Familiares de siete de las víctimas del accidente informaron hoy en un comunicado que responsabilizan a la empresa aeronáutica de la fabricación y comercialización de un "producto defectuoso", y piden que el daño a indemnizar se fije sea conforme a la legislación estadounidense. Los familiares reclaman una indemnización de 56 millones de dólares a la empresa aeronáutica estadounidense Boeing.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria consideró que la demanda reúne todos los requisitos y se declaró competente para resolverla. El juzgado comunicó a la parte demandada su decisión para que conteste de cara a un juicio que permita ahondar "por primera vez" en las causas que originaron el siniestro, dijo el abogado de los demandantes, Iván de Miguel.

Accidentes “podrían repetirse porque Boeing no ha corregido defectos”

El letrado sostiene que, con los informes y documentos, así como con la declaración de los peritos, se podrá atestiguar "que no solamente Boeing conocía los defectos que tenía el diseño del avión en materia de seguridad, sino además que el accidente podría repetirse porque dichos defectos no se han corregido".

Las familiares de estos fallecidos consideran que tienen ahora una oportunidad de mostrar y hacer valer sus argumentos, basados en que independientemente del fallo que pudieran haber cometido los pilotos, el propio avión "traicionó a ambos no avisándoles del error que estaban cometiendo", lo que hubiera evitado el accidente.

Con anterioridad, el grupo de familiares presentó su caso en un tribunal de instrucción de Madrid, en otro en Estados Unidos y ahora nuevamente en España. De Miguel ha insistido en que "es la primera vez que tendrán la oportunidad de que un juzgado analice en profundidad las causas reales del siniestro, tras el "baile de juzgados en los que se ha estado en los alrededores del por qué" y el "carpetazo" dado por el Juzgado de Instrucción de Madrid a la causa penal.

Exigencias a Mapfre, aseguradora de Spanair

Estas familias están además pendientes de que se celebre la audiencia previa por otra reclamación en la que exigen a Mapfre, como aseguradora de Spanair, nueve millones de euros y que deberá resolver un juzgado de “mercantil” de Las Palmas de Gran Canaria. La Comisión de Investigación de Accidentes (CIAIAC) concluyó que el siniestro se produjo porque la tripulación no había configurado bien el avión para el despegue tras una serie de fallos y omisiones, pero su informe fue cuestionado por la Asociación de Víctimas, el sindicato Sepla y el Colegio de Pilotos. En septiembre de 2012 la Audiencia Provincial de Madrid cerró la instrucción del accidente y atribuyó la responsabilidad a la actuación "errónea" de los pilotos, una decisión que fue recurrida al Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso

JOV (efe, lapronvincia.es)