“Nos dejan entrar a sus hogares, pero no al mundo laboral”, dice una de las pancartas de las personas que, armadas con cepillos, escobas y cubos de agua, se han dado cita en la plaza Luxemburgo, frente al Parlamento Europeo en Bruselas. Quieren representar la voz de millones de trabajadores domésticos; 43 por ciento de ellos sin derechos, el 83 por ciento mujeres, la mayoría inmigrantes.

“Hablamos del derecho a una jornada laboral de ocho horas, de descanso de fin de semana, vacaciones, salario mínimo en los países que lo tengan”, dice a DW Claire Courteille, directora del Departamento de Igualdad de la International Trade Union Confederation. Concretamente, se trata aquí de que en el año entrante, 12 gobiernos ratifiquen el convenio 189 aprobado por la OIT en junio de 2011.

¿Cómo se responde a la demanda?

Es un hecho: las mujeres europeas se incorporan cada vez más al mundo laboral; “en esa misma medida hay una demanda muy fuerte para que vengan las trabajadoras domésticas a cuidar a los niños”, añade Courteille. Sin embargo, la necesidad del mercado no encuentra eco en los permisos regulares de entrada a muchos países europeos: se calcula que entre cuatro y seis millones de trabajadoras indocumentadas están en Europa en este momento y la tendencia es al alza.

“Y si esa demanda existe, los Gobiernos deberían abrir vías legales para que esas mujeres puedan trabajar de una manera digna, de lo contrario lo único que creas es explotación”, dice Courteille. En ello coincide también Rebeca Pavón, organizadora sindical de Holanda, que viene a Bruselas en representación de decenas de miles trabajadoras domésticas regulares e irregulares.

Filipinas, indonesas, latinoamericanas

Aunque las cifras no se pueden saber a ciencia cierta, “hay decenas de miles filipinas, indonesas, africanas, de Europa del Este y latinoamericanas. Estamos luchando por que se reconozca su derecho a la seguridad social y por que se reconozca que son necesarias”, subraya Pavón. En Holanda no hay ninguna puerta hacia el mercado laboral formal a través de ese tipo de trabajo, contrariamente a lo que ha sucedido en países como España y Bélgica –que optaron en su momento por regularizar masivamente y que no cierran del todo la puerta a contrataciones legales de personal doméstico.

Si bien la UE ha aprobado recientemente una regulación única para los derechos laborales de los ciudadanos de terceros países que se encuentren legalmente en algún Estado miembro de la unión, la decisión de permitir que este tipo de trabajador se vuelva “legal” sigue estando en manos de cada Estado miembro.

Un valioso e invisible aporte

“Lo que la gente no ve es que cuando una empleada doméstica trabaja en una familia no sólo contribuye económica sino también afectivamente. Los hijos que son cuidados sobre todo por latinoamericanas cuentan con una mayor entrega”, dice a DW por su parte Consuelo Pérez, de la Federación de Ecuatorianos en Bélgica, que llegó hace 18 años al país a hacer un postgrado en la Universidad Católica de Lovaina la nueva.

“Aunque sí he hecho jobs para aumentar mis ingresos, no soy trabajadora doméstica, pero sí veo a mis compatriotas laborar en condiciones dificilísimas, doce horas al día y sin fin de semana”, afirma Pérez agregando que, además de ello, el salario que reciben es menor. Y la historia se repite: dada su ilegalidad, su vulnerabilidad es mayor.

“¿Que el patrón diga: `voy a ayudar a esta mujer que me ha ayudado a cuidar a mis hijos durante cinco años´? Sí, ocurre, pero es muy raro. La mayoría de las trabajadoras domésticas con papeles se lo deben a la campaña de regularización del 2009”, cuenta Pérez que conoce bien el mundo de los inmigrantes colombianos, peruanos, bolivianos, uruguayos, haitianos en Bruselas; según su cálculo, el noventa por ciento de ellos son mujeres sin derechos, sin asistencia.

Sin protección de nadie

“¿Las embajadas? Suelen no querer tener trato con sus inmigrantes, pues representan un conflicto social en los países de acogida”, dice Pérez que también ha trabajado en España. El caso de la suya, la de Ecuador, es una excepción: las remesas de los emigrantes son el segundo factor de desarrollo del país andino; y sus representaciones en el exterior, últimamente, los protegen. “Es sumamente importante que este convenio sea ratificado”, concluye Pérez que quiere colaborar para ello con los sindicatos.

¿Qué ventajas les traería? Según informa la OIT, para los trabajadores domésticos migrantes, el convenio 189 dispone que deben recibir por escrito una oferta de empleo o contrato antes de cruzar las fronteras para incorporarse al nuevo trabajo en el país de destino; también que los Estados deben tomar medidas para su protección mínima en relación a la seguridad social, incluyendo los beneficios de maternidad.

Así, con excepción de Gran Bretaña y República Checa, todos los países de la UE han aprobado el convenio; pero falta su ratificación. Mientras eso no suceda, “las trabajadoras no están acogidas por las leyes laborales y tenemos muchos casos de abusos e incluso de violencia física hacia ellas”, explica Courteille concluyendo con el lema de la campaña: “Estamos hablando de poner fin a la esclavitud moderna”. 

(el)