Desde hace dos años, el Gobierno de Colombia y guerrilla marxista Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) discuten sobre un posible final pacífico al conflicto armado en el país, que ya dura más de medio siglo.

No es la primera vez que un gobierno colombiano intenta negociar con las FARC. En 1998, el entonces presidente Andrés Pastrana le otorgó al grupo guerrillero una zona desmilitarizada del tamaño de Suiza en la mitad de Colombia. Allí tuvieron lugar durante meses diálogos de paz. El proceso fracasó en 2002, dejando al país sumido en la frustración y a muchos colombianos con un mal sabor de boca al pensar siquiera en la posibilidad de un final negociado a los enfrentamientos.

Nueva búsqueda de la paz

Desde entonces, muchas cosas han sucedido en Colombia en el terreno de la paz, o mejor, de la guerra: el sucesor de Pastrana, Álvaro Uribe, presidente entre 2002 y 2010, aumentó la presión militar contra la guerrilla. Al final de su mandato –marcado por un gran apoyo popular, pero también por acusaciones de corrupción y vínculos con los grupos paramilitares–, las FARC estaban debilitadas. Pero de ningún modo derrotadas. En un país con una inequidad social inmensa, en el que campesinos deciden tomar las armas para luchar contra la falta de perspectivas y justicia, las FARC son difíciles de vencer: este año, la “guerrilla más antigua de América Latina” cumplió cincuenta años de existencia, y se cree que tiene a más de 11.000 combatientes en sus filas.

Así las cosas, el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decidió en 2012 buscar un nuevo acercamiento con las FARC. A mediados de aquel año, el Gobierno y la guerrilla firmaron un “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que estableció la base para nuevas negociaciones. Éstas se iniciaron el 18 de octubre de 2012 en Oslo, Noruega. Desde noviembre del mismo año, los diálogos se realizan en La Habana. Una vez más, el país y la comunidad internacional observan expectantes cómo el Gobierno colombiano y las FARC discuten sobre la paz.

Las víctimas: un tema espinoso

El “Acuerdo General” establece cinco puntos de negociación. En primer lugar una política agraria dirigida al desarrollo social y económico de todas las regiones de Colombia, punto en el que se ha alcanzado un acuerdo parcial. También en lo que respecta a la a futura participación política de los combatientes desmovilizados de las FARC se han logrado avances, lo mismo que en lo que se refiere a la solución al problema de las drogas ilegales.

Existe sin embargo opiniones encontradas en lo que se refiere a la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil al final del conflicto y el último punto de negociación del acuerdo general que se refiere a la reparación para las víctimas de la guerra.

La guerra en Colombia ha dejado más de 6 millones de víctimas: al menos 220.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos y desplazados, así como víctimas de secuestro, tortura o violencia sexual.

Este 12 agosto se inició oficialmente el debate sobre el reconocimiento y la reparación de las víctimas del conflicto. Esta fase de los diálogos será probablemente la más espinosa. En ella participan 60 personas consideradas como víctimas del conflicto. Sin embargo, ya la selección de las víctimas –a cargo de las Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia– ha desatado debates. Muchas personas consideran que las víctimas de actos violentos de las FARC no están representadas suficientemente. La guerrilla argumenta que la gran mayoría de víctimas del conflicto colombiano corre por cuenta de los grupos paramilitares. Además sostiene que ella misma es víctima, y que el Estado también ha sido un victimario.

El desenlace de las negociaciones es incierto

Una de las paradojas del proceso es el hecho de que, mientras en La Habana se discute, en Colombia los combates continúan. Desde mediados de 2014, las FARC incrementaron sus ataques violentos contra el ejército y la infraestructura del país. A inicios de agosto, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que a través de estos actos, los guerrilleros “están cavando su propia fosa política”.

Otro punto de discordia es el llamado “Marco Jurídico para la paz”, aprobado en el 2012 por el Congreso, y que exige que los guerrilleros acusados de crímenes de lesa humanidad sean juzgados. Las FARC lo rechazan, y afirman que este marco jurídico amenaza con “hacer de los diálogos un mecanismo inútil”.

Hace poco tiempo, el presidente Santos dijo que la paz se firmará antes del final de 2014. Las FARC, sin embargo, piensan muy distinto. Según su jefe máximo, Rodrigo Londoño alias “Timochenko”, es muy improbable que se llegue a un acuerdo de paz en lo que resta de este año pues aún hay mucho por discutir.

La opinión pública colombian por su parte, tiene la esperanza de que las actuales discusiones sobre la paz, duren lo que duren, sean las últimas.