“Los colombianos tenemos una cultura de la violencia que, como una palmera, tiene raíces tan profundas como alto llegan sus hojas”, explica a DW Diana Sánchez, directora de la organización Minga, una de las ejecutoras de este proyecto europeo que inicia a comienzos de junio.

Se trata de una escuela para líderes –con un mínimo de 30% de mujeres- en donde se encontrarán por espacio de dos años representantes indígenas, campesinos y de las poblaciones afrodescendientes. En un consorcio con varias organizaciones de la sociedad civil, el proyecto articula tres departamentos colombianos: Huila, Cauca y Nariño.

“En este país todos tenemos que caber y hay que empezar a desarticular y erradicar de nuestro pensamiento la violencia y las vías de hecho como herramienta para resolver los conflictos”, dice Sánchez, enfatizando que la población colombiana no conoce la convivencia “normal”, que ha crecido con el conflicto armado. Y también con otros conflictos que el enfrentamiento entre gobierno y grupos armados no permite ver.

Un ejemplo

En el norte del Cauca, campesinos e indígenas se disputan un territorio que hace muchos años el Instituto Nacional para la Reforma Agraria entregó a unos y que a otros se las ha concedido por la vía legal. Y aunque tradicionalmente perteneciesen a los unos, los otros se sienten con el mismo derecho por décadas.

“ Ha habido muchos muertos. Resolverlo por la vía política es sentar a ambos para mediar y dejar claro que no es problema de ellos, sino del gobierno. Mirando hacia atrás, se trata de aprender a detectar dónde está la salida: en la conviviencia o la anexión de otro territorio recurriendo a instancias gubernamentales”, explica Sánchez. Por ello, en la “escuela de paz” se trata de dar a líderes herramientas políticas y jurídicas para resolver conflictos.

Ganando tiempo

“La paz no será sólo la firma del acuerdo. Eso significará sólo la superación del conflicto más evidente”, sigue Sánchez. Al complejo entramado étnico que presenta el país sudamericano, habrá entonces que agregar la reinserción de esos grupos “enguerrillados”. “Tendrán que aprender a aceptarlos. Y será un proceso lento”, dice la directora de Minga, organización que lleva dos décadas de labor.

De una duración de dos años, el proyecto habría acabado con la preparación de estos agentes pacificadores, en el mejor de los escenarios, para cuando el proceso de paz que se negocia en La Habana haya culminado y esté en ruta.

Activar espacios constitucionales

Además, este proyecto –interétnico, con enfoque de género- se enfoca a activar espacios institucionales previstos en la Constitución colombiana de 1991: los consejos municipales, departamentales y nacionales de paz.

“Es la oportunidad para activar esos mecanismos constitucionales, pero que hasta ahora no han interesado a nadie”, dice la activista. “¿Qué significa la paz del país? Es una equivocación pensar que es solamente resolver el conflicto armado”, puntualiza.

Motivos de alarma

El incremento de agresiones y asesinatos a defensores de derechos humanos -78 en 2013, según un reciente comunicado de la Oficina para los Derechos Humanos Acción Colombia- restan espacio al optimismo.

Los latentes conflictos socio-ambientales con poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes por proyectos de explotación agroindustrial y minera tampoco permiten bajar la alarma. Por otro lado, Naciones Unidas advierte del traslado de la justicia ordinaria a la justicia penal militar de 48 casos de homicidios atribuidos al ejército nacional; el riesgo sería su impunidad.

Experiencias anteriores

Como fuere, la UE acompaña el proceso de paz colombiano. Y aunque los fondos europeos destinados para este proyecto son más bien modestos (300.000 euros) la suma de los recursos humanos de las organizaciones colombianas que participan en el consorcio –el Comité de Integración del Macizo Colombiano y el Consejo Regional Indígena del Cauca- es un buen augurio. En estas organizaciones se encuentran agrupadas comunidades que han sufrido mucho por los rigores del conflicto.

Por otro lado, en el proyecto suena el eco de programas europeos anteriores (Europaid), como los “Laboratorios de paz” que, en el marco de la coooperación al desarrollo, pretenden aportar a la superación de las causas estructurales del conflicto social del país.

“No es que la paz dependa de los proyectos de las organizaciones sociales”, concluye Sánchez, de gira por Europa en busca de apoyos y difusión del proceso que vive Colombia en este momento. “Pero sí podemos aportar a construir las condiciones para la paz, pues si no están, hay que crearlas”.