DW-WORLD: Hace más de tres años ocurrió en Madrid uno de los atentados más sangrientos en la historia reciente de España. Sus consecuencias fueron tales, que incluso influyó en los resultados previstos para las elecciones celebradas tres días después, y por tanto en el rumbo de los siguientes cuatro años de legislatura. ¿Qué opinión le merece la circunstancia de que la actuación de un grupo terrorista logre cambiar la política de una nación entera? ¿A qué se debió tal influencia?

Carlos Martínez Gorriarán: El terrorismo no es una violencia de tipo irracional, como algunos despistados insisten en afirmar, sino un modo criminal de influir en las decisiones políticas, y muy eficaz además. Los atentados del 11-M del 2003 en Madrid probaron que un grupo terrorista puede influir en el resultado electoral poniendo en evidencia al gobierno saliente. Pero eso ya lo sabíamos en España gracias a ETA, el grupo terrorista nacionalista que lleva treinta años influyendo en las elecciones en el País Vasco a favor del nacionalismo y contra los partidos constitucionalistas, con mucho mayor peso y efecto, por cierto, que los terroristas islámicos.

Otra cosa es si el atentado del 11-M fue tan determinante como para forzar la derrota del PP y la victoria de José Luís Rodríguez Zapatero. Creo que ayudó a la victoria socialista porque movilizó a cierta izquierda abstencionista que odia al PP, pero sin duda en los días previos socialistas y populares habían acortado mucho las distancias. El Gobierno de Aznar no supo reaccionar y le puso las cosas muy fáciles a la oposición. Primero se empeñó en que ETA era la autora de los atentados y quiso monopolizar la reacción social; cuando comenzó a ser evidente que ETA no había sido, tardó mucho tiempo en reconocer el error inicial, dando pábulo a los que le acusaban de mentir, siguiendo la consigna socialista. La verdad es que el Gobierno de Aznar nunca mintió, pero gestionó muy mal la crisis.

En las circunstancias de pánico y desconcierto de los días siguientes al atentado… ¿Qué papel jugaron la clase política española y los medios de comunicación? ¿Podría comentarnos en qué aspectos fallaron y en cuáles cumplieron su cometido tanto políticos como medios de comunicación?

C. M. G.: La información de que se dispuso en las primeras horas del atentado procedía casi en su totalidad de fuentes oficiales. Alguna emisora de radio, como la SER, afín al PSOE, introdujo alguna falsa noticia como la presencia de terroristas suicidas en los trenes atacados, pero en general los medios se limitaron a esperar la información oficial. El problema apareció cuando el gobierno del PP se mostró incapaz de cambiar la tesis oficial cuando él mismo estaba informando de que la policía abandonaba la pista de ETA y estaba investigando a los islamistas.

Los medios abandonaron la tesis del Gobierno, incluso los más afines. Pero creo que el ambiente general era de desconcierto. Además, la inminencia de la jornada electoral obligó a todos a especular sobre las consecuencias del atentado y de la conducta del gobierno en el resultado, que se suponía muy reñido. Algunos medios afines al PSOE aprovecharon para difundir rumores como que Aznar estudiaba la suspensión de las elecciones y cosas así, o a hacer propaganda del acoso a que fueron sometidas las sedes del PP. No fue un ejemplo de información comprometida con la defensa de la democracia, precisamente.

Respecto a la clase política, en general tuvo una conducta lamentable. Creo que Aznar debería haber convocado el Pacto Antiterrorista desde el primer momento, porque se firmó para ese tipo de situaciones, asociando a la oposición a las decisiones del gobierno. Pero no lo hizo para explotar la situación a su favor, y el PSOE aprovechó la ocasión a fondo, erosionando de modo irresponsable la credibilidad de las instituciones y saltándose a la torera reglas elementales de la democracia, como el respeto al rival y a la opinión pública. Parecía que las bombas las había puesto Aznar, no un comando yihadista.

Eso explica muchas de las tonterías que se han dicho después desde un lado y otro: los derechistas empeñados en que todo fue una conspiración entre ETA, los socialistas y los islamistas, y los izquierdistas que comprenden los atentados del 11-M como una respuesta legítima al apoyo español de la invasión de Irak.

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Después de haber considerado como más probable la causa islamista, algunas organizaciones políticas y sociales continuaron insistiendo en la participación de ETA en el atentado poniendo de alguna manera en duda la labor de las fuerzas de seguridad del estado. ¿Hasta que punto son legítimas estas actitudes? ¿Se podría hablar en España de un uso mediático y político del problema del terrorismo?

C. M. G.: Es evidente que en España el terrorismo es un arma más del arsenal político y mediático. No se ha conseguido que permanezca al margen de la confrontación partidista, fallo relacionado con una democracia muy poco exigente y demasiado impregnada de sectarismo. Si el terrorismo sirve para dañar al rival político o mediático, se usa y en paz. Respecto a la participación de ETA en los atentados del 11-M, no hay ninguna razón para pensar que existiera.

En los primeros momentos sí, porque resulta que ETA había intentado muy pocos días antes, al menos tres veces, introducir en Madrid grandes cantidades de explosivos con destino a algún salvaje atentado, y la mayoría pensamos, la mañana del 11 de marzo, que esta vez lo habían conseguido; incluso lo dio por hecho el presidente autonómico vasco, Ibarretxe. Pero pronto fue evidente, y gracias al trabajo policial, que era un atentado islamista típico: indiscriminado y contra la sociedad civil de un país occidental muy dividido políticamente. Empeñarse en lo contrario es una opinión paranoica semejante a las que aseguran que Elvis Presley no ha muerto y cosas así.

A los dos años del atentado de Atocha, la banda terrorista ETA ofreció un alto el fuego al Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. Además de la división de opiniones en cuanto al 11-M, comenzó el debate político sobre la viabilidad del diálogo con el terrorismo vasco: ¿Qué legitimidad tendría una negociación de un gobierno con una banda terrorista? ¿Bajo que condiciones podría entablarse una mesa de diálogo?

C. M. G.: No es posible dialogar con una banda terrorista porque hacerlo implica reconocer que tiene razones para matar y agredir, razones sobre las que se debe dialogar, y coloca a la banda terrorista a la misma altura que el gobierno que dialoga con ella. Es mucho más aceptable una “negociación” sobre la disolución y entrega de la banda, al estilo de las que la policía sostiene con un grupo de atracadores encerrados con rehenes en un banco.

Por eso ETA está encantada con la estrategia del diálogo: le transforma en un interlocutor honorable que representa a los vascos, nada menos, y le proporciona nuevas razones para no desaparecer jamás. En fin, una democracia no puede aceptar negociaciones políticas ni diálogo alguno con un grupo como ETA, lo máximo que puede hacerse es decirles que sólo se discutirán con ellos los detalles de su rendición, y que luego la cosa quedará en manos de la administración de justicia.

Por lo demás, el fracaso de este tercer intento de negociación con ETA demuestra con claridad que para ellos las treguas y diálogos no son distintas a la dinamita y las pistolas: un arma que utilizan cuando les conviene.

Después de la ruptura unilateral del alto el fuego por parte de ETA, el terrorismo sigue hoy por hoy encima de la mesa de debate en la política española y parece ser más un motivo de discusión que un motivo de unión contra un enemigo común. ¿Sería posible alcanzar un acuerdo entre los principales partidos políticos en busca de una estrategia común y duradera para combatir el terrorismo? ¿Cómo y con qué agentes y condiciones podría suceder esto?

C. M. G.: Está muy claro que la única estrategia que debilita a ETA es una política de Estado que comprometa tanto al partido del gobierno como al de oposición. En España funcionó muy bien el poco tiempo que PP y PSOE fueron capaces de mantenerlo: me refiero al Pacto Antiterrorista, que puso a ETA contra las cuerdas entre 2002 y 2004.

Lo malo es que la democracia en España está en manos de un sistema de partidos incapaz de desarrollar estas políticas con el tesón y la seriedad suficiente. Los nacionalistas no quieren la derrota de ETA, sino un diálogo que les favorece porque esperan que les regalará nuevas ventajas políticas. El sistema electoral beneficia muchísimo a los nacionalistas, y los socialistas quieren pactar con ellos para marginar a la derecha del PP (no así a sus socios nacionalistas de derechas).

El PP es muy crítico con todo esto, pero es incapaz de entrar en el fondo de la cuestión, que es el desmembramiento del Estado en feudos controlados por coaliciones de socialistas y nacionalistas o por el PP. Por eso hemos fundado un nuevo partido, UPyD, que sostiene que el problema está en regenerar la democracia española, poniendo a los nacionalistas en su sitio –es decir, acabando con la ventaja que les permite ser los árbitros eternos de la política española pese a su escaso número de votos reales- mediante una reforma de la Constitución y de la Ley Electoral.

Pensamos que este cambio en profundidad permitirá, por fin, derrotar a ETA de un modo irreprochablemente democrático. Es decir, cumpliendo las leyes que tenemos.

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Tanto PSOE como PP se vieron obligados a pactar en sucesivas legislaturas con partidos nacionalistas. ¿Qué papel juegan actualmente los partidos nacionalistas en la política nacional?

C. M. G.: Los nacionalistas son los árbitros de la política nacional por dos razones. La primera es que el sistema electoral español prima a los partidos concentrados en un territorio concreto, como es el caso de los nacionalistas. Así sucede que ERC, los separatistas catalanes, tienen 9 diputados en un parlamento de 350 con unos 600.000 votos, mientras que Izquierda Unida, con 1.300.000, sólo tiene 5 diputados.

Como es difícil que PSOE o PP obtengan mayoría absoluta, ambos quedan obligados a pactos de gobierno con CIU, ERC, PNV, BNG, CC, etcétera. La segunda razón es que el PSOE ha renunciado a ser un partido nacional que defiende la misma política en todas las regiones, y que el PP lleva camino de hacer algo parecido, aunque sea ahora mismo el único partido que habla a todas horas de España como una nación unida.

El resultado es que dos millones nacionalistas acaban decidiendo por los casi veinte millones de no nacionalistas, y siempre en el mismo sentido: más y más concesiones al nacionalismo, que es insaciable y quiere una especie de independencia a la carta para Cataluña, País Vasco y Galicia.

¿Y los partidos del entorno abertzale como A.N.V.?

C. M. G.: ANV es la última marca electoral de ETA, y nunca debería haber sido legalizada como se hizo en las últimas elecciones locales: a medias y con criterios oportunistas que favorecían al PSOE. Es un error gravísimo haber tolerado la vuelta a la política de un partido a las órdenes de ETA.

Usted forma parte de la plataforma BASTA YA con la que combate el terrorismo de ETA. ¿Cuál sería según su opinión el modelo de convivencia ideal entre el nacionalismo vasco y el Estado español?

C. M. G.: El nacionalismo vasco es un partido como los demás, o debería serlo. Nadie se plantea qué relaciones de convivencia debería haber entre la izquierda y el Estado, o la derecha y el Estado. La normalidad consistiría en que los nacionalistas aceptaran hacer política democrática como los demás, pero sus objetivos son otros y muy poco democráticos.

Navarra es feudo del partido conservador UPN. Sin embargo, como comprobamos en las últimas elecciones autonómicas, parece ser también uno de los puntos de discordia tanto con ETA como con el nacionalismo vasco en general. ¿Cómo ve el futuro de Navarra?

C. M. G.: La situación de Navarra está afectada por el intento nacionalista de construir un Estado vasco donde Navarra es parte imprescindible, pero el hecho es que el nacionalismo vasco sólo tiene el apoyo de entre el 25% y el 30% de los electores navarros.

Si no fuera por la amenaza de ETA, los pequeños partidos nacionalistas vascos en Navarra –coaligados en una plataforma de cinco partidos, Nafarroa Bai-, serían el tercer partido siempre que fueran unidos a las elecciones. Así que el futuro de Navarra sería como el de cualquier otro sitio: más preocupados por el cambio climático que por el terrorismo.

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Aparte de enfrentamientos puntuales respecto a la estrategia contra el terrorismo, los dos partidos mayoritarios tienden a enfrentarse en cuestiones claves para la estabilidad política de la nación como ocurre actualmente con las instancias más altas de la justicia. ¿Qué opinión le merece la situación actual de bipartidismo en la política española?

C. M. G.: El bipartidismo español es un desastre. Para empezar, porque es un sistema sometido al arbitraje de los partidos nacionalistas, que no apoyan la Constitución y desean separarse de España todo lo que puedan mediante una política de hechos consumados. La tensión generada por este juego perverso lleva a los partidos nacionales a ahondar sus diferencias, en lugar de llegar a acuerdos estratégicos como los de la Transición.

Y a manipular todo lo que pueden las demás instituciones del Estado, para someterlas a su control partidario, ya que el otro es un enemigo a batir, no un rival con el que convivir. El ejemplo del modo en que han paralizado y desprestigiado el Tribunal Constitucional y la justicia en general es verdaderamente indignante. España debe librarse de ese bipartidismo viciado por el sobrepeso nacionalista.

En una escala de 1(peor) a 10 (mejor)… ¿Cómo valoraría la calidad del debate político en la España actual? ¿Por qué?

C. M. G.: Le doy un dos, y gracias. En España hace tiempo que no tenemos verdadero debate político, es una bronca entre facciones con pocas ideas y mucho sectarismo.

¿Cree que los electores españoles se preocupan lo suficiente de la política nacional? ¿Qué nota le pondría al elector teniendo en cuenta su conciencia política? ¿Por qué?

C. M. G.: No pondría ninguna nota al electorado en su conjunto, es demasiado complejo. Pero en España la gente tiende a ser poco exigente con los partidos políticos, demasiado indulgente con los suyos y hostil a los demás. Hay poca conciencia democrática, en el sentido de exigir a las instituciones que hagan su trabajo igual para todos, o de exigir el cumplimiento de las leyes y la igualdad jurídica. La verdad es que la preocupación por la deriva del país es cosa de una minoría ilustrada.

Para terminar… ¿Qué se puede esperar de la aparición de Unión Progreso y Democracia como nuevo actor político en España? ¿De qué manera piensa contribuir, o en su caso cambiar el panorama político nacional?

C. M. G.: Nosotros queremos hacer un partido con verdadera capacidad de influir en la política española, y que recoja el descontento de una parte considerable de la opinión pública a la que no le importan tanto las broncas entre derecha e izquierda como la necesidad de progresar en los campos sociales, económicos y culturales.

Para conseguir que la política vuelva a centrarse en la educación, la economía o los servicios públicos, y no en la Guerra Civil o en las exigencias nacionalistas, proponemos reformar la Constitución y la Ley Electoral como primeros pasos de una mejora de la democracia. Para impedir que los nacionalistas sean una fuerza política determinante, que la igualdad de los ciudadanos desaparezca por la fragmentación del Estado, o para evitar el disparate de que tengamos 17 sistemas educativos, sociales, fiscales y judiciales diferentes, y todos al servicio de un partido hegemónico en el territorio particular.

Por lo demás, ya sería todo un éxito conseguir que el debate político vuelva a concentrarse en cuestiones realmente importantes para la mayoría, sacando a PSOE y PP de su marasmo sin salida.

Carlos Martínez Gorriarán es miembro del Consejo de Dirección y responsable de comunicación y programa de Unión Progreso y Democracia (UPyD).