En el Reino Unido, tanto la oposición del Gobierno laborista como las organizaciones que defienden los derechos humanos han exigido durante años que se realice una indagación exhaustiva en torno a la legitimidad de las decisiones políticas que condujeron en 2003 a la invasión militar de Irak. Ahora, ésta ha sido puesta en marcha, aunque no cumple del todo con sus expectativas.

Este martes (24.11.2009) arrancó la investigación pública televisada para analizar la política británica para Irak desde 2001. Sin embargo, el presidente de la comisión examinadora, John Chilcot, ha dejado claro que nadie está siendo juzgado. El ex primer ministro Tony Blair, quien involucró a su país en una guerra en contra de la voluntad de la mayoría de los británicos, será llamado a declarar en calidad de testigo en enero. Será esa audiencia la que ponga a prueba la relevancia de este proceso.

Una operación mal concertada

El periódico británico de talante conservador The Sunday Telegraph citó este domingo (22.11.2009) cientos de documentos confidenciales que describen con lujo de detalles la precariedad material (equipamiento deficiente) y logística (intervención precipitada, inexistencia de planes concretos para la etapa de posguerra) que caracterizó a la incursión británica en Irak, comprometiendo seriamente al partido laborista, que le dio el visto bueno a la operación, y caldeando aún más los ánimos en la esfera pública local. 179 soldados perdieron la vida durante la misión militar en cuestión y sus familiares han sido invitados por la comisión investigadora a aportar sus testimonios.

"La recriminación de que soldados británicos podrían haber muerto por la escasez de pertrechos que se produjo por un consciente fraude político es la acusación más severa que se pueda formalizar contra un primer ministro y su gobierno", dijo el experto en Defensa del partido conservador británico, Liam Fox, aludiendo a los señalamientos del Sunday Telegraph. Según los documentos a los que tuvo acceso la publicación, el esmero de Blair en mantener en secreto los planes de invadir Irak, que ya existían en febrero de 2002, saboteó toda posibilidad de preparar la incursión rigurosamente y establecer una relación de confianza mutua con la población iraquí.

¿Es Chilcot de fiar?

Chilcot, un funcionario de gobierno ya retirado, ha sido presentado por algunos medios como un personaje intachable; él ha asegurado que las audiencias serán apolíticas e imparciales y advertido a los testigos contra posibles omisiones o declaraciones falsas. De ser así, la comisión –ante la cual comparecerán ex funcionarios de alto rango de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa– sacará a la luz información que podría debilitar al partido del actual premier, Gordon Brown, en las elecciones de 2010, con todo y que los inquisidores no prometen revelar los resultados antes de los comicios.

En cambio, otros observadores citados por la agencia AFP atribuyen el nombramiento de Chilcot como presidente de la comisión a su pasado como hombre del estamento, a la poca probabilidad de que haga preguntas difíciles a los testigos y a la mano blanda que mostró con Blair cuando, como miembro de otro grupo investigador, analizó el uso que hizo su Gobierno de la información de inteligencia asociada con Irak. Además, expertos en materia jurídica declararon al diario inglés The Guardian que a los cinco integrantes de la comisión les falta la experiencia de un abogado o un juez en materia legal.

A la vista de todos

"Nosotros no podemos determinar la culpa o la inocencia de nadie. Sólo una corte puede hacer eso", admitió el propio Chilcot, agregando que no por eso le temblaría el pulso al momento de hacer críticas a individuos o instituciones. Gordon Brown había sugerido en julio de 2009 que la mayor parte de las evidencias se analizaran a puerta cerrada, pero Chilcot insistió en que los testimonios de los testigos se hicieran públicos.

Autor: Evan Romero-Castillo/dpa/afp

Editora: Emilia Rojas Sasse