Las encuestas apuntan a que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) puede perder su longeva hegemonía en la Asamblea Nacional en los comicios parlamentarios del 6 de diciembre. No obstante, la oposición sostiene que éste sigue contando con ventajas importantes, aunque ilícitas: acceso irrestricto a las arcas del Estado y a los medios de comunicación públicos para hacer una campaña electoral ilimitada, y control sobre los poderes que deberían castigar la competencia desleal en estas lides. A estos factores se suman prácticas reñidas con el Estado de derecho denunciadas por varias instancias de la sociedad civil local.

Según Marco Antonio Ponce, director ejecutivo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, los empleados públicos están siendo hostigados en sus puestos de trabajo para que voten por candidatos oficialistas. Ponce señala, además, que grupos de hombres armados, actuando en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado, podrían sitiar centros de votación cuidadosamente elegidos con miras a amedrentar y mantener alejados de las urnas al electorado opositor. La advertencia del investigador coincide con la de varias organizaciones no gubernamentales.

Precedentes preocupantes

En entrevista con el diario venezolano El Nacional, Ponce hizo alusión a “colectivos” violentos, describiéndolos como “agrupaciones organizadas militarmente, con mandos y líneas de acción”, y asegurando que solamente en Caracas había 71 células capaces de sembrar zozobra entre los votantes, como lo han hecho en procesos electorales anteriores. Aunque el International Crisis Group, el Centro Carter y otros analistas del acontecer venezolano vienen documentando la intimidante actuación de estos grupos desde los comicios presidenciales de 2007, el estamento chavista refuta vehementemente las acusaciones en su contra.

“El origen de los ‘colectivos’ violentos –que han recibido su armamento, sus emblemáticas motocicletas y otras formas de apoyo material durante los mandatos presidenciales de Hugo Chávez (1999-2013) y de su sucesor, Nicolás Maduro– se remonta a la década de los sesenta, cuando la guerrilla venezolana decidió aliarse con el hampa común para combatir a la ‘burguesía’ ”, explica Ivo Hernández, de la Universidad de Münster. “Los Gobiernos chavistas se han esmerado en encubrir sus nexos con los ‘colectivos’, pero se sabe que algunos de sus miembros fueron incluidos en las nóminas de instituciones estatales”, acota el experto.

Distinciones poco claras

A juicio de Jesús Azcargorta, autor del libro Los partidos monopólicos latinoamericanos, la figura del “colectivo” volvió a germinar en Venezuela en 1998, cuando Hugo Chávez lanzó su candidatura presidencial y sus asesores le sugirieron crear un partido-movimiento: una formación susceptible de ser inscrita ante la máxima autoridad electoral, pero apoyada desde los márgenes de ese núcleo por numerosos grupos civiles. “Esos grupos, que servían como vasos comunicantes entre la cúpula del naciente partido y las bases, fueron evolucionando: los ‘círculos bolivarianos’ dieron paso a las ‘unidades de batalla’ y, luego, a los ‘colectivos’ ”, cuenta Azcargorta.

“Lamentablemente, no ha quedado mucho de las buenas intenciones con que el chavismo estimuló el colectivismo en los estratos más pobres de la sociedad para buscarle solución a los problemas comunales. Hoy, lo que la mayoría de los venezolanos tiene en mente cuando oye hablar de un ‘colectivo’ es un grupo armado y peligroso”, acota este politólogo doctorado por la Universidad de Rostock. “Ahora pagan justos por pecadores. Puede que los ‘colectivos’ violentos sean una minoría entre las organizaciones de base que todavía respaldan al chavismo, pero fue el propio régimen el que desdibujó las distinciones entre unos y otros”, dice Hernández.