El Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció este lunes que permitirá que continúe su curso una demanda con la que el grupo Petersen pide a Argentina una millonaria compensación por las acciones que poseía en la petrolera YPF antes de que fuera nacionalizada en 2012.

En una breve notificación y sin dar mayores explicaciones, el alto tribunal se negó este lunes (24.06.2019) a evaluar una solicitud del Gobierno argentino, quien pedía a los magistrados que mediaran en la disputa con Petersen, que era el socio argentino de la española Repsol.

La decisión reafirma fallos de tribunales inferiores a favor de tramitar la demanda en territorio estadounidense.

En julio de 2018, la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito, con sede en Nueva York, desestimó el argumento del Estado argentino y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de que la jurisdicción estadounidense estaba obstaculizada por la inmunidad soberana de Argentina, considerando que la expropiación fue una decisión comercial.

Así, ratificó la decisión en primera instancia de 2016 de la jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, en cuyo tribunal se presentó la demanda.

Demanda de 2015

En la práctica, la decisión del Supremo estadounidense permite que continúe su curso una demanda al Estado argentino, interpuesta en 2015 por la firma de litigios Burford Capital, en una corte de Nueva York, en nombre de las empresas subsidiarias del grupo Petersen, con sede en Madrid.

El fondo especulativo Burford Capital obtuvo los derechos para litigar en este caso, tras quedarse con Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, dos firmas quebradas. En el momento de la nacionalización, en 2012, Petersen poseía el 25 % de las acciones de YPF.

Esas dos empresas habían sido constituidas en España por el grupo argentino Eskenazi en 2008 para comprar un importante paquete accionario en YPF, entonces controlada por el grupo español Repsol.

Pero debieron acogerse a un concurso de acreedores por no poder afrontar sus compromisos cuando el entonces gobierno argentino de Cristina Kirchner expropió el 51% de las acciones de YPF.

Burford busca una compensación por daños, multimillonaria según estimaciones, por los perjuicios supuestamente sufridos por la nacionalización de YPF, la principal empresa de Argentina, privatizada en 1993 y reestatizada en 2012.

Burford vs. Argentina

Burford argumenta que durante el proceso de expropiación de YPF se violaron las leyes de oferta pública en Estados Unidos.

El Gobierno argentino y YPF, por su parte, argumentan que la demanda debe desestimarse porque los tribunales estadounidenses no tienen competencia para juzgar hechos fuera de su territorio.

En julio de 2018, el tribunal de apelaciones de Nueva York ya rechazó esos argumentos del Ejecutivo argentino y consideró que el país suramericano y YPF "no son inmunes" a una acción legal en EE.UU. bajo los parámetros de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA, sus siglas en inglés).

El Gobierno de Donald Trump ha respaldado esos argumentos y, en mayo, urgió al Tribunal Supremo a no entrar en la disputa legal y permitir que el caso siga su curso en los tribunales de EE.UU.

rml (efe, afp)

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