Este 4 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el traslado de la Guardia Nacional al borde sudoccidental del país para frenar la inmigración irregular desde México. El "hombre fuerte” de Washington llevaba días acusando a sus vecinos de ser demasiado laxos con la caravana de mil y un migrantes centroamericanos que actualmente se dirige hacia el norte. Lo que Trump ignora o prefiere desestimar es que esa procesión –un acto simbólico realizado cada año desde 2010– terminará el 9 de abril en Ciudad de México, donde se le pedirá a las autoridades que fortalezcan a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados.

Las reacciones al sur del Río Bravo no se hicieron esperar. El Gobierno de Honduras se mostró indignado ante la amenaza de Estados Unidos de interrumpir la ayuda económica prestada a esa nación si la caravana en cuestión no era detenida. La relatora para asuntos relacionados con la niñez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, tachó de discriminatoria la política migratoria estadounidense. Y la directora del capítulo americano de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, subrayó que el Ejecutivo de Trump viola la legislación internacional al no proteger a todos aquellos que busquen refugio y asilo en su país.

Guatemala fue el Estado que respondió con mayor ecuanimidad; su cancillería dijo respetar la decisión de la Casa Blanca, apuntando que "nosotros también tenemos la obligación de proteger a nuestra gente”. En México, donde acaba de comenzar la carrera por la jefatura del Gobierno, la "militarización de la frontera” no dejó a nadie indiferente. "Presidente Donald Trump, sepa que estamos en campaña electoral, señalando nuestras diferencias como candidatos; pero, a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y le exigimos respeto”, escribió la aspirante independiente Margarita Zavala. Varios contendientes la secundaron.

Trump, tras los pasos de Bush y Obama

El Senado mexicano le pidió al mandatario Enrique Peña Nieto suspender la cooperación con Estados Unidos en materia de migración y narcotráfico hasta que Trump mostrara más "civilidad”. Y la Cancillería agregó que la presencia militar estadounidense en los linderos comunes puede vulnerar la relación bilateral. La tensión aumentó entre estos miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) justo cuando los ministros mexicanos de Exteriores y Economía viajaron a Washington para continuar la renegociación de ese pacto, abominado por Trump desde que llegó al poder.

No obstante, politólogos consultados por DW invitan a restarle sensacionalismo a esta cuestión. "La movilización de la Guardia Nacional no es un suceso nuevo ni espectacular”, dice Wolfgang Muno, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Rostock. "Los Gobiernos de George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2017) también enviaron a la Guardia Nacional a la frontera de Estados Unidos con México y la retiraron después de un tiempo, al percatarse de que lo poco que ésta aportaba a la protección de los linderos del país”, recuerda Günther Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP), con sede en Berlín.

"Es en el ámbito político donde esta ‘militarización de la frontera' tiene mayor impacto. Por un lado, Trump no quiere frustrar las expectativas de su clientela ni ‘perder la cara' ante ella. Por eso intenta compensar mediante actos simbólicos el hecho de que le negaran los 25.000 millones de dólares solicitados para la construcción de un muro entre México y Estados Unidos, una de las principales promesas de su campaña. Por otra parte, el traslado de guardias estadounidenses a la frontera calienta la contienda por la presidencia en México, atizando debates en torno a la identidad, el territorio y la soberanía nacional”, explica el politólogo alemán.

México y Centroamérica, bajo presión 

"Desde luego, la defensa del orgullo patrio no podía faltar en el discurso político mexicano; ya hemos oído al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO) jurar que su país no sería la ‘piñata' de nadie”, agrega Maihold, sin subestimar otras secuelas que el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses ha generado en México y Centroamérica ni las que éste puede traer en el futuro cercano.

"Consideremos el fenómeno de los ‘soñadores': ese es un contingente muy grande de centroamericanos sin papeles que llegaron a Estados Unidos siendo niños, que estudiaron o estudian todavía en ese país, que recibieron permisos de residencia provisionales gracias a la medida ejecutiva decretada por Obama en 2012 –conocida por las siglas DACA– y que ahora enfrentan un destino incierto tras la suspensión de ese mandato en 2017. ¿Adónde van a enviar a 700.000 ‘dreamers' cuando se decida deportarlos? ¿Qué país puede acogerlos de golpe y satisfacer todas sus necesidades?”, comenta el experto. Preguntas similares aplican para otros casos.

En entrevista con la agencia de noticias EFE, la consejera técnica y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), María Luisa Pastor Gómez, esgrimía que la política estadounidense de expulsar masivamente a los integrantes de las maras a sus países de origen desestabilizó a las naciones centroamericanas a principios de este siglo porque la inseguridad ciudadana y la violencia criminal sobrepasaron la capacidad de respuesta de las débiles instituciones locales. Maihold acota que el número de pandilleros deportados aumentó durante la gestión de Bush y creció aún más durante la de Obama.

En busca del "sueño americano”

"En esos países pequeños de Centroamérica, ese proceso de repatriación constante puede traer severos problemas”, advierte el especialista de Berlín. "Y eso sin mencionar las serias implicaciones de deportar a niños solos sin que las autoridades conozcan el paradero de sus padres o representantes, o el traslado de criminales a México sin la debida organización bilateral previa, que pasa por proporcionarles sus historiales delictivos a las instituciones locales”, enfatiza Maihold. Muno añade que en el lado mexicano de la frontera ya ha estallado una crisis humanitaria debido a la enorme concentración de migrantes encaminados hacia Estados Unidos.

"Trump presiona cada vez más al Gobierno de Enrique Peña Nieto, a pesar de que México no ha dejado de cooperar con Estados Unidos en lo que respecta al control de la migración desde Centroamérica hacia Norteamérica. Los albergues para refugiados auspiciados por las iglesias están saturados desde hace mucho tiempo porque las personas que no logran entrar a Estados Unidos no se devuelven a sus países o pueblos de origen. Y buena parte de las que consiguen entrar –independientemente de su nacionalidad– son trasladadas más rápidamente que antes al lado mexicano de la frontera”, asegura el catedrático de Rostock.

"En Estados Unidos, el número de arrestos bajo cargos de inmigración ilegal se ha reducido notablemente en el pasado reciente. La política de amedrentamiento de Trump, que es más agresiva que la de Obama, ha tenido un efecto medible. Sin embargo, los factores que llevan a los centroamericanos a abandonar sus respectivos países no han desaparecido: los altos índices de violencia criminal, los estragos causados por los carteles de la droga, la falta de perspectivas socioeconómicas… Frente a ese panorama, yo no creo que la Guardia Nacional de Estados Unidos pueda disuadirlos de intentar conquistar el ‘sueño americano',” opina Muno.

Evan Romero-Castillo (EAL)

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