1776 días. Ese es el tiempo que Julian Assange llevará en la prisión británica de alta seguridad de Belmarsh cuando este martes (20 de febrero) comience la que podría ser la última audiencia en el tira y afloja sobre su extradición a Estados Unidos. Incluso antes de eso, el fundador de la plataforma de denuncias Wikileaks, de 52 años, no estaba libre: pasó siete años asilado en la embajada de Ecuador en Londres. Si la fiscalía estadounidense consigue su objetivo, se enfrentará a otros 175 años de cárcel.

La audiencia ante el Tribunal Superior de Londres se refiere al siguiente tema: ¿Ha agotado ya Assange todos los recursos legales contra su inminente extradición a Estados Unidos? ¿O puede seguir luchando contra ella en los tribunales británicos?

Si el Tribunal Supremo autoriza la extradición, Assange podría ser acusado y condenado en Estados Unidos en virtud de la Ley de Espionaje. Esta ley se aprobó hace más de cien años para condenar a traidores y espías durante la Primera Guerra Mundial. Nunca antes se había utilizado contra un periodista. La acusación: robar y publicar material secreto de las operaciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán junto con la denunciante Chelsea Manning. Según las autoridades estadounidenses, esto también ponía en peligro la vida de los informantes estadounidenses. En 2010, el actual presidente de Estados Unidos y entonces vicepresidente, Joe Biden, llegó a referirse a Assange como un "terrorista de alta tecnología".

Sin embargo, Julian Assange no es responsable de que se publicaran datos completos y sin editar. En 2010, Wikileaks colaboró con una coalición de importantes medios de comunicación -The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País- para editar periodísticamente la información filtrada. La contraseña del conjunto de datos protegidos se publicó en un libro de uno de los periodistas implicados. Wikileaks sólo publicó el conjunto de datos cuando la información era accesible de todos modos. El Gobierno estadounidense aún no ha aportado ninguna prueba de que alguien se haya visto realmente perjudicado por la publicación.

El Gobierno estadounidense también intenta negar a Assange la condición de periodista. Dicen que ha publicado datos sin contexto; que es un hacker. Sin embargo, Assange ha ganado numerosos premios de medios de comunicación. Además, eso no tiene importancia para la fiscalía estadounidense. La Ley de Espionaje de 1917 no distingue entre periodistas y otras personas.

La pura verdad

Es cierto, sin embargo, que las publicaciones de Wikileaks fueron muy desagradables para el Gobierno estadounidense. Cientos de miles de documentos secretos mostraron al mundo una cara diferente y sangrienta de las acciones del Ejército estadounidense. Una cara en la que se cometieron y encubrieron crímenes de guerra y en la que el número de víctimas civiles fue significativamente mayor que en las embellecidas cifras del Pentágono.

Publicaciones, sin embargo, que una democracia debe soportar. Al menos, esa es la opinión de todas las organizaciones de derechos humanos, derechos civiles y periodismo de renombre, desde Amnistía Internacional(AI) hasta el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Fronteras(RSF).

"La persecución en curso contra Julian Assange pone en peligro la libertad de los medios de comunicación en todo el mundo", advirtieron la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación Europea de Periodistas (FEP), en un comunicado conjunto, el miércoles 14 de febrero.

La presidenta de la FEP, Maja Sever, ha declarado también que "los periodistas y sus sindicatos han reconocido desde el principio que Julian Assange está en el punto de mira porque realiza tareas que forman parte del trabajo diario de muchos periodistas: encontrar a un informante y denunciar delitos".

(gg/rml)