Hace cinco años, Shell fue denunciado por organizaciones de defensa del medioambiente por no hacer suficiente para reducir sus emisiones de efecto invernadero.

El proceso judicial, abierto bajo el nombre "el pueblo contra Shell", fue iniciado en abril de 2019 por varias oenegés, entre ellas, Milieudefensie y Greenpeace. Más de 17.000 ciudadanos neerlandeses se presentaron como parte civil.

La primera sentencia, emitida en 2021, ordenó al grupo anglo-neerlandés reducir sus emisiones netas de CO2 en al menos un 45 por ciento hasta 2030 respecto a sus niveles de 2019, estimando que contribuían al calentamiento climático y a sus consecuencias devastadoras. 

El veredicto fue celebrado como algo histórico por los militantes ecologistas, afirmando que, por primera vez, la justicia obligaba a una multinacional a ajustarse a los Acuerdos de París de 2015 sobre el clima.

En aquel momento, Shell presentó un recurso, al entender que no existía base legal para las reivindicaciones presentadas y que el proceso representaba una decisión política a nivel gubernamental.

Juicio inicial anulado

El martes (12.11.2024) el tribunal de apelaciones de La Haya estimó que "los recursos de Milieudefensie no pueden ser aceptados" y "anula en consecuencia el juicio inicial", anunció la juez Carla Joustra.

"Estamos satisfechos de la decisión del tribunal, que nos parece buena para la transición energética mundial, para Países Bajos y para nuestra empresa", declaró Wael Sawan, director ejecutivo de Shell.

"Nuestro objetivo de convertirnos en una empresa energética de emisiones netas nulas de ahora a 2050 se mantiene en el núcleo de la estrategia de Shell y transforma nuestra actividad", agregó.

"Esto incluye continuar con nuestros esfuerzos para reducir a la mitad las emisiones de nuestras operaciones de ahora a 2030", afirmó.

Última posibilidad de recurrir

La revocación de la sentencia "duele", reconoció, por su parte, en un comunicado la oenegé Milieudefensie, la rama neerlandesa de Amigos de la Tierra. "Al mismo tiempo, constatamos que este caso ha permitido garantizar que los grandes contaminantes no estén a salvo y alimentar el debate sobre su responsabilidad en la lucha contra el cambio climático".

Ambas partes disponen de una última posibilidad de recurrir a un tribunal de casación, aunque este se centraría en los aspectos procedimentales y no en el fondo de la cuestión. MS (afp/efe)