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Terrorismo

Tribunal alemán revoca expulsión de escolta de Bin Laden

13 de julio de 2018

Sami A. fue deportado a Túnez esta jornada, pero la Justicia alemana consideró la medida una “burda ilegalidad” pues existía una orden para no expulsarlo.

Screenshot | Sami A. - mutmaßlicher Leibwächter Osama bin Ladens
Imagen: Youtube/spiegeltv

El antiguo guardaespaldas de Osama bin Laden, el tunecino Sami A., deberá volver a Alemania luego de que el Tribunal Administrativo de Gelsenkirchen calificara este viernes (13.07.2018) de "burda ilegalidad” la expulsión del hombre, quien había sido deportado a Túnez esta misma jornada. El tribunal aseguró que la decisión de enviarlo a ese país "viola los principios fundamentales del estado de derecho”.

El caso se vio envuelto en una polémica, pues su expulsión se produjo pese a que existía una orden judicial de ese mismo tribunal que lo impedía. La portavoz del Ministerio alemán del Interior, Annegret Korff, había confirmado la expulsión, aunque también había reconocido que "cuando las autoridades tienen conocimiento de la existencia de un decisión judicial según la cual la expulsión no se puede llevar a cabo, no se puede expulsar".

El problema se habría suscitado porque las autoridades no tenían conocimiento de la prohibición de la expulsión, ya que la notificación no fue enviada por fax a la oficina respectiva sino hasta esta mañana a las 8.27 horas (6.27 GMT). El avión en que viajaba el deportado había despegado rumbo a Túnez hora y media antes del recibo de la notificación.

No hay sospechas fundadas

La razón para impedir su expulsión a Túnez es la posibilidad de que en ese país sea torturado. Considerado por las autoridades alemanas un islamista peligroso, Sami A. fue detenido e interrogado por fiscales antiterroristas a su arribo a Túnez, dijo a dpa un portavoz de la fiscalía tunecina. Las autoridades del país norafricano investigan si estuvo involucrado en "actividades extremistas" en Alemania.

El exguardaespaldas del líder de la red terrorista Al Qaeda fue formado según los investigadores en un campamento terrorista de Afganistán y tenía desde hace años obligación de comparecer a diario ante la Policía germana debido a que estaba considerado una "amenaza seria para la seguridad pública". La Fiscalía antiterrorista alemana cerró una investigación en su contra por falta de sospecha fundada.

Sami A. vive en Bochum de las ayudas sociales. Según información facilitada por el Ministerio del Interior en abril, ha estado cobrando mensualmente del Estado alemán 1.168 euros (unos 1.500 de dólares) en concepto de prestaciones.

DZC (EFE, dpa)

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