Sentencia por crimen de Cáceres es aplazada por cuarta vez
13 de junio de 2022
El tribunal hondureño que lleva la causa por el asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres decidió nuevamente reprogramar la lectura de sentencia contra Roberto David Castillo, coautor en el crimen.
Roberto David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres, es conducido a la Corte Suprema de HondurasImagen: Elmer Martinez/AP Photo/picture alliance
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La lectura de sentencia contra Castillo estaba programada para el 17 de junio, no obstante, la fecha fue removida por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Agregó que Castillo, un exmilitar hondureño hallado culpable en julio de 2021 como coautor en el asesinato de Cáceres, conocerá los años que le tocará pasar en prisión hasta el 20 de junio.
"En cuatro ocasiones se ha dilatado la notificación en este emblemático caso, cuya pena abstracta oscilaría de 20 a 25 años de reclusión", señaló el Ministerio Público.
Tras seis años del asesinato de la líder ambiental Berta Cáceres
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 a tiros en su casa en el occidente de Honduras, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de denunciar múltiples amenazas de muerte.
Cuando ocurrió el asesinato, Castillo era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollo Energéticos S. A. (DESA), encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. La ecologista se oponía a la construcción de Agua Zarca, en el río Gualcarque, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca.
El agosto de 2021, el Ministerio Público solicitó "el castigo máximo, 25 años de cárcel, señalando como circunstancias agravantes que el hecho se ejecutó con abuso de superioridad o confianza, por medio de precio o recompensa y cometiendo el delito por motivos racistas u otros relativos a la ideología".
Plan para eliminar obstáculos en represa en territorio indígena
En el juicio, que duró dos meses, el organismo presentó como prueba "la extracción y vaciado de información en dispositivos celulares del imputado y otros involucrados, para establecer que Castillo concertó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca", explicó.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida demostró "la responsabilidad del presidente de DESA" en el asesinato de Cáceres "al lograr concatenar el cruce de mensajes y llamadas entre David Castillo y Douglas Geovanny Bustillo (condenado) y a su vez éste con otros hechores (condenados)", subrayó.
Cuatro de ocho acusados fueron condenados en diciembre de 2019 a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro, quien era huésped de la ambientalista el día del crimen. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de prisión como coautores del asesinato.
El Ministerio Público afirmó que la causa de Berta Cáceres "aún sigue abierta" y que trabaja "en identificar a otros autores intelectuales involucrados en el asesinato de la activista de derechos humanos".
jov (efe, resumenlatinoamericano)
Honduras, el reino de la fuerza bruta
En Honduras, entre diez y doce personas mueren a diario por causas violentas. Ese riesgo lleva a un segmento nada desdeñable de su población a huir en caravanas, con la vida por todo tesoro, hacia países menos inhóspitos
Imagen: Reuters/E. Garrido
De la fiesta, la resaca
En esta nación centroamericana, cada año suele empezar y terminar como los anteriores: con el silencio de los muertos y el llanto de los dolientes. Fuentes policiales informaron que al menos trece personas fueron asesinadas –diez de ellas con armas de fuego– durante las fiestas de Nochevieja y Año Nuevo. Las mismas celebraciones dejaron al menos veinte muertos en 2017.
Imagen: Reuters/E. Garrido
En las manos equivocadas
A lo largo de 2018, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) decomisó aproximadamente 2.400 armas de distinto calibre en territorio hondureño tras determinar que eran portadas ilegalmente. 123 de ellas, piezas de alto poder, eran utilizadas por bandas criminales. Un año antes, la cifra de armas de fuego decomisadas por tenencia ilegal fue de 3017.
Imagen: Reuters/E. Garrido
El saldo del negocio
La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA) sostiene que Honduras cerró 2018 con un saldo de 3.614 homicidios. Muchos de esos asesinatos son producto de la violencia asociada al narcotráfico. El año pasado, las autoridades locales decomisaron más de 8,7 toneladas de drogas y detuvieron a más de 12.000 personas, principalmente por vínculos con bandas criminales.
Imagen: Reuters/E. Garrido
Las pandillas del Triángulo Norte
Las autoridades de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica –Honduras, Guatemala y El Salvador– planean asestarles duros golpes a las pandillas con la operación “Escudo Regional III”, que contempla allanamientos, decomisos, capturas y acciones penales públicas contra cabecillas y miembros de grupos como la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18 (dos integrantes en la foto).
Imagen: Reuters/E. Garrido
“Escudo Regional III”
La operación “Escudo Regional III” buscará echarles el guante a bandas responsables de “una gran cantidad de delitos de asesinato, homicidio en su grado de ejecución de tentativa, robo agravado, robo de vehículo agravado, adquisición de vehículo robado, uso ilegal de armas prohibidas, porte ilegal de arma de fuego comercial y asociación ilícita”, informó el Ministerio Público hondureño.
Imagen: picture-alliance/dpa
La “mano dura” estatal
No toda la violencia prevalente en Honduras es atribuida a las bandas criminales. Según varias organizaciones no gubernamentales, el Ejecutivo de Juan Orlando Hernández viola sistemáticamente los derechos humanos de quienes lo acusan de haber cometido fraude para garantizar su reelección como presidente en los comicios de noviembre de 2017. Se habla de asesinatos (38) y persecución política (465).
Imagen: Getty Images/AFP/O. Sierra
Mujeres y niños primero
Unas 6.000 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2002 y el primer semestre de 2018. Más del 90 por ciento de los casos está impune por falta de investigación, sostiene el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). Las mujeres y los niños suelen ser víctimas de las formas de violencia más disímiles: la de las bandas criminales y la ejercida por sus allegados en casa.
Imagen: Reuters/E. Garrido
Violencia de género
El CONADEH asegura que cientos de hondureñas se ven forzadas a abandonar sus hogares por amenazas de muerte, asesinatos de familiares, extorsión y por el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes llevado a cabo por bandas criminales. Pero, además, las mujeres son vulnerables en sus propias casas y, cuando son asesinadas, los homicidas suelen dejar indicios de saña, crueldad y odio.
Imagen: Reuters/E. Garrido
La impunidad como motor
La Asociación para una Ciudadanía Participativa presentó un informe según el cual más del 90 por ciento de los asesinatos y las violaciones de los derechos humanos quedaron impunes en Honduras en 2018. A juicio de sus voceros, eso propicia la violencia al evidenciar la debilidad de las instituciones y le da impulso a la emigración masiva, por la desconfianza que inspira la Justicia local.
Imagen: Getty Images/AFP/O. Sierra
¡Adiós, Honduras!
En diciembre de 2018, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicaron un atlas que refleja detalladamente los ciclos migratorios en el norte de Centroamérica. Según ese mapa, el número de hondureños que abandonaron su país aumentó en un 94 por ciento entre los años 2000 y 2010. Nada apunta a que ese éxodo amaine.
Imagen: Getty Images/AFP/P. Pardo
Turismo improbable
El Gobierno de Estados Unidos les desaconseja a sus ciudadanos viajar a Honduras debido a los niveles de violencia que allí se registran. No obstante, el Ejecutivo de Donald Trump ha sido criticado por cancelar la protección migratoria especial concedida a 57.000 hondureños después de que el huracán “Mitch” devastara a su país en 1998; ellos sí que deberán regresar a esa realidad a corto plazo.