El Tribunal Supremo francés confirmó este miércoles (18.12.2024) la condena por corrupción y tráfico de influencias contra el expresidente Nicolas Sarkozy, lo que convierte esa sentencia en definitiva.

El que fuera inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012 deberá llevar un brazalete electrónico durante un año, convirtiéndolo en el primer expresidente francés obligado a cumplir una condena de arresto, aunque sea domiciliario. Jacques Chirac también fue condenado, pero a una pena exenta de cumplimiento.

Los abogados de Sarkozy han dejado entrever que apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, pero eso no suspende la aplicación de la pena.

El expresidente sufre así un enorme revés jurídico, uno más de los que le está reservando la justicia desde su salida del Elíseo en 2012, derrotado por el socialista Farnçois Hollande.

Su condena responde a un caso de corrupción y tráfico de influencias, conocido en Francia como el 'caso Bismuth', en referencia al nombre falso que eligió Sarkozy para abrir una línea telefónica secundaria. Las pesquisas se abrieron cuando los investigadores, que tenían bajo escucha los teléfonos de Sarkozy en 2014 en el marco de otro caso, descubrieron que su abogado le había abierto una línea secundaria con la que mantenían comunicaciones y que también fue pinchado. En las escuchas descubrieron conversaciones que apuntaban a un caso de presunta corrupción y tráfico de influencias.

Este caso supuso la primera condena para el expresidente, dictada por el Correccional de París en marzo de 2021, pena confirmada en apelación en mayo de 2023, a tres años de cárcel, aunque solo uno efectivo, con la posibilidad de cumplirlo en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico, pena que ahora ha confirmado el Supremo.

Sarkozy tiene por delante un largo rosario de cuentas pendientes con la justicia. La más inmediata llegará el próximo 6 de enero, cuando se abra el juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, un proceso al que podría acudir ya con el brazalete electrónico. En este caso arriesga una pena de hasta diez años de cárcel.

También está el caso de la financiación ilegal de la campaña de 2012. En febrero pasado fue condenado en apelación a un año de cárcel, de los cuales solo la mitad con cumplimiento y también con un brazalete electrónico, que el presidente no lo lleva aun porque recurrió también ante el Supremo, que no se pronunciará hasta el segundo semestre de 2025.

(efe, afp/mn)