Por el asesinato tanto de Berta Cáceres y Nelson García como de Paola Barraza, y otros 7 defensores de la comunidad LGTBI asesinados en los últimos 11 meses, la Eurocámara ha aprobado una resolución de urgencia. En ella se condena los hechos, se recuerda al gobierno de Honduras su compromiso de implementar medidas de protección para los defensores de derechos humanos y se lo urge a acabar con la impunidad. Aprobado por todos los grupos políticos, el texto fue difícilmente consensuado.

“Se sabe desde hace mucho tiempo que Honduras vive una situación de violencia muy dura, pero también es cierto que desde el golpe de 2009 la situación se ha agravado. No obstante, esto no consta en el texto. Por otro lado, aunque muchos no querían los nombres de los asesinados, sí están. Especialmente en el movimiento LGTB es importante visibilizar a los que han muerto para darles fuerza y empoderamiento a los que luchan y siguen vivos”, explica a DW Ulrike Lunacek, vicepresidenta del Parlamento Europeo, quien en 2013 estuvo al frente de la misión de observación electoral en el país.

Disenso en el detalle

Si a unos les parece importante subrayar que Honduras es uno de los países más violentos del mundo para los medioambientalistas (109 muertes entre 2010 y 2016), otros preferirían ver este asesinato más bien como un hecho aislado, que se inserta en la violencia general de Centroamérica.

“Si pueden matar a Berta Cáceres, pueden matar a cualquiera”, cuenta el eurodiputado Miguel Urbán que estuvo en Honduras hace poco menos de un mes, integrando una misión internacional que tuvo como objetivo hacer presión para que no se matara otra vez a los activistas, echándolos al olvido. Durante su visita constató una falta de voluntad política para acabar con la impunidad.

“Existe una ley de defensa de derechos humanos, sí, pero sin presupuesto”, explicó a DW Urbán. Éste hubiese preferido que la resolución recogiera, “un llamado a paralizar la ratificación del Acuerdo de Asociación hasta que se esclarezca el asesinato de Berta Cáceres y el gobierno demuestre voluntad de mejorar los derechos humanos en Honduras”.

¿Responsabilidad de las empresas?

Aunque, en el amplio espectro político de la Eurocámara, no faltan quienes quieren creer la versión de que se trata de crímenes comunes, el texto aprobado recoge el nexo de la desaparición de Cáceres y de Nelson García con los proyectos hidroeléctricos a los que se oponían ambos.

También saluda que los fondos europeos FMO y Finnfund hayan suspendido su cooperación con el proyecto Agua Zarca y se recuerda que las inversiones europeas deben respetar estándares sociales y medioambientale. Esto “no debe ser voluntario”, opina Lunacek, coautora de la resolución que subraya la importancia de implementar los principios de la ONU en cuanto a empresa y derechos humanos.

En este sentido, la resolución urge a una investigación independiente con participación internacional para asegurar que se encuentre a los asesinos. Y también, así Lunacek, “a los que han ordenado llevar a cabo los asesinatos”.