No pasan los ecos de la detención de Claudio Barcelos, director del Centro de Detención Provisional de la cárcel de Pedrinhas, acusado por la policía de aceptar sobornos para ayudar a escapar a los presos, cuando la madrugada de este miércoles (17.09.2014) un número indeterminado de reos huyó del recinto. Se estima que son a lo menos once y podrían ser hasta treinta.

Según la Secretaría de Justicia y Administración Penal de Maranhao, también se investiga la posibilidad de que Barcelos permitiera a los reclusos abandonar la cárcel para practicar delitos y luego regresar. El arresto del funcionario se produjo después de que 36 reclusos escaparan la semana pasada, ayudados por delincuentes que chocaron un camión contra un muro del penal. La policía dice contar con escuchas telefónicas y correos que demuestran la vinculación de Barcelos con los delincuentes.

Pedrinhas es considerado el centro de reclusión más violento de Brasil. Desde el año pasado, 76 presos han sido asesinados por sus compañeros de celda, muchos de ellos degollados. En lo que va de 2014, se han producido 16 asesinatos dentro del recinto. Los reos que escaparon este miércoles consiguieron su anhelada libertad por medio de un túnel excavado desde una de las ocho unidades que componen el complejo.

Otro intento de fuga

Pedrinhas vive una crisis de seguridad desde 2013 a raíz de disputas entre facciones rivales, agravadas por la sobreocupación del penal que tiene capacidad para acoger a 1.770 presos, pero que, según los últimos datos oficiales, alberga actualmente a 2.196. Tras la fuga, y luego de que la policía ingresara al lugar para contar a los presos, se produjo un intento de rebelión para huir, el que fue sofocado por los uniformados.

Una investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado que visitó el complejo penal en enero pasado reveló que esa cárcel alberga “facciones criminales que mantienen el control interno y que también tienen influencia fuera del penal, impulsando rebeliones y poniendo en riesgo la vida de la población”. “El Estado necesita asumir el control: el penal no puede seguir en manos de grupos criminales”, dijo la senadora Ana Rita, autora del informe final de la comisión.

DZC (dpa, EFE)