El estudiante hongkonés Tony Chung, de 20 años, fue sentenciado este martes (23.11.2021) a tres años y siete meses de cárcel por los cargos de secesión, bajo la polémica ley de seguridad nacional, y de lavado de dinero, recoge la prensa de Hong Kong.

Según la fuente, Chung se había declarado culpable del cargo de "secesión" hace tres semanas, mientras que se declaró no culpable de "conspiración para publicar material sedicioso" y "lavado de dinero".

El veredicto dictó que el cargo de "secesión" le supondrá a Chung tres años y cuatro meses entre rejas, mientras que el de "lavado de dinero", un año y medio, de los que buena parte se contarán de manera simultánea, por lo que el resultado final sería de tres años y siete meses en prisión.

"Aunque el acusado no tenía planes concretos para dividir el país, su objetivo estaba claro. El cargo de secesión no requiere de planes específicos", afirmó el juez del distrito, Stanley Chan, durante la lectura del veredicto, este martes.

En cuanto al lavado de dinero, el cargo se refiere a pagos recibidos en la cuenta bancaria personal de Chung en nombre de la organización estudiantil Studentlocalism, de la que era miembro, ya que ésta no contaba con una cuenta. 

La acusación y el juez consideraron que había suficientes pruebas de que parte del dinero recibido no se utilizó para financiar las actividades del grupo.

Ley de Seguridad Nacional

Chung, sentenciado previamente a cuatro meses de cárcel por insultar a la bandera de China, fue detenido en octubre del año pasado cerca del Consulado de Estados Unidos en Hong Kong, en lo que algunas fuentes consideraron un intento de buscar asilo.

Chung era uno de los líderes de Studentlocalism, una organización estudiantil favorable a la independencia hongkonesa que se disolvió el 30 de junio de 2020, mismo día de entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional que Pekín diseñó e impuso en Hong Kong.

Desde la entrada en vigor de la controvertida ley, decenas de organizaciones políticas y no gubernamentales de distintos ámbitos de la sociedad civil se han visto forzadas a disolverse para evitar que sus miembros pudieran ser procesados bajo esta.

La ley, una respuesta a las multitudinarias protestas antigubernamentales que tomaron las calles hongkonesas en la segunda mitad de 2019, pena hasta con cadena perpetua supuestos como "terrorismo", "secesión" o "confabulación con fuerzas extranjeras".

Pekín decidió imponer esa ley pese a que, mediante la Declaración Sino-Británica de 1984, se había comprometido a mantener durante al menos cincuenta años las libertades vigentes en Hong Kong desde el momento de la retrocesión de su soberanía de parte de Londres, acontecido a mediados de 1997.

mg (efe, Europa Press)