Los ministros de Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) decidieron suspender la reunión de consulta sostenida este miércoles (31.5.2017) sobre la crisis venezolana ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para redactar una declaración final consensuada. Los embajadores de la OEA tienen que acordar ahora una fecha para que los cancilleres se reúnan de nuevo antes de la Asamblea General de la OEA de Cancún (México), que tendrá lugar entre el 19 y el 21 de junio.

La OEA buscaba salidas a la crisis de Venezuela en una cita a la que asistieron 18 ministros de Asuntos Exteriores del continente. Sobre la mesa, los cancilleres tuvieron dos borradores de declaraciones: una presentada por las misiones permanentes de Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá; y otra promovida por la Comunidad del Caribe (Caricom). Para poder aprobar una declaración en la reunión de cancilleres se necesitaban dos tercios de los votos de los Estados miembros presentes en la reunión, es decir, 23 votos.

Esto era difícil de conseguir, dada la división prevalente sobre la cuestión. La reunión de cancilleres de la OEA se había convocado sin el consentimiento de Venezuela, quien anteriormente había denunciado la injerencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y varios Estados miembros en los asuntos internos del país. Aunque Venezuela se acreditó para la reunión, no estuvo presente en la misma ni intervino durante el debate. Su canciller, Delcy Rodríguez, informó que participaría en la próxima Asamblea General de la OEA (19.6.2017).

Dicom y la devaluación del bolívar

Pese a su importancia, la reunión de los cancilleres de la OEA no fue el único suceso que atrapó la atención de los venezolanos: la severa crisis de ese país caribeño dio la impresión de ser una fuente de noticias casi inagotable este miércoles (31.5.2017). Por un lado, el Banco Central de Venezuela (BCV) –controlado directamente por el Ejecutivo de Nicolás Maduro– formalizó una devaluación del bolívar de un 64,1 por ciento, al anunciar el resultado de un nuevo tipo de cambio, producto de un sistema de subastas semanales.
    
En la primera subasta, que se efectuó el jueves pasado (25.5.2017), participaron miles de empresas y personas físicas. Esa puja determinó la nueva tasa para el llamado cambio de divisas complementarias (dicom). En ella, el BCV ofreció divisas dentro de una banda de 1.800 y 2.200 bolívares por dólar. El director del BCV, Pedro Maldonado, dijo que la puja determinó un tipo de cambio de 2.010 bolívares, más del doble de la tasa que registró el dicom antes de la subasta, que era de 721 bolívares, un nivel fijado directamente por el BCV.

La depreciación del dicom supone una devaluación superior al 64 por ciento, lo que empujará aún más la inflación, cuyo nivel oficial no ha sido publicado en más de un año. Especialistas independientes la ubican en alrededor de un 800 por ciento en los últimos doce meses. En adelante, los productos e insumos que sean importados se pagarán con el nuevo dicom, lo que dará un nuevo impulso inflacionario. El Gobierno mantiene otra tasa preferencial, llamada divisas preferenciales (dipro) a 10 bolívares por dólar.

Goldman Sachs y Nomura Securities, “daño patrimonial”

La tasa preferencial está reservada únicamente para la importación de alimentos y medicinas. Las restantes operaciones para las importaciones del país se hacen con el dólar dicom. Pese a la devaluación, el tipo de cambio dicom está bastante por debajo de la tasa en el mercado negro, que hoy escaló a 6.108 bolívares. Venezuela enfrenta una prolongada escasez de divisas. La oposición denunció que el Gobierno remató unos bonos de la petrolera estatal PDVSA por un tercio de su valor para obtener liquidez rápidamente.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, criticó al banco estadounidense Goldman Sachs por la compra de los bonos con vencimiento a 2022 con un precio de 2.800 millones de dólares. Con la operación, el Gobierno de Maduro recibirá 865 millones de dólares; pero el Parlamento señala que PDVSA vendió bonos de la deuda al grupo de inversión con un descuento sobre el valor parcial de 69 por ciento, lo que “representa un descuento de aproximadamente 30 por ciento” y constituye “un daño patrimonial a la nación”.

Según la Asamblea Nacional, Maduro usará ese dinero “para financiar la represión” de las manifestaciones antigubernamentales. No obstante, Goldman Sachs no parece ser la única instancia que compró bonos de la deuda venezolana a precios ínfimos: este miércoles (31.5.2017), el diario The Wall Street Journal reportó que, la semana pasada, el banco de inversiones japonés Nomura Securities pagó 30 millones de dólares por bonos valorados en 100 millones, como parte de la misma transacción que puso a Goldman Sachs en el ojo del huracán.

Odebrecht, Capriles Radonski y la campaña electoral de 2012

Este 31 de mayo, la alusión a otro controvertido flujo de capital empañó no solamente la de por sí golpeada imagen del presidente venezolano, sino también la de uno de los dirigentes opositores más prominentes: Henrique Capriles Radonski, candidato presidencial en 2012 y 2013, y actual gobernador del estado Miranda. El portal de noticias brasileño Valor informó que Capriles Radonski fue citado en el marco de las delaciones premiadas bajo la presunción de haber recibido donaciones ilegales para su campaña electoral de 2012.

Según el medio brasileño, el nombre del líder opositor venezolano aparece en los documentos de la Fiscalía brasileña, que este jueves (1.6.2017) comenzará a compartir las pruebas sobre sobornos pagados por la constructora Odebrecht con autoridades de otros ocho países de América Latina. De antemano, el Ministerio Público brasileño ha exigido que la documentación se mantenga bajo sigilo hasta nueva orden. Mientras tanto, el establishment chavista continuaba intentando blindar su convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –dominada por fichas del oficialismo, violando el principio constitucional de la independencia de los poderes públicos– resolvió este miércoles (31.5.2017) que el presidente Maduro estaba capacitado para impulsar la moción constituyente sin que haya un referendo previo. En el fallo se indica que la Sala Constitucional interpretó los artículos 347 y 348 de la Constitución que se refieren al proceso para cambiar la Carta Magna y consideró que un plebiscito previo “no es necesario”.

El Parlamento Europeo, el Vaticano y la moción constituyente

La decisión del TSJ caldea aún más los ánimos en la calle. Cientos de chavistas se movilizaron en Caracas para apoyar el llamado a la Asamblea Constituyente y los antichavistas marcharon para adversarlo, con la diferencia de que los primeros lograron manifestarse sin cortapisas y los segundos fueron reprimidos nuevamente por las fuerzas de seguridad del Estado. Con chorros de agua, gases lacrimógenos y perdigones se impidió que los opositores llegaran a la Cancillería, desde donde tenían pautado enviar un mensaje a los cancilleres reunidos en la OEA.

Al menos 89 personas resultaron heridas, informaron autoridades locales, dirigentes de la oposición venezolana y centros de salud. El servicio de salud del municipio caraqueño Baruta atendió a al menos 50 lesionados. El organismo denunció que efectivos de la fuerza pública que actuaban para contener la protesta lanzaron bombas lacrimógenas muy cerca de uno de sus puestos de asistencia médica. Según Salud Baruta, niños, transeúntes y personas que se encontraban en su lugar de trabajo resultaron afectadas por los gases.

Pero el antichavismo no sólo llevó golpes este 31 de mayo: el presidente del Parlamento, el dirigente opositor Julio Borges, se reunió con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y con Jorge Mario Bergoglio, jefe del Estado Vaticano. Tajani se mostró partidario de que la Unión Europea imponga sanciones puntuales sobre funcionarios del régimen chavista como las emitidas por Estados Unidos. Por otro lado, Borges citó a Bergoglio, alegando que el Vaticano no quería ser “manipulado políticamente”.

ERC ( dpa / EFE / Reuters / AFP )