"Constatamos que aquellos que quieren ‘restablecer la soberanía parlamentaria' (partidarios del "brexit” que alegaban que el Parlamento británico respondía a los intereses de la UE) no tuvieron éxito en negarle el voto al Parlamento”, señaló el abogado y comentarista de temas legales David Allen Green. "A primera vista, este veredicto detallado y razonado de tres jueces de larga trayectoria parece a prueba de apelaciones”, agregó.

De todas formas, se espera que el Gobierno apele a la Corte Suprema, que ya reservó una fecha de audiencia para el 7 y 8 de diciembre.

La primera ministra británica, Theresa May, había anunciado que podría en marcha el mecanismo contemplado en el artículo 50 del Tratado de Lisboa a fines de marzo de 2017, y afirmó que no necesitaba consultar al Parlamento antes de iniciar el proceso de dos años. Numerosos parlamentarios adujeron que el Gobierno no disponía de un mandato para ello, a lo que Downing Street replicó que dichos legisladores trataban de "subvertir la democracia”, retrasando el "brexit”.

Un grupo liderado por la empresaria Gina Miller planteó el caso ante la Corte Superior de Londres, arguyendo que el Gobierno no está facultado para invocar el artículo 50 sin aprobación parlamentaria. Y los jueces le dieron la razón.

"May puede decir que es asunto del Gobierno, pero a fin de cuentas esa opinión es irrelevante”, comentó Oliver Patel, investigador del Instituto Europeo de la University College de Londres. Y subrayó que "una cosa buena de este país es que tiene un sistema judicial muy sólido e impera la ley, de manera que al final el Gobierno tiene que hacer lo que dicte la corte”.

Retórica encendida

La decisión judicial volverá a encender la pugna entre los partidarios de abandonar la UE y los que quieren permanecer en ella. Suzanne Evans, aspirante a la jefatura del partido independentista UKIP, llamó a despedir a los jueces, acusándolos de intentar "revertir nuestra voluntad” y "minar la democracia”.

Según Eleanor Garnier, corresponsal política de la BBC, "la decisión tiene grandes implicaciones, no solo en cuanto al itinerario del ‘brexit' sino también en lo tocante a sus términos, porque entrega la iniciativa en la Cámara de los Comunes a los partidarios de la permanencia. Ellos seguramente argumentarán que el artículo 50 solo se podrá activar cuando el Parlamento esté dispuesto. Es decir, cuando ellos estén satisfechos con los términos de cualquier futuro acuerdo”.

"Brexit” retrasado

Los jueces no especificaron cómo ha de llevarse a cabo la consulta parlamentaria. No obstante, el proceso podría suponer un retraso de varios meses.

Los conservadores tienen una mayoría de 12 escaños en la Cámara de los Comunes. Muchos de sus parlamentarios hicieron campaña y votaron contra el "brexit”. Aunque el grueso de los legisladores no quiere aparecer bloqueando el resultado del referéndum, para el Gobierno puede resultar difícil conseguir un apoyo mayoritario para activar el artículo 50.

"El Parlamento demandará información sobre la postura negociadora del Gobierno antes de votar, de modo que el Gobierno tendrá que revelar sus planes”, indica Oliver Patel. "Eso reduce la probabilidad de un "brexit” ultra duro, porque cuesta imaginar al Parlamento votando por la completa retirada del Reino Unido del mercado común”, agrega.

Se ha especulado sobre si esta decisión podría volver más probable la celebración de elecciones generales anticipadas.  De todos modos, el Gobierno se propone apelar. Si no consigue su objetivo en la Corte Suprema, la siguiente instancia sería la Corte Europea de Justicia. Pero, en vista del ambiente político imperante en Gran Bretaña, ninguno de los bandos tiene ganas de dejar que una institución europea decida sobre un aspecto de la Constitución británica.

Samira Shackle