El Mediterráneo es un lugar donde la vida puede correr peligro, especialmente la de las personas migrantes, que esperan un futuro mejor en Europa y viajan hacia el Viejo Continente en embarcaciones que a menudo no están en condiciones adecuadas.

El pasado fin de semana,una embarcación con cerca de 150 personas a bordo naufragó frente a la costa calabresa: murieron al menos 74 personas. En las primeras semanas del año han aumentado las travesías peligrosas, y con ellas los problemas de los socorristas marítimos privados.

Italia tiene una responsabilidad especial debido a su ubicación central en el Mediterráneo, ya que los migrantes que pisan por primera vez allí suelo de la Unión Europea tienen derecho a un procedimiento de asilo en ese país.

Según el Ministerio italiano del Interior, entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2023 ya han llegado a Italia 14.104 migrantes, lo que supone un aumento significativo en comparación con los dos años anteriores, en los que se registraron 5.345 (2022) y 4.304 (2021) migrantes en el mismo periodo. Una gran parte de las personas llegan a Italia por sus propios medios, sin ayuda de socorristas marítimos.

¿Qué medidas ha tomado Giorgia Meloni?

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se mostró decidida, tras la catástrofe de Calabria, a "frenar la inmigración irregular para evitar nuevas tragedias". La coalición gubernamental, liderada por el partido de extrema derecha Fratelli d'Italia, ya había aprobado a finales de 2022 un decreto que dificulta la actividad de las organizaciones privadas de salvamento marítimo.

La norma que conlleva más consecuencias entra en vigor inmediatamente después del rescate de personas en peligro en el mar: a partir de ahora, los buques de salvamento deben informar inmediatamente de una operación de este tipo y se les asigna un puerto italiano. Esto significa que no pueden, como antes, llevar a cabo varias misiones de rescate en la misma zona en rápida sucesión y solo entonces hacer escala en un puerto. Pero, sobre todo, se les suele asignar puertos lejanos del norte de Italia.

Un ejemplo: cuando el "Ocean Viking" completó una misión de rescate frente a las costas libias, a mediados de febrero, fue enviado posteriormente a Rávena. El puerto adriático está geográficamente más cerca de Londres que de Libia.

Además, el gobierno italiano sigue apostando por las multas, difíciles de evitar legalmente para los afectados. La primer ministra Meloni también defiende que los países de abanderamiento de los barcos de rescate, por regla general, los países de origen de los servicios de salvataje -es decir, a menudo también Alemania- son los que deberían ofrecer procedimientos de asilo a los rescatados, y no los países a los que llegan las personas en primer lugar. El decreto es controvertido a nivel jurídico, ya que las misiones de rescate tienen lugar en aguas internacionales, y las tripulaciones de los barcos no actúan en nombre de sus gobiernos.

¿Cómo reaccionan los socorristas privados ante la presión?

Poco después de conocerse el decreto, 18 organizaciones privadas de salvamento marítimo y otros simpatizantes publicaron una carta abierta conjunta en la que expresaban su "más profunda preocupación por el último intento de un gobierno europeo de obstaculizar la asistencia a las personas en peligro en el mar".

La medida violaría "las leyes marítimas internacionales, los derechos humanos y las leyes europeas, por lo que debería suscitar una enérgica reacción de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros e instituciones".

"Está claro que los barcos de ayuda no pueden continuar eternamente si se los detiene, se los multa, o se los obliga a hacer grandes desvíos", dijo Veronica Alfonsi, presidenta de la rama italiana de la organización española Proactiva Open Arms, a una consulta de DW. "Sin embargo, en los últimos siete años también hemos luchado contra leyes inconstitucionales y contra la inacción europea, y nos hemos hecho muy resistentes. Seguimos en el mar".

(gg/cp)