Algunas de las personas y entidades afectadas solicitaron la anulación de esa medida ante el Tribunal de Primera Instancia, que decidió que, 'aunque la UE no es miembro de la ONU, procede considerar que las obligaciones impuestas por la Carta de las Naciones Unidas también la vinculan, al igual que a los Veinticinco'. La Corte europea consideró que el derecho de la ONU, cuyo Consejo de Seguridad ha aprobado varias resoluciones que instan a sus países miembros a congelar los fondos y demás recursos financieros controlados por dichas personas y entidades, prima sobre el comunitario, explicó el tribunal en un comunicado.

La Corte también observó que la congelación de fondos, establecida por el reglamento impugnado, no viola los derechos fundamentales de los demandantes, ya que contempla expresamente la posibilidad de establecer excepciones, a petición de los interesados, a fin de permitirles disponer de los fondos necesarios para sus gastos básicos. Los demandantes aún pueden presentar un recurso de casación, limitado a las cuestiones de derecho, ante el Tribunal de Justicia de la UE en un plazo de dos meses desde su notificación.