El autoritario régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ya no solo persigue, tortura y aprisiona a sus opositores; ahora los extorsiona a través del secuestro y encarcelamiento de sus familiares.

Eran las once de la noche del miércoles (14.09.2022) cuando la policía nicaragüense irrumpió en la casa de Javier Alberto Álvarez Zamora, quien un par de horas antes había cruzado la frontera de su país hacia Costa Rica para pedir protección internacional.

Al no encontrarlo en su domicilio, los oficiales detuvieron sin orden judicial a su esposa Jeannine Horvilleur Cuadra y a su hija, Ana Álvarez Horvilleur, ambas de nacionalidad nicaragüense y francesa, y las trasladaron a la fuerza a la cárcel policial "El Chipote". Su yerno, Félix Roiz, también fue apresado.

Se está llegando al "límite de la represión"

"Este acto grotesco de una familia entera detenida no se había dado antes. Hasta ahora, no han dado ninguna información oficial, pero sabemos de esto porque Javier logró escapar y está acá", contó a DW Gonzalo Carrión, representante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, exiliado en Costa Rica desde 2018.

Desde España, Luis Blandón, representante de la comisión ejecutiva de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), partido de oposición al régimen de Ortega y que tiene sus orígenes en el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), dijo a DW que estas detenciones "están llegando al límite de la represión".

"Es la nueva tónica que hemos estado viendo y que preocupa muchísimo. Secuestran a algún familiar para luego decir, si esa persona que buscan no se presenta, entonces no liberamos al familiar", agregó.

Álvarez no es mediático ni activista

De esta forma, el régimen de Ortega busca presionar a Álvarez y a otros opositores para que regresen al país, para luego proceder a su detención. Si bien Álvarez se califica a sí mismo como un opositor, no participa activamente en política, por lo que no entiende el hostigamiento y la persecución.

"Javier es una persona que rechaza la dictadura, pero dice: ‘no he cometido ningún delito. Si es a mí a quién buscan, que me capturen, pero suelten a mi familia'. No es el clásico opositor partidario, sino que es uno que no quiere vivir en dictadura", narró Carrión.

Más de 200 presos políticos

Nicaragua atraviesa una profunda crisis sociopolítica desde abril de 2018, cuando miles de manifestantes salieron a las calles para exigir la renuncia de Ortega. El evento dejó más de 300 muertos, más de 2.000 detenidos y más de 200 presos calificados como políticos, quienes se encuentran privados de libertad en "El Chipote", entre ellos, periodistas, estudiantes, políticos y sacerdotes.

Capturar a los familiares que no tienen participación política ya es algo que se veía en ese entonces: "Tenemos testimonios de jóvenes que fueron presos políticos y nos dijeron que la policía les decía: 'sabemos que no has hecho nada, pero queremos a tu papá'", agregó el representante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

El efecto de las sanciones a Nicaragua

Tanto Carrión como Blandón creen que la presión internacional y las sanciones económicas perjudican de alguna manera al gobierno de Daniel Ortega, aunque estas podrían no ser suficientes: "No descarto que les esté causando molestia, más aún cuando son sanciones dirigidas a su capital. Pareciera ser que les ha golpeado, pero no lo suficiente, porque no se ha traducido en frenar la represión. Por el contrario, ellos siguen fortaleciendo el estado de terror", dijo Carrión.  

"Cualquier acción internacional que siga metiéndole presión al régimen de Daniel Ortega va a tener algún efecto. Seguimos apelando a que la comunidad internacional no se olvide ni quite la mirada sobre Nicaragua", concluyó Blandón.

(er)