Desde 1934, los bancos suizos están obligados por ley a guardar silencio acerca de las relaciones comerciales con sus clientes. La contravención de dicha ley no sólo conlleva una indemnización por daños y perjuicios, sino que además puede significar el pago de una considerable multa, e incluso una condena a prisión. Sin embargo, el secreto bancario tiene límites. Dicha protección se anula si el objetivo es perseguir delitos graves. También en el caso de corrupción o lavado de dinero se puede levantar el secreto bancario.

Factor económico ventajoso para Suiza

La protección de datos del cliente bancario no es un invento suizo. Pero sí es notable la tenacidad con la que se defiende en Suiza el secreto bancario como conquista legal. Tres cuartas partes de la población helvética están en contra de la supresión del secreto profesional. "El secreto bancario es un factor económico importantísimo para Suiza", dice James Nason, vocero de la Unión de Bancos Suizos (SBVg).

La situación especial en que se encuentra Suiza al respecto se deriva de un refinamiento jurídico. El mismo consiste en que la evasión de impuestos en la Confederación Helvética se considera una irregularidad, y no basta para suprimir el secreto bancario. En cambio, la estafa impositiva representa un delito que implica la pérdida del privilegio legal.

El secreto bancario atenta contra la ética

En Alemania, la Unión de Sindicatos Alemanes puja por terminar con el secreto bancario no sólo en territorio germano, sino en toda Europa. Según refirió el jefe de la Unión de Sindicatos, Michael Sommer, al semanario "Der Spiegel", una reforma semejante traería de vuelta sumas millonarias a las arcas estatales, ya de por sí magras. "Esto posibilitaría invertir en el sistema social y educativo alemán", dice Sommer. Agudas fueron las críticas del renombrado banquero suizo Hans Bär, quien declaró que "el secreto bancario debería basarse en claras normas éticas". Bär considera que los reglamentos de dudosa moral son responsables de la imagen negativa de Suiza en el extranjero.

Reformas en el marco de la UE

Los bancos, a todo esto, responden negando la relación entre secreto bancario y evasión impositiva. Según el vocero de la Unión de Bancos Suizos, Nason, "si los ciudadanos de un país no pagan sus impuestos, esto poco tiene que ver con el secreto bancario, y mucho con el vínculo de confianza entre el ciudadano y su país. Además", así Nason, "Suiza contribuye anualmente al esclarecimiento de miles de casos de evasión de capitales en todo el mundo." Eso sí, siempre y cuando se trate de evasión impositiva, no de estafa.

Suiza está dispuesta a hacer cumplir el impuesto al interés bancario de la UE a cambio de que la UE realice concesiones al entrar Suiza en el Tratado de Schengen. El gobierno suizo ve peligrar la figura legal del secreto bancario, destaca Nason. En la UE las críticas hacia la postura suiza se multiplican. Hans Eichel, Ministro de Finanzas alemán, cuestiona desde siempre sus tácticas. Sólo un encuentro de los Ministros de Exteriores podría distender las negociaciones, que se encuentran atascadas por el momento.

Repercusiones del secreto bancario

En el marco de la evasión de capitales y vaciamiento estatal se insertan los famosos casos de ex-jefes de gobierno, como el argentino Carlos Menem, el peruano Vladimiro Montesinos y el ex-dictador haitiano François Duvalier. Ellos, entre otros, forman parte de una lista conocida como PEP (Political Exposed Persons). Para que la justicia suiza pueda actuar en estos casos, se requiere que el acusado cumpla con la condición de "doble incriminación", lo cual significa que el delito debe estar encuadrado en el código penal suizo, y además, debe poder comprobarse que existe una relación directa entre el supuesto delito investigado, y las cuentas sobre las que se solicita información.

Esta especialidad de la ley suiza es la que dificulta el juicio a los sospechosos, ya que en la mayoría de los casos, como en el de Menem, el dinero está depositado a nombre de testaferros. Amén de la responsabilidad suiza, existen también demoras operativas por parte de los jueces argentinos. Sin embargo, según datos recientes del matutino argentino "Página 12", las autoridades suizas pudieron comprobar la existencia de dos cuentas de Carlos Menem en dicho país, y el Juez Norberto Oyarbide ordenó las primeras medidas en el proceso en el cual se imputa a Menem por "omisión maliciosa", es decir, por haber mentido en una declaración jurada en la que negaba poseer una cuenta de 600.000 dólares, de la cual fue certificado, finalmente, como titular.