Este sábado (25.07.2015) estaba previsto que el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt fuera trasladado a un hospital psiquiátrico, pero la medida fue revocada luego de que los abogados del militar presentaran un recurso de protección. La fiscalía fue noticiada en la mañana, cuando se disponía a ordenar el traslado de Ríos Montt, al que espera un nuevo juicio por el genocidio de 1.770 indígenas ixiles.

Jaime Hernández, miembro del equipo de defensores del general retirado, explicó a periodistas que la Sala de Apelaciones del Ramo Penal admitió a trámite un recurso de exhibición personal (habeas corpus), y ordenó la suspensión del traslado de Ríos Montt, de 89 años, al Hospital Carlos Federico Mora. Ahora un forense deberá verificar el estado de salud del exdictador, quien se encuentra con arresto domiciliario, y presentar un informe en el plazo de 24 horas.

La resolución de la Sala señala que “se ordena suspender el traslado del exhibido al Hospital Nacional de Salud Mental en tanto se tengan los informes solicitados en aras de proteger su derecho a la vida e integridad como derecho humano”. Hernández dijo que presentó el recurso de exhibición personal porque la decisión del Tribunal B de ordenar el traslado de su cliente al hospital es “arbitraria, ilegal e inaceptable” y ponía en riesgo la vida de su defendido.

Juicio postergado una y otra vez

La representante de la Fiscalía, Gilda Pineda, estuvo temprano en la casa de Ríos Montt, ubicada en un sector acomodado de la capital guatemalteca, para verificar su traslado al centro médico, el que finalmente se frustró por la resolución de la Sala de Apelaciones. Su transferencia al hospital había sido ordenada por el Tribunal B de Mayor Riesgo a petición de la Fiscalía, que puso en duda los resultados de un informe forense que declara al exdictador mentalmente incapaz de afrontar un nuevo juicio.

Por la masacre de los indígenas, ocurrida a manos del Ejército de Guatemala, el exjefe de facto fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión, pero 10 días después el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), anuló la sentencia al argumentar irregularidades en el proceso judicial, y resolvió repetir parte del proceso, fijando el 5 de enero de 2015 para dar inicio al debate. Sin embargo, la defensa del militar logró separar del caso a la jueza Jeannette Valdez, integrante del tribunal, por haber emitido opinión sobre el genocidio en 2004 en un documento académico.

DZC (EFE, dpa)