Con el mapa de América Latina y el Caribe como fondo, en la Semana de las Materias Primas que tuvo lugar en Bruselas, empresarios, políticos y académicos hablaron de un futuro promisorio para grandes inversiones en minería. 

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), del Nuevo Continente provienen 25 de las  34 materias primas críticas que la Unión Europea  ha identificado como imprescindibles tanto para su economía y desarrollo verdes como para su lograr independencia energética tanto de China como de Rusia.

Es más, el 24 por ciento de esas materias primas viene ya desde América Latina y el Caribe. No hay que olvidar que la mitad de las reservas mundiales del litio y casi el 40 por ciento de las de cobre están ahí.  Esto significa, para los economistas de la CEPAL, la oportunidad de que esos países, ricos en recursos, naturales salgan de la trampa del lento crecimiento económico y la gran desigualdad.

Así, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, México e incluso Cuba (por su cobalto) y Jamaica (por su bauxita y aluminio) están en la mira de más proyectos e inversiones. También de las que prepara la UE en el marco del Global Gateway que aseguran sobre el papel valor añadido para esas extracciones en aspectos como adaptación climática, gestión del agua, respeto a poblaciones locales, perspectiva de género, así como educación técnica y vocacional para la mano de obra que requiera la minería.

"La región se embarca en un proceso transformador, el sector va a crecer”, decía con optimismo esta semana en Bruselas Thomas Serebrisky, gerente de infraestructuras en el sector energético del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Hay  motivo para el optimismo, porque América Latina es una región riquísima en recursos naturales, tiene una matriz eléctrica verde. Hay un potencial real y enorme de descarbonizar la industria y de, a través de asociaciones estratégicas, tomar las medidas e implementar las acciones necesarias para que la industria no solo sea responsable, sino para que genere el valor compartido y agregado que nosotros queremos para el desarrollo de la región”, explican a DW fuentes del BID.

Regiones golpeadas

No obstante, la narrativa positiva choca con ejemplos traídos hasta Bruselas por organizaciones de la sociedad civil. "Desde que se creó en 2016, la Semana de Materias Críticas está pensada para atraer la inversión”, dice a DW Teresa Hoffmann, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Esta organización argentina expresa su preocupación por la falta de transparencia y participación de la sociedad civil.

Por su parte, representantes políticos de Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza, explicaron en Bruselas las buenas perspectivas para las inversiones, sobre todo en cobre y litio,  bajo el nuevo Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (REGI). Este prioriza el uso del agua y la energía para las explotaciones a gran escala. Pero justamente  en esas regiones, el 50 por ciento de las personas vive bajo la línea de la pobreza y no accede a servicios básicos.

"En la conferencia, los políticos afirmaron que los proyectos gozaban de aceptación social. Se ocultó que, sobre todo en Salta y Jujuy, hay más de treinta comunidades protestando, que desde hace once años hay demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que desde hace cinco años hay casos abiertos en la Corte Suprema de Argentina”, sigue Teresa Hoffmann. "Nos vamos de la conferencia con la sensación de que se presenta a Argentina como un supermercado en donde se pueden comprar a buen precio materias primas y ya está”, subraya la especialista de FARN. 

¿Sólo narrativa bonita?

Con todo, los responsables de esta nueva estrategia de inversiones europeas aseguran que la extracción de materias primas será limpia y socialmente sostenible, que eso diferenciará sus inversiones de otras. Es más, algunas agencias de desarrollo europeas se encuentran trabajando ya en los posibles riesgos de desastres y conflicto social, también en Bolivia y Colombia.

Otro punto a favor de las inversiones de la UE sería sus nuevos instrumentos regulatorios, como la directiva de debida diligencia (Corporate sostenibility due diligence directive, CSDDD o "triple d”) -que obligará a empresas europeas a demostrar que cumplen con derechos sociales y ambientales en terceros países.

"La directiva es buena y, por ejemplo, Alemania ha comenzado a implementarla”, sigue Teresa Hoffman. "Pero, desde que se aprobó el año pasado, el panorama político ha cambiado y ahora hay mayorías que presionan ya no por la transición social y ecológica sino por mayor competitividad europea y por la desregulación”, añade. Además, la plena entrada en vigor de la "triple d” se prevé apenas para 2029. "Y los proyectos de extracción empiezan muy rápidamente”, añade. 

Así las cosas, ¿por qué creer que las poblaciones locales van a beneficiarse de la extracción minera en sus territorios y que no van a ser las que sufran los impactos? "Con todo el reconocimiento de lo que no ha sucedido de la mejor manera, hay que tener una mirada hacia el futuro”, responde el BID.

"Son recursos que tienen que ser valorados para darle un desarrollo sostenible a la región. Queremos creer que la industria está evolucionando y las capacidades de los actores sociales para promover un sector más responsable”, concluyen las fuentes del BID, que enfocan el apoyo del organismo financiero a los Gobiernos de los países latinoamericanos ricos en minerales. (ms)