Nueve personas con discapacidades y enfermedades preexistentes acudieron al máximo tribunal alemán, por temor a no ser tratados si los hospitales se ven superados por la cantidad de enfermos de COVID-19 y forzados a priorizar a los pacientes con más posibilidades de sobrevivir.

El tribunal dio a lugar a la demanda de estas personas, que temían verse perjudicadas si las Unidades de Cuidados Intensivos se saturan en el curso de la pandemia.

Responsabilidad política

Los juristas derivan de la Carta Fundamental una obligación del Estado de proteger la vida humana. Según los magistrados, de ese deber se deriva para el Legislativo una obligación de actuar ante la pandemia. Y no la ha cumplido, porque no ha tomado las providencias correspondientes.

Una discapacidad no debe ser motivo para quedar en desventaja ante la asignación de recursos de tratamientos intensivos que no estén disponibles para todos. La Constitución alemana establece que "nadie debe sufrir desventajas debido a su discapacidad”.

"Se necesita un amplio debate"

El tribunal constitucional reconoció así que tampoco en el caso de un triaje se pueden aplicar criterios discriminatorios, dijo a DW Constantin Grosch, uno de los nueve demandantes. Grosch se mostró satisfecho con el veredicto y destacó que ahora queda claro que los médicos "no tienen que establecer completamente solos los criterios para un triaje, sino que se necesita un amplio debate en la sociedad”.

Para el, es importante que se ponga en marcha un proceso en el que también se escuche a los representantes de personas con discapacidades.

Satisfecho con el veredicto quedó también el médico Uwe Janssens, portavoz de la sección de Ética de la Sociedad de Medicina Intensiva y de Urgencia de Alemania (DIVI). "El fallo refuerza nuestras recomendaciones del año pasado sobre priorización en una situación tan trágica”, indicó a DW. "El tribunal Constitucional confirmó que se debe aplicar el criterio de las perspectivas de éxito” en el tratamiento, agregó.

La DIVI publicó en marzo de 2020 una primera guía para la toma de decisiones en situaciones de triaje. En el centro de las consideraciones está la probabilidad de supervivencia de un paciente. Janssens se alegra de que el tribunal atribuya también responsabilidad a los legisladores, pero no cree que "estén en condiciones de verter criterios médicos en una ley que se deba aplicar en el lecho del paciente”. A su juicio, lo que debe hacer el Parlamento es crear el marco de condiciones para disipar los temores de los discapacitados.

Igualdad de oportunidades para todos

El veredicto del Tribunal Constitucional deja al Parlamento un amplio margen para actuar. "Desde mi punto de vista, tendrá que haber finalmente una ley. No veo prácticamente otra alternativa”, indicó Corinna Rüffer, portavoz de Los Verdes en materia de política para discapacitados. En su opinión, estamos al comienzo de un proceso de discusión muy complejo.

"Si tenemos, por un lado, a una madre sana, con cuatro hijos, y, por el otro, a una persona mayor, cuya expectativa de vida es limitada, eso no debe jugar ningún papel en el asunto, aun cuando uno pueda comprenderlo emocionalmente”, dice. "Cada persona, independientemente de su edad o su discapacidad, debe tener la misma oportunidad de acceder a un tratamiento intensivo. La condición debe ser que existan perspectivas de que esa persona pueda ser sanada. No pueden tener cabida otros criterios”, afirma.

Uwe Janssens subraya, en conversación con DW, que el principal objetivo debe ser evitar situaciones de triaje. Agrega que estas todavía no se han producido en Alemania. Pero critica que las autoridades hayan contribuido a la saturación de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales por no haber dispuesto suficientes reglas y restricciones. "Nosotros, los médicos y médicas, los cuidadores, no somos los que creamos el marco de condiciones, Los políticos deben crearlo”, apunta. Y hace notar que la falta de personal en los hospitales es el resultado de décadas de inacción política.

(er/mn)