Hace tres meses, Juan Orlando Hernández era todavía uno de los jefes de Estado más poderosos de Centroamérica. El político del conservador Partido Nacional había gobernado Honduras durante dos mandatos. Antes de eso, había manejado los hilos como presidente del Parlamento. El jueves fue extraditado del país,esposado, a bordo de un pequeño avión de la agencia antidroga estadounidense DEA, para ser juzgado allí por su implicación en el tráfico de drogas. Su hermano Tony ya ha sido condenado a cadena perpetua en Nueva York por ese motivo.

"Ninguna dictadura es eterna"

Las emisoras de radio y televisión ofrecieron una cobertura en directo de la extradición, que estuvo acompañada de una gran presencia de seguridad, durante todo el día. Cientos de curiosos acudieron al aeropuerto de la capital, Tegucigalpa, para celebrarlo. "Ojalá le caiga todo el peso de la ley después de doce años de oprimirnos y explotarnos", dijo a DW Ronald Álvarez, un joven envuelto en una bandera hondureña, a la cadena Televicentro.

Se abre ahora una ventana de renovación democrática para el país centroamericano, que no ha podido salir de su espiral de inestabilidad, agitación, violencia, pobreza, migración y deuda durante los últimos 15 años. Los expertos expresaron esa esperanza a DW.

"Para nosotros es un símbolo muy importante que un hombre que hasta hace poco era tan influyente y temido tenga que ser juzgado como un delincuente", dijo el director de la emisora jesuita Radio Progreso, Ismael Moreno, a DW. "Para mí es una señal de justicia divina de que ninguna dictadura es eterna", subrayó, por su parte, Rosa Hendrix, concejala de la isla caribeña de Roatán.

Fin de los paraísos fiscales y menos represión

La extradición fue posible gracias a la victoria electoral de la oposición de izquierda, liderada por Xiomara Castro, esposa del político de izquierdas Manuel Zelaya, derrocado en 2009. Su aplastante victoria, en noviembre del año pasado, permitió el "desmantelamiento del narcoestado", dijo Moreno. Un pilar importante del narcoestado cayó la noche anterior a la extradición: fue cuando el Congreso anuló por unanimidad las leyes sobre zonas económicas especiales, paraísos fiscales extraterritoriales, que los críticos veían como una puerta de entrada para blanqueadores de dinero y delincuentes. Esos paraísos fiscales despertaron gran descontento entre la población. El 70 por ciento de los hondureños son pobres, y cientos de miles emigran cada año a los países vecinos y a Estados Unidos.

"Han caído dos símbolos de la represión a la vez", dijo el exministro de Economía y actual asesor presidencial Fernando García, en entrevista con DW. "Ahora la sociedad civil organizada puede volver a respirar y obtener un nuevo espacio de acción". Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas medioambientales y de derechos humanos que se oponen a los megaproyectos. Más de 150 de ellos han sido asesinados desde 2011, de acuerdo con la organización Global Witness. Según García, la represión por parte de las fuerzas de seguridad ha disminuido desde que Castro llegó al poder.

Justicia y el tratamiento del pasado

Para Moreno, el debate parlamentario en el Congreso fue una señal del retorno de la cultura democrática y un cambio paradigmático. Sin embargo, añadió, incluso una condena de Hernández en EE. UU. no llevaría automáticamente el Estado de derecho y la justicia a Honduras. "El líder de la mafia ha sido extraditado, pero muchos de sus cómplices siguen en Honduras", señaló Hendrix.  "Espero que ahora se trate el pasado, que los autores sean condenados, y que las víctimas reciban justicia.

Los tres están de acuerdo en que el Poder Judicial y el aparato de seguridad deben ser reformados completamente. "No es solo el presidente el que ha fracasado en los últimos 12 años, sino todas las instituciones que han estado a su lado, el Poder Judicial, la Fiscalía, las fuerzas de seguridad", critica Hendrix.

La sociedad civil y la ayuda exterior son necesarias

Sin ayuda del exterior, será un proceso difícil, dijo Moreno. Honduras está muy endeudado y tiene un déficit presupuestario de 3.100 millones de dólares. "Las finanzas públicas son un gran obstáculo", señala García. "Otro problema es la infiltración del crimen organizado en el aparato estatal". Para evitar su persecución, el gobierno anterior también destruyó todos los documentos antes de entregar el cargo, lamenta García.

Los expertos también instan a sus compatriotas a comprometerse aún más. "El gobierno por sí solo no puede afrontar este reto de la democratización. Necesita una sociedad civil activa, y la sociedad civil necesita liderazgo político e instituciones que funcionen", resume García. Hendrix está de acuerdo: "Todos nuestros esfuerzos son importantes para hacer realidad el sueño de la democracia para Honduras".

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