El agente naranja lleva años ocupando a los tribunales. En varias ocasiones, las víctimas vietnamitas han intentado demandar a las empresas que hicieron posible el uso masivo del defoliante por parte de las fuerzas estadounidenses en Vietnam. Entre dos y cuatro millones de personas sufrieron el efecto del agente naranja, y 100.000 nacieron con graves discapacidades o enfermedades.

El pleito en Francia habría sido la última oportunidad para una reevaluación jurídica después de que un tribunal de Nueva York rechazara en 2005 la denuncia de la ONG "Asociación vietnamita para las víctimas del agente naranja" con argumentos cuestionables. La nueva demanda fue posible gracias a un cambio en la legislación de Francia en 2013, según el cual los ciudadanos franceses pueden demandar a las empresas extranjeras si pueden demostrar que han sido perjudicados por ellas.

La esperanza de una justicia tardía

Tran To Nga, una mujer francesa nacida en Vietnam en 1942, había presentado el caso. Fue víctima de la fumigación con el agente naranja en 1966, perdió un hijo poco después y más tarde dio a luz a un segundo, que, como ella, padeció enfermedades típicas de las víctimas del agente naranja, como un defecto cardíaco, diabetes y asma. Un laboratorio alemán confirmó que la causa probable eran los elevados niveles de dioxina en la sangre. El efecto del agente naranja se basó en la dioxina.

Sin embargo, los grandes productores como Monsanto, que hoy pertenece a Bayer AG, Dow Chemical y otros doce fabricantes más pequeños siempre han negado su responsabilidad, con los mismos argumentos. En primer lugar, nunca se podrá demostrar claramente en casos individuales que el agente naranja sea la causa directa de graves deformidades, labio leporino y paladar hendido, trastornos nerviosos, diabetes, enfermedad de Parkinson o cáncer. Esto es ciertamente cierto en cuanto a los casos individuales. Pero también está claro que la incidencia de estas enfermedades es mucho mayor en las regiones especialmente afectadas por el agente naranja que en el resto del país. No hay duda, pues, de que existe una relación entre el agente naranja y las enfermedades y discapacidades graves.

Además, las empresas fabricantes y el gobierno estadounidense sabían, incluso antes de que se empezara a utilizar en 1961, que el agente naranja era extremadamente perjudicial para la salud debido a las dioxinas que contenía. También se sabía que el agente naranja superaba significativamente los límites de dioxinas establecidos por Estados Unidos. Los fabricantes también utilizaron métodos de producción arriesgados pero más rápidos, lo que dio lugar a mayores concentraciones de dioxina. Solo así podían satisfacer la enorme demanda del ejército estadounidense y maximizar sus beneficios.

Los Convenios de Ginebra

A continuación, se argumenta que el gobierno de Estados Unidos fue el único responsable porque determinó lo que haría con el producto químico y dónde y cómo se utilizaría. Sin embargo, el gobierno estadounidense no dejó ninguna duda sobre el destino del agente: su uso a gran escala en Vietnam del Sur. No solo se trataba de la defoliación para dificultar la retirada del llamado Vietcong a la selva, sino también de la destrucción selectiva de los cultivos y la esterilización de enormes zonas agrícolas. Había que matar de hambre al enemigo. Cientos de miles de civiles se vieron afectados por el uso indiscriminado de la sustancia. Los productores también lo sabían.

Por último, se afirma que los Convenios de Ginebra de 1925, que prohíben el uso de armas químicas, no incluyen explícitamente el uso de herbicidas. Sin embargo, ya en 1969, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, debido al uso de herbicidas en Vietnam, que la Convención de Ginebra podría incluir el uso de defoliantes.

La reevaluación legal fracasó

Sin embargo, las víctimas vietnamitas fracasaron en 2005 en su demanda colectiva contra las empresas químicas implicadas. El tribunal responsable del caso en Nueva York dictaminó que las empresas no eran responsables. Citó las razones conocidas: en primer lugar, no había pruebas de causalidad directa; en segundo lugar, las empresas habían alertado al gobierno estadounidense del peligro, que utilizó el defoliante de todos modos; y en tercer lugar, el agente naranja no estaba cubierto por los Convenios de Ginebra. El tribunal contradice así la opinión de la Asamblea General de la ONU.

En la audiencia ante el tribunal francés de Évry este lunes, la única cuestión era si un tribunal francés tenía jurisdicción sobre el caso. Lamentablemente, el tribunal siguió la línea de defensa de las multinacionales: un tribunal francés no tiene jurisdicción sobre las acciones de un Estado soberano, en este caso Estados Unidos, en tiempos de guerra. De este modo, la causa legal del uso del agente naranja ha fracasado finalmente. Sin embargo, el sufrimiento de las víctimas continúa, porque la dioxina permanece en el suelo durante décadas, se mantiene en el cuerpo de las personas y altera sus genes.

(gg/er)