Tribunal peruano juzgará a Fujimori a pesar del indulto
20 de febrero de 2018
El fiscal había aducido que el derecho de gracia fue emitido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski fuera de plazo para que pudiera ser aplicado al proceso por la matanza de Pativilca.
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El tribunal peruano encargado del proceso por la matanza de Pativilca (1992), donde murieron seis campesinos tras ser torturados, decidió este lunes (19.02.2018) no aplicar al expresidente Alberto Fujimori el derecho de gracia que le concedió el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, y mantenerlo como acusado.
El Colegiado B de la Sala Penal Nacional aceptó la petición de la defensa de las víctimas de no aplicar el derecho de gracia que impide a Fujimori ser procesado en otros casos tras el indulto que recibió el pasado diciembre a la condena a 25 años de cárcel que cumplía desde 2009 por delitos de lesa humanidad.
El abogado de Fujimori, Miguel Pérez, anunció a medios locales que "lo que queda es impugnar la decisión" para librarle del juicio a Fujimori, condenado ya como autor mediato (con dominio del hecho) de la muerte de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas al igual que Pativilca por el grupo militar encubierto Colina.
Durante la audiencia donde se evaluó la petición, el fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, argumentó que el derecho de gracia fue emitido fuera de plazo para que pudiera ser aplicado al proceso por la matanza de Pativilca. La resolución judicial, a la que tuvo acceso la prensa local, alega igualmente que el indulto "carece de efectos jurídicos"
Caso Pativilca
Para este caso Fujimori, para quien el fiscal pide 25 años de prisión, vuelve a estar acusado como autor mediato por el secuestro, torturas y asesinato de seis hombres de entre 38 y 17 años en el municipio de Pativilca, a 183 kilómetros al norte de Lima, donde los cadáveres fueron encontrados con signos de violencia y disparos en la cabeza.
El caso Pativilca fue incluido en 2015 dentro de la extradición que la Justicia chilena aprobó en 2007, después de que Fujimori fuera detenido en el país austral tras previamente haberse fugado a Japón, desde donde renunció a la Presidencia de Perú por fax.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, quien defiende a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, aseguró que se trata de una decisión histórica del Poder Judicial, aunque matizó que seguramente la defensa de Fujimori la recurra ante la Corte Suprema.
LGC (EFE/LaRepública)
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América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
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Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
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Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.