Los jueces argumentaron su fallo diciendo que Alemania infrigió la Convención Europea de Derechos Humanos. El ministerio alemán de Justicia anunció que apelará la sentencia ante el tribunal comunitario, para lo cual cuenta con un plazo de tres meses. Se trata, según el gobierno, de terrenos que fueron adquiridos tras la ocupación rusa entre 1945 y 1949, dados en herencia y no explotados con fines agrícolas como estipulaba la reforma agraria de la entonces República Democrática Alemana, RDA.

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Conflicto de intereses

El tribunal señala que el derecho de propiedad de los demandantes fue lesionado al no haber recibido indemnización alguna. Se calcula que 70.000 nacionales de la antigua Alemania Oriental fueron afectados de la misma manera al haber priorizado el Estado la defensa de los intereses públicos en detrimento de los privados.

La decisión del Tribunal Europeo contradice la legislación sobre expropiaciones, aprobada en el 2000 por el Tribunal Constitucional, la máxima instancia jurídica, con sede en Karlsruhe. Según los acuerdos comunitarios, prevalece el derecho europeo sobre el nacional.

Defensa propia

Al salir en su defensa, el gobierno alemán alega que se dió luz verde a las expropiaciones en 1992, -dos años después de la reunificación alemana- al comprobarse que no eran utilizadas con fines agrícolas, como lo estipulaba la ley agraria de la entonces RDA.

Según esa disposición legal, los llamados nuevos agricultores podían conservar sus propiedades heredadas toda vez que fueran utilizadas para la agricultura o para la explotación forestal. De lo contrario, serían expropiadas por el Estado socialista.

Sin embargo, en el caso de los demandantes el mismo Parlamento de la RDA, libremente elegido tras la caída del muro de Berlín, los confirmó como propietarios con plenos derechos en marzo de 1990.

Sobre este aspecto, el Tribunal de Estrasburgo no se ha pronunciado y considera que solo sería posible aceptar una expropiación sin compensación alguna serían justificables sólo en condiciones extraordinarias.

Lluvia de demandas

Es de esperar que si la Alta Audiencia ratifica la decisión del Tribunal Europeo, el gobierno alemán tendrá que responder a una avalancha de demandas de indemnización por parte de miles de afectados.

Tan sólo en Sajonia-Anhalt, al sureste del país, se contabilizan 18.200 herencias de nuevos colonos y unas 26.000 hectáreas de superficie agraria afectadas. La ministra de Agricultura de ése estado, Petra Wernicke, valoró el costo de las indemnizaciones en 120 mil millones de euros, suma que según su homólogo en el vecino estado del norte, Meckelemburgo-Antepomeriana, Till Backhaus, no estarían en condiciones de cubrir sin la ayuda del gobierno federal.

El próximo jueves 29 de enero, el Tribunal de Estrasburgo retormará las deliberaciones sobre el tema, al estudiar las demandas de antiguos propietarios y sus herederos que se quejan de haber recibido muy bajas compensaciones cuando sus propiedades fueron confiscadas por las fuerzas soviéticas de ocupación y por las autoridades de la extinta Alemania comunista.