“La dignidad es un atributo inherente al ser humano, en virtud del cual éste debe ser tratado como un fin en si mismo, y no como un medio para la consecución de otros fines”. Así reza una de las premisas de la Constitución colombiana. La realidad empero es cruda, aunque no imposible de mejorar. Los niveles de degradación que el violento conflicto colombiano ha alcanzado son tales que esta premisa corre el riesgo de quedarse en el papel.

El que los agentes ilegales de la violencia no respeten la integridad ni de amigo ni de enemigo es algo que, aunque criminal, es parte de su identidad: los grupos guerrilleros y paramilitares han deslegitimado toda consigna con la práctica del secuestro, el narcotráfico, las masacres y los crímenes de lesa humanidad en general. Pero el que las Fuerzas Militares de un Estado democrático asesinen en nombre de la lucha contra los violentos atenta contra la misma democracia que el pueblo les ha encomendado defender.

CJL: “Fuerzas del Estado violan Derechos Humanos”

“En 2007 en Colombia se cometieron 236 ejecuciones extrajudiciales y 51 desapariciones forzadas”, dice la activista de Derechos Humanos Liliana Uribe, de la Organización No Gubernamental, Corporación Jurídica Libertad (CJL), que en abril ha recorrido varios países europeos para divulgar, en especial, la existencia de ejecuciones extrajudiciales en Colombia de las que, según su organización, son responsables las Fuerzas Armadas.

Para la CJL la política de seguridad aplicada por el Gobierno del presidente Álvaro Uribe para combatir a las guerrillas y el paramilitarismo, si bien es cierto que ha reducido la acción violenta de la guerrilla, ha generado un efecto secundario devastador en diferentes poblaciones atrapadas en el fuego cruzado del conflicto. “Entre el 2002 y el 2007 ha habido 955 ejecuciones extrajudiciales y 235 casos de desaparición forzada”, afirma Liliana Uribe, quien agrega que ha habido casos en los que “civiles son asesinados por el ejército colombiano y presentados como guerrilleros dados de baja”.

A las ejecuciones extrajudiciales se les suman “235 desapariciones forzadas por acción directa de agentes estatales" en el último lustro, agrega la abogada proveniente de Medellín, Colombia, sede de la mencionada ONG Corporación Jurídica Libertad.

¿Contraproducente mano dura?

Las cifras presentadas por Liliana Uribe concuerdan con las publicadas el 10 de octubre de 2007 en un informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEU, (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos) en Bogotá y Washington. Las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia fueron hechas por 13 expertos de varios países, entre ellos de Alemania, España y Colombia.

ONGs de Derechos Humanos, como la CJL concluyen que “las cifras sobre ejecuciones confrontan la llamada seguridad democrática que impulsa el actual gobierno nacional (del presidente Álvaro Uribe) y niegan que sea una política de derechos humanos encaminada a la protección de la población civil".

Las cifras del Estado

De otro lado, el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República (de Colombia) analiza en un informe propio los homicidios, masacres, desplazamientos, homicidios a sectores sociales vulnerables y las desmovilizaciones (de las guerillas y paramilitares) en 2007.

Dicho informe gubernamental asegura que en 2007 se registraron 26 masacres que dejaron 128 víctimas, reflejando una reducción del 30% en el número de casos y 34% en el número víctimas, comparados con 2006. Con respecto a los casos de homicidios registrados en el país, según el Observatorio, 888 municipios fueron afectados en el 2007 comparados con 990 en 2006.

“La situación parece estar relacionada con la presencia de grupos armados, estructuras de delincuencia organizada y vinculada al narcotráfico, que ha provocado la disputa entre los diferentes grupos y el incremento de la violencia (en determinadas zonas)”, concluye el Observatorio vicepresidencial.

¿Menos sindicalistas, maestros e indígenas vulnerados?

El análisis del Observatorio también presenta cifras sobre los homicidios contra sectores sociales afectados, como los sindicalistas, que reflejó una reducción del 68% comparado con los datos registrados en 2007. Por otro lado, asegura el estudio que “los casos de homicidios de maestros sindicalizados y no sindicalizados están relacionados con la presencia de los grupos armados ilegales FARC, ELN y bandas criminales emergentes”.

En diferentes departamentos colombianos, prosigue el estudio, “se registra una importante reducción (de las violaciones a los Derechos Humanos) debido a la desmovilización de los grupos de autodefensa, “además de las acciones adelantadas por la Fuerza Pública que apuntan a la recuperación del control del territorio”. Con respecto a los actos de terrorismo se habría registrado una reducción del 40% comparado con 2006, pasando de 646 actos en 2006 a 387 en 2007.

Esfuerzos en defensa de la dignidad e integridad: ¿qué tan efectivos?

La reducción de los asesinatos de sindicalistas responde a varios factores, entre los que se cuentan el impacto causado por la desmovilización de los grupos de autodefensa y por las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, que apunta a mejorar la protección de los derechos sindicales y de los sindicalistas. En este sentido, se destaca la instauración del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (Crer) y del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Por otro lado, en el seno de la Fiscalía General de la Nación se creó una unidad de investigación dedicada exclusivamente a la investigación de las violaciones de los derechos humanos contra los sindicalistas; así mismo, el Ministerio de Interior a través del Programa de Protección facilita también escoltas y/o vehículos blindados y teléfonos celulares a algunos sindicalistas que se considera están en situación de riesgo.

Finalmente, el 18 de octubre de 2006, se firmó un acuerdo entre el Gobierno, los representantes sindicales y los empleadores sobre el mandato de la representación permanente de la OIT en Colombia, con el fin de impulsar el desarrollo de un programa para combatir la impunidad, así como promover y defender los derechos humanos fundamentales de los trabajadores y la libertad sindical. Esta oficina inició sus actividades el 15 de enero de 2007.

La abogada Liliana Uribe, de la CJL, concluye empero que “aunque Colombia, en efecto, cuenta con sofisticados medios para combatir la impunidad, aún falta la voluntad política.”