La Comisión de la Verdad concluyó en 2010 que toda "la verdad no se ha podido revelar porque se hizo un pacto de silencio" entre los responsables.

La jueza colombiana María Stella Jara recibió en 2008 el proceso contra el excoronel Luis Alfonso Plazas, quien fue condenado en 2010 a 30 años de prisión por la desaparición de 11 personas. Pero el proceso convirtió la vida de esta representante de la rama judicial en una pesadilla.

DW: Estos 6 y 7 de noviembre se conmemoran 30 años de la Toma del Palacio de Justicia, una tragedia con la que más tarde usted tendría que ver como jueza. ¿Por qué fue tan importante el juicio que usted llevó?

María Stella Jara: El juicio sobre la búsqueda de las responsabilidades de los representantes del Estado, en persona de los militares que dieron y ejecutaron las órdenes de retoma del Palacio de Justicia, así como de la posterior tortura y desaparición de civiles y una guerrillera del M-19, se convirtió en un hecho histórico en Colombia, con muchas implicaciones. No solo por tratarse de un expediente con más de 45 mil folios y 109 CD, donde aparecen las pruebas sobre los procesos civiles y los magistrados (muertos), sino porque tenía una incidencia política.

DW: La reacción del Ejército al ataque de la guerrilla fue excesivamente cruenta; por querer someter, a toda costa, al M-19, se arriesgó y acabó con la vida de civiles.

Esa reacción tenía antecedentes. Hay que considerar que en los años anteriores el M-19 venía cometiendo severos ataques contra la población civil y el mismo Ejército, como la toma y secuestro de todo un grupo de diplomáticos de diferentes partes del mundo.

DW: La búsqueda de los responsables de la tragedia ha estado llena de dificultades, impedimentos e intromisiones: desapariciones, juicios fallidos, amenazas y la influencia de la política en la Justicia. ¿Qué pasó cuando le fue adjudicado el caso?

Cuando asumí el caso de la responsabilidad de los mandos militares en la tragedia, empecé a ser víctima de presiones, amenazas y hostigamiento. El acoso mediático de algunos periodistas que me llamaron “guerrillera” aumentó la presión política sobre el caso y las amenazas contra mi persona y mi hijo. Con ello se buscaba desprestigiar también a la rama judicial y justificar que los acusados tenían la razón, pero que supuestamente estaban en manos de una justicia politizada. Mi imparcialidad como juez fue puesta en duda diciendo que yo actuaba en favor de las víctimas y el M-19.

DW: En la operación de “retoma” del Palacio de Justicia no contaron ni los derechos de los civiles ni de los representantes de la rama judicial. ¿Es esta una conducta típica de un Ejército educado en medio de la Guerra Fría para arrasar al enemigo, por encima del Estado de derecho?

Yo no opino sobre ese aspecto político. Como jueza solo sé que en el caso del Palacio de Justicia a los civiles allí atrapados se los tomó por sospechosos, aún más si eran estudiantes. Algunos fueron tratados como simpatizantes o miembros de la guerrilla. Dentro de esa sospecha generalizada se cometieron excesos y varias personas fueron torturadas y ejecutadas.

DW: ¿Por qué se reabre el caso del Palacio de Justicia en 2008?

Algunas de las investigaciones realizadas hasta el momento en que yo asumí el caso, en 2008, fueron serias, incluso la adelantada por la justicia castrense, aunque concluían que no había desaparecidos. En 2005 empero, la Fiscalía reabrió la investigación, considerando que se trataba de crímenes de lesa humanidad que, por lo tanto, no prescriben.

Las consecuencias de haber aceptado llevar el proceso contra el excoronel implicado han sido funestas para usted. ¿Cómo vivió ese tiempo del proceso?

Yo contaba con que iba a morir, en cualquier momento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos otorgó a mí y a mi hijo medidas cautelares en Colombia. Una medida que las autoridades han cumplido a cabalidad. Pero fueron tiempos muy difíciles. A menudo se descubrían planes para asesinarme que superaban la seguridad y, de nuevo, había que cambiar las estrategias de protección y aumentar el número de escoltas. La persecución era tal que me iban a atacar con explosivos y armas de largo alcance para impactar el vehículo blindado en el que me movilizaba. Yo nunca entendí las razones de esa persecución tan masiva, pero me generó un enorme temor.

El juicio concluyó el 9 de junio de 2010 con la condena a 30 años de prisión del excoronel Luis Alfonso Plazas por el delito de desaparición forzada agravada. Pero la intensificación de las amenazas la obligaron a pedir asilo en Alemania para salvaguardar su vida y la de su hijo...

En Alemania estuve seis meses. Un país en donde, a pesar del estrés postraumático generado por la persecución, viví los únicos momentos de tranquilidad, desde 2008 hasta hoy.

Para la dimensión de las amenazas que sufría es un tiempo corto.

Pero los efectos psíquicos de la persecución en Colombia y la soledad del exilio y el otoño alemán agravaron el trauma que ya sufría. Una enfermedad que me obligó a sopesar qué era mejor: si quedarme en Alemania y ver cómo empeoraba mi estado o regresar a mi entorno para someterme a tratamiento, así tuviera que encerrarme en mi casa y el juzgado, como he tenido que hacerlo desde hace años.

¿Quién la ha apoyado en Colombia y Alemania?

Gracias a la cooperación entre la Asociación de Jueces Alemanes (DRB) y FASOL, una ONG humanitaria que atiende a jueces y sus familiares, víctimas de la persecución y la violencia en Colombia, así como al soporte financiero brindado por la fundación católica Misereor, yo pude ponerme a salvo por un tiempo. Un apoyo invaluable que siempre agradezco.

¿Cómo ha sido su vida tras el regreso a Colombia?

Aunque me reintegré como jueza, he tenido que atender citaciones muy difíciles que considero parte de la persecución contra mi persona. Los efectos del estrés postraumático me impiden, a menudo, trabajar; una situación que mi empleador no siempre respeta, a pesar de las indicaciones médicas. Es más, eso ha llevado a que me recorten, ilegalmente, mi salario.

¿Cuándo cree que va van a parar de perseguirla?

No lo sé. En 2013, a pesar de que todas las instalaciones del juzgado están vigiladas con cámaras, sujetos entraron y se robaron todo mi expediente personal. En 2014 viajé a otra ciudad para ver a mi hijo del que, para su seguridad, me tocó separarme, y hasta allí llegaron personas que revolcaron mi cuarto de hospedaje para recordarme que aún están ahí, persiguiéndome. Por fortuna, los jueces de control de garantías me han concedido la protección requerida. Pero he perdido a mi familia, a mis amigos, mi tranquilidad.

Volviendo a la situación de Colombia. ¿Cree que en estos 30 años ha habido un cambio de mentalidad que muestre que, como representantes del Estado de derecho, un militar o un policía no puede violar los derechos humanos para garantizar la seguridad ciudadana?

Sí. Aunque falta mucho por hacer, sí ha habido avances significativos, como lo demuestra el hecho de que mi vida ha sido protegida durante años por la Policía Nacional. Mi agradecimiento es grande, porque sin el valioso trabajo de la Policía ya estaría muerta. Su trabajo de protección no ha sido solo un cumplimiento sino un compromiso. Ahí veo yo los progresos.

¿Cuál es su balance del papel de la Justicia en el esclarecimiento de los hechos del Palacio de Justicia?

La rama judicial ha tenido un gran compromiso y los resultados han sido, en realidad, buenos, a pesar de las muchísimas dificultades. Entre ellas los intentos de dañar la independencia del poder judicial, materializadas en la persecución a jueces, no solo a mí, sino a también a la fiscal del caso y los jueces de segunda instancia que confirmaron mi decisión en primera instancia. A pesar de todo eso, se logró una condena, que aunque está en discusión, es el resultado de la seriedad del trabajo de la rama judicial. El proceso sobre el que emití un juicio se adelantó con todas las garantías para el imputado, como lo demuestra el expediente. Él (excoronel Plazas) interpuso todos los recursos, tutelas y peticiones posibles. Y afortunadamente hizo uso de su derecho constitucional, porque eso permitió que los más diferentes jueces de la Nación revisaran todo su expediente. Así pudo quedar plasmado que el fallo emitido estaba totalmente justificado. La Justicia hizo un trabajo muy serio, siempre respetando los derechos de todas las partes; los del procesado, los de las víctimas y los de la Fiscalía. Cada caso comienza con la lucha por el respeto de los derechos de todas las partes, una lucha muy dura también por la defensa de la institución, que a menudo va hasta lo personal.

¿Qué recomendación haría usted como una juez con tantos años de experiencia en la búsqueda de la verdad jurídica tras la probable firma del proceso de paz con las FARC?

No desfallecer. Tenemos que entregar todo por el servicio de la administración de Justicia. Colombia necesita jueces comprometidos, porque la sociedad necesita Justicia para superar los conflictos. Hay que tener en claro que si uno es juez en Colombia también puede vivir situaciones extremas como las que he vivido. Tenemos que garantizarles a los colombianos el derecho a la Justicia. Colombia necesita jueces tan valientes como lo son su mayoría. Solo así podemos avanzar, y estamos avanzando.