La Corte Suprema de Justicia de Colombia exigió el pasado domingo (31.07.2016) al gobierno de Juan Manuel Santos que ponga en marcha un plan “eficaz que dé solución integral y definitiva a las dificultades de desnutrición, salud y falta de acceso al agua potable y salubre” que sufre la población indígena wayúu del caribeño departamento de La Guajira.

Según un informe publicado por el Instituto Nacional de Salud (INS), más de 100 niños han muerto en Colombia por desnutrición en lo que va de año. Además, asegura que desde el 1 de enero hasta el 19 de marzo se registraron 46 muertes asociadas a esta causa en menores de cinco años en el departamento de La Guajira.

Los representantes del pueblo wayúu denuncian el aislamiento y el olvido al que han sido sometidos por el Estado colombiano históricamente. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación, el 55,8 por ciento de los habitantes del departamento vive en la pobreza y el 25,7 por ciento en condiciones de extrema pobreza. Un porcentaje muy superior al del resto del país. Teniendo en cuenta estas cifras no es de extrañar que el 11,7 por ciento de la población sufra desnutrición crónica.

Hace unos meses, en diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio la voz de alarma e instó al ejecutivo colombiano a que tomara medidas para solucionar la grave crisis humanitaria que padecen miles de niños y adolescentes del departamento. La CIDH aseguró entonces que “la presunta falta de acceso a agua potable y el estado de desnutrición” causó la muerte a 4.770 niños entre 2007 y 2015.

“Exigimos al gobierno un plan de acción para atender la situación crítica de la infancia”, denuncia Gustavo Valbuena, representante de la comunidad de la Zona Norte Extrema Alta Guajira.

Alta mortalidad infantil

En un informe publicado hace unos meses por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Colombia en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PUND), se aseguraba que “el Departamento de La Guajira posee serios problemas para la prestación de un servicio de salud eficiente y eficaz”. A pesar de que en los últimos años la región experimentó un descenso de la mortalidad infantil, en La Guajira la tasa es de 32 decesos por cada mil nacimientos, en comparación con los 17,8 del conjunto nacional. Para tratar de poner fin a esta situación, el gobierno colombiano aprobó el conocido como Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 que, entre otros, tenía como objetivo implementar intervenciones ajustadas a las necesidades de los pueblos indígenas de La Guajira.

A pesar de que la Corte Suprema recordó que el plan sigue en marcha, considera que no solucionará definitivamente los problemas de desnutrición, mal estado de salud y falta de acceso al agua potable que sufren los niños wayúu.

Sin perder de vista la grave sequía que sufren Colombia y Venezuela por culpa de el fenómeno de El Niño, Gustavo Valbuena nombra otros tres factores clave en la falta de abastecimiento de alimentos y agua potable en la región. Por un lado, considera que el cierre de las fronteras entre ambos países ha afectado a la economía de la zona, que “dependía de la política económica y alimentaria de la República Bolivariana de Venezuela". Además, cree que la inacción estatal y la minería tienen parte de culpa en esta crisis humanitaria.

“El gobierno ha dejado la explotación minera en manos de multinacionales que no han asumido el compromiso directo de la responsabilidad social con las comunidades wayúu”, sentencia Valbuena.

Minería, parte del problema

El 56,6 por ciento del PIB del departamento procede de la explotación de minas y canteras (frente al 7,7 por ciento que representa esta actividad a nivel estatal). En las últimas décadas, las excavaciones a cielo abierto han dejado un paisaje lunar en localidades como Albania. Allí, en 1984, comenzó a explotarse el área conocida como “Tajo Oeste”. El gobierno colombiano otorgó entonces una concesión a la minera Cerrejón para explotar durante 50 años el mayor yacimiento de carbón a cielo abierto del mundo: La Mina.

Actualmente la actividad se concentra en los tajos “Lapuente” y “Tabaco”, de donde se extraen 90.400 toneladas diariamente, que son exportadas en su totalidad a países europeos, entre ellos Alemania, Bélgica, Holanda y Noruega. Los indígenas afirman que esta actividad consume enormes cantidades de agua que podrían destinarse al consumo humano y no beneficia a la economía de la zona.

Confrontada con estas denuncias, la minera Cerrejón señala que tiene “una claro compromiso en hacer un uso responsable del recurso en su operación y en contribuir en la búsqueda de soluciones de abastecimiento en las comunidades vecinas a su operación”. Para ello, en 2008 creó la Fundación Agua Guajira, dedicada a la protección de cuencas hídricas. Una de las iniciativas que puso en marcha fue el “Tren del agua”, nacida en 2014 como reacción de la compañía a la declaración de emergencia por la sequía que sufría el departamento.

“Lo que se planteó fue utilizar recursos disponibles de la compañía, en este caso el tren, y ponerlos al servicio de la región”, explica Juliana Jaramillo, supervisora estratégica de Cerrejón. Para ello habilitó dos “ferrotanques”, cada uno con capacidad para 89.000 litros de agua, con los que abastece de agua a los habitantes de las zonas desérticas por donde pasa el tren de 738 vagones cargado de carbón, que parte del municipio de Albania y llega hasta Puerto Bolívar. Según la compañía, en los últimos dos años distribuyó más de 50 millones de litros de agua a más de 24.000 personas en 216 comunidades.