La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este miércoles (12.02.2020) sobre "una práctica estatal permanente en Nicaragua" de detenciones arbitrarias contra opositores al gobierno del sandinista Daniel Ortega, en el marco de la crisis que vive el país desde hace 22 meses.

"#CIDH toma nota de una práctica estatal permanente en #Nicaragua: detenciones arbitrarias, criminalización con cargos desproporcionados, sin garantías procesales para opositores, por ejemplo, para líder estudiantil Kevin Solís y lideresa de @UnidadNic, María Esperanza Sánchez", denunció ese organismo vía Twitter.

La Fiscalía de Nicaragua acusó el lunes pasado a tres universitarios que participaron en "piquetes" de protesta que se realizan en la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), en Managua, contra el gobierno de Ortega.

Los jóvenes fueron acusados por un supuesto robo de 600 córdobas (unos 18 dólares) en perjuicio de José Leonel Suazo, de 23 años. Uno de los jóvenes, identificado como Kevin Solís, de 21 años y que estuvo preso 11 meses por protestar contra Ortega, ya fue detenido.

La represión gubernamental a las protestas que estallaron en abril de 2018 dejó al menos 328 muertos, 2.000 heridos y 88.000 emigrados y exiliados, según la CIDH. El gobierno asegura que Ortega fue víctima de un "fallido golpe de Estado".

Empresarios protestas por nuevas firmas petroleras

Mientras tanto, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, advirtió el miércoles que la creación de firmas petroleras estatales controladas por Ortega con amplias ventajas fiscales generará una competencia desleal al sector privado, en crisis desde 2018.

"Lo que estamos viendo es una involución hacia empresas públicas, lo que estamos viendo es una competencia desleal que van a tener las empresas" del sector privado, alertó Aguerri.

El líder empresarial se refirió a la decisión del Parlamento, de mayoría oficialista, de autorizar el martes al gobierno la creación de cuatro empresas para gestionar la importación, comercialización, almacenamiento, transporte y distribución de gas y combustible, así como para explorar y extraer el petróleo.

Según la oposición, las nuevas empresas buscan seguir controlando el negocio de hidrocarburos que el gobierno ejercía a través de entidades como Albanisa y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), sancionadas el año pasado por Estados Unidos por corrupción.

Albanisa, de capital nicaragüense-venezolano importaba el petróleo de Venezuela, mientras que la distribución la hacía DNP, cuyos activos pasaron al Estado tras la sanción estadounidense.

gs (efe, afp)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |