Transparencia Internacional, la primera y mayor organización de lucha contra la corrupción a nivel global, dio a conocer este martes (25.01.2022) su anual Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), mediante el cual detalla el impacto de este flagelo en el sector público de 180 países y territorios, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy "limpios").

Este índice, en su edición para 2021, indica que los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial, con escaso o ningún progreso, en los últimos 10 años, en el 86 por ciento de los países evaluados.

En América Latina, Uruguay y Chile resultaron los países mejor ubicados, con 73 y 67 puntos respectivamente, es decir, percibidos como con poco nivel de corrupción.

En el otro extremo se ubican Nicaragua y Haití (con 20 puntos) y Venezuela (con solo 14 puntos), percibidos como muy corruptos.

DW dialogó en forma exclusiva con la presidenta de la organización, la argentina Delia Ferreira Rubio, sobre los resultados del estudio.

DW: ¿Cuál es el análisis que hace Transparencia Internacional, en relación con la corrupción en América Latina, tras este segundo año marcado por la pandemia?

Delia Ferreira Rubio: Efectivamente, usted dice muy bien que es un segundo año marcado por la pandemia. A lo largo de este último año, el gran tema fue la compra de vacunas, y esto estuvo rodeado de un gran secreto y de una gran opacidad. Y siempre que hay opacidad, hay espacio para que haya algún manejo irregular de los fondos públicos.

Ha habido una falta de transparencia absoluta en el uso de los recursos públicos, tanto en la compra de vacunas, como también en algunos subsidios de apoyo económico a empresas o a personas para hacer frente a la situación de emergencia, sin que haya controles, sin que haya transparencia y con muchos conflictos de interés en el medio. En América Latina, el único país que envió los contratos al Congreso fue República Dominicana.

Otra cosa que fue importante en este segundo año de la pandemia, fundamentalmente en Argentina y Perú, fue lo que se llamó el "vacunatorio VIP", o sea, el abuso de la posición de poder en beneficio personal y de familiares, en este caso, no en términos económicos, sino en términos de privilegios.

Otro tipo de privilegios que se vio, tuvo que ver con los encierros y las restricciones: se conocieron las fotos, las invitaciones y los videos de violaciones a las propias restricciones impuestas por el Gobierno por parte de las máximas autoridades del país. Y el problema de integridad es un problema de corrupción, claramente, aunque no haya dinero en el medio, es el abuso de la posición.

Todo esto ha generado desconfianza, enojo, y se ha manifestado en los resultados de las elecciones que hemos tenido en muchos países de la región, como una especie de castigo a las autoridades que han estado a cargo de este tipo de acciones. 

Y lo otro que yo creo que marca la situación actual en la región, más allá del COVID, es la impunidad, la falta de respuesta en los casos de corrupción al máximo nivel del Estado, con empresarios muy importantes que trascienden las fronteras nacionales, que involucran lavado de dinero, empresas off shore y demás. Y yo creo que, en parte, este no avance de la región en la lucha anticorrupción, se explica por el intento renovado de cooptación de la Justicia, como en El Salvador, Venezuela o Nicaragua, por ejemplo.

Es decir, la impunidad se vincula a que los organismos de control y la Justicia no son independientes, o están siempre en riesgo de ser cooptados, cuando no lo han sido ya. Y esto se verifica en muchos de los países de América Latina, dejando a un lado a países como Chile, Uruguay, Costa Rica, que son siempre los mejor 'rankeados'.

Ante este panorama: ¿cómo definiría la situación en el continente?

Hay un estancamiento en la lucha contra la corrupción. Veamos que solo alcanza, en promedio, 43 puntos en el 'ranking', cuando lo deseable es 100. Y si tomamos desde México para abajo, el promedio es apenas 36,5 puntos.

El continente está en crisis. En muchos países de América Latina se verifica un deterioro de las instituciones democráticas y de los controles recíprocos. La pandemia generó una situación que hizo factible la corrupción, ya que desató la necesidad de medidas de emergencia, y esto significó poner en stand by los controles.

Es decir, la situación de emergencia sanitaria determinó una situación de emergencia institucional, en la que hubo concentración de poder, ya que, en las emergencias, el Poder Ejecutivo asume la responsabilidad y el Parlamento queda en un segundo plano, cuando no cerrado, así como muchas de las Auditorías Generales, las Contralorías y la Justicia.

Yo creo que el COVID les dio la excusa justa a muchos Gobiernos de tendencias populistas o autoritarias para concentrar el poder. Entonces, en lugar del Estado de derecho, existe el Estado de la voluntad del que manda.

Porque el líder populista no ve la Constitución como un límite razonable al poder, ve la Constitución y las leyes como una restricción inadmisible a su poder, y eso se ve repetido en la región, en Honduras, en El Salvador, en Venezuela, en Nicaragua, en Haití, y un poco en México.

En este sentido, puede verse que la corrupción está estrictamente relacionada con la democracia...

Exactamente, la democracia permite que nuestros derechos no estén a merced del capricho del gobernante de turno, sino protegidos por la ley y las instituciones. Cuanto más sólida y robusta es la democracia de un país, menos corrupción tiene.

En este marco, y más allá de los diferentes grados de responsabilidad, hay una parte de la población que parece haber bajado los brazos en la lucha contra la corrupción, o incluso hay quienes creen que la corrupción no los afecta.

Esto lo hemos estudiado en el "Barómetro Global de la Corrupción", y ahí lo que se ve es que la gente dice que se ha avanzado poco en la región, percibe muchísima corrupción en los Poderes Ejecutivos, los Parlamentos, los partidos políticos y los empresarios.

La gente dice, en su mayoría, que creen que los ciudadanos pueden hacer un cambio, pero denuncian poco, porque creen que no va a pasar nada, o porque corren el riesgo de ser perseguidos o de perder un beneficio.

Cuando se producen los escándalos de corrupción, y hemos tenido muchos en la región, la gente sale a las calles, pero luego esa energía social de 'basta de corrupción', se pierde, porque no hay canales que permitan encauzar esa energía, para realmente fortalecer la participación y el reclamo ciudadano de transparencia. Y se pierde porque a la política no le interesa más que dar respuesta rápida y que la gente se calme.

Es decir que, en cualquier caso, a todos nos afecta la corrupción, no es válida esta percepción de verlo como algo lejano, o "a mí no me toca”, o "yo soy impoluto”.

No, por una sencilla razón: porque el dinero que se pierde en corrupción en un país, es el dinero que no va adonde tiene que ir, que es a mejorar la educación, a tener un buen sistema de salud o a tener un buen sistema de seguridad.

¿Y las causas para que esto sea así?

Las causas son complejas siempre, yo creo que hay una tendencia a los Gobiernos populistas, que llegan con una promesa de lucha anticorrupción, pero después no la llevan adelante. Hay un decaimiento en la confianza de la ciudadanía en la capacidad de respuesta de la democracia, y entonces se ve tentada por estas respuestas autoritarias. La sociedad también tiene su responsabilidad en elegir los Gobiernos que elige y en tolerar lo que tolera.

¿Sigue siendo usted optimista, a pesar de todo?

Sí, por la gran cantidad de gente que cree que los ciudadanos pueden hacer la diferencia. Creo que tenemos que movilizar esa energía. El hecho de que no estemos bien 'rankeados', quiere decir que hay un camino a recorrer, y podemos hacerlo, pero es una acción colectiva.