje positivo a la ciudadanía ha dado un golpe certero a la democracia, a la institucionalidad misma, pero sobre todo también al mismo Estado. Esto es complejo porque las repercusiones que va a tener en la vida política, económica y social van a ser graves”, agregó Argueta.

En mismo tono, el jefe de fracción de la derechista ARENA, René Portillo, afirmó a DW que lo que hizo "la Asamblea Legislativa por mayoría de votos fue un golpe de Estado. Es decir, desarticuló totalmente la Sala de lo Constitucional y destituyó al fiscal en franca violación a la Constitución y a los procedimientos con los cuales se puede destituir a este tipo de funcionarios que gozan de fuero. Además, con esto, políticamente se está acaparando todo el poder de las instituciones en un solo partido político, lo cual también está prohibido por la Constitución salvadoreña”.

Por su parte, el jesuita José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) explicó a DW que las razones que se dieron para tal destitución "son razones políticas, no razones específicas, concretas. Las razones que se dan es que se declararon inconstitucionales algunos decretos del presidente y, precisamente, lo que tiene que hacer la Sala es declarar constitucional o inconstitucional cualquier tipo de decreto o decisión de cualquier otro órgano del Estado. De manera que la Sala no hizo más que cumplir con su obligación. Evidentemente, puede haber diversidad de pensamiento jurídico, pero por esa razón no puede destituírseles si no se demuestra que hay mala fe, que hubo dinero de por medio o cualquier otra cosa de ese estilo y ciertamente no están alegando nada de eso, sino simplemente que declararon inconstitucional un decreto presidencial. No se ha hablado con ellos, no se les ha dado derecho de defenderse, sino que ha sido una decisión repentina, autoritaria e ilegal”.

"Los magistrados de la Sala de lo Constitucional no estaban pendientes de una renovación. Lo estaban cinco magistrados que tenían que terminar su período y a esta Asamblea le correspondía decidir quiénes los sustituían. Lo que ha hecho esta Asamblea, mediante el uso meramente numérico, es que ha tomado la decisión de ir directamente a la Sala como represalia para mandar un mensaje claro: el Órgano Judicial debe estar en función de lo que dicte el oficialismo y ha puesto una Sala y un fiscal general ad hoc a sus intereses. Eso es un golpe constitucional y por lo tanto hay una situación de violación a derechos humanos y de grave lesión al Estado institucional democrático que ya de por sí era débil”, declara a DW por su parte la especialista en derechos humanos Celia Medrano.

"Por fin vamos a tener gobernabilidad y vamos a sacar adelante este país, todos juntos con una misma visión”, declaró a la prensa el nuevo presidente del Congreso, Ernesto Castro, al finalizar la primera sesión plenaria. "Aquí lo que importa son los abusos que han tenido con el pueblo, todos los abusos que han tenido con el país, no lo que piense un pequeño grupo de gente todavía queriendo tergiversar las cosas”, agregó Castro, de Nuevas Ideas, y negó sonriendo que esto implique un golpe de Estado.

¿Es el Gobierno de Nayib Bukele igual al de Mauricio Funes?

Bukele no quiere parecerse a su antiguo partido: el FMLN. Desde su expulsión por expresiones de violencia contra la mujer, el presidente salvadoreño ha intentado alejarse lo más que puede de la izquierdista agrupación política. No obstante, las acciones del Parlamento con mayoría de Nuevas Ideas se parecen bastante a las que ejecutó el Congreso cuando era presidido por el FMLN durante el Gobierno del también izquierdista expresidente Funes.

"Fue un intento lo que hicieron en tiempo de Funes, pero un intento que no resultó. Al final, ellos, en aquel momento, quisieron efectivamente destituir algunos magistrados y sustituirlos por otros, pero el resultado fue nulo. La propia Sala declaró inconstitucional la decisión de la Asamblea y al final eso se impuso. También, en esta ocasión, la Sala ha dicho que es ilegal e inconstitucional su propia destitución, pero el Gobierno de Bukele ha enviado -tanto a la Fiscalía como a la CSJ- a la Policía para impedir la entrada de unos y para favorecer la entrada de aquellos que acaba de nombrar”, afirma Tojeira.

"Son circunstancias diferentes y además, en ese momento, sí funcionó el equilibrio y la contraloría de poderes inter-órganos. No estoy con ello defendiendo al FMLN. Yo soy de la idea que si el FMLN hubiera tenido las posibilidades, los números, y no hubiera habido los contrapesos institucionales necesarios, quizás también hubiera cometido los hechos que estamos viviendo ahora”, declara Medrano.

"Esta sería la segunda oportunidad, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, donde ocurre un nombramiento ilegal de magistrados de la CSJ amparado en una mayoría legislativa, pero que obvia los procedimientos de cómo se destituyen y cómo se nombran a los magistrados de la Corte y fiscal general. En este momento, ya son hechos consumados. Difícilmente el Gobierno de Bukele va a dar marcha atrás”, agrega Portillo, mientras que Argueta niega tales similitudes aunque matiza que "yo no fui parte de ese proceso. Yo puedo dar fe de lo que vivimos el día de ayer, donde hubo un atropello claro, directo, no solamente a los derechos que tiene la oposición dentro de la Asamblea Legislativa o todos los diputados a hablar y a participar, fue violentado el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. En ese sentido, con respecto a otros procesos anteriores, yo no podría decir si fueron exactamente iguales”.

De regreso al siglo 20 

"Estamos viviendo una época con similitudes a los finales de los años 60- principios de los años 70, en donde se empezaron a cerrar espacios democráticos, las organizaciones y las personas que empezaron a protestar fueron reprimidas y se dio un marco muy duro, un golpe muy fuerte, que terminó en un conflicto armado. El discurso de odio y las acciones autoritarias que se están dando nos están llevando a repetir la historia nuevamente. Si bien es cierto, este es un Gobierno electo con las reglas del juego electorales, no está facultado para asaltar a la CSJ ni tampoco para asaltar a la Fiscalía General de la República y tomar decisiones que subvierten el orden constitucional, violando la Constitución misma. La comunidad internacional es la que tiene que dar la pauta si tolerará acciones como estas”, sentencia Medrano. Pero Bukele ya se anticipó a las críticas internacionales:

"Este tipo de acciones las define el presidente como una limpieza de la casa, en la que no debe meterse la comunidad internacional. Lo cierto es que no se puede llamar limpieza simplemente porque lo que se está haciendo es tratar de desarticular cualquier tipo de control de la institucionalidad del país y tener un pensamiento y una voluntad única en el Gobierno. Además, se está utilizando en esa famosa limpieza a personalidades que tienen un pasado muy oscuro y poco limpio desde el punto de vista de la ética", explica Tojeira, y agrega que entre los nuevos magistrados "hay gente que se ha pronunciado en contra de la Justicia transicional, hay gente que ha estado involucrado directamente en la defensa de los acusados de la masacre de El Mozote, la lista es larga. Da la impresión que lo que quiere imponerse es una Sala de lo Constitucional obediente y no deliberante, igual que se suele decir de la Fuerza Armada".

DW solicitó la postura del jefe de la bancada legislativa de Nuevas Ideas, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta de parte de la Gerencia de Comunicaciones del Parlamento.