La situación poselectoral de Honduras recuerda a tiempos pasados: tanto el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, como el del Partido Liberal, Salvador Nasralla, han reivindicado victorias anticipadas, están prácticamente empatados y se avecina un escenario poselectoral complejo.

Además, se ha visto una interferencia directa del presidente estadounidense, Donald Trump, con el respaldo explícito a Asfura, así como un indulto a todas luces dudoso del expresidente Juan Orlando Hernández, lo que recuerda a los tiempos del intervencionismo de un hegemón que aspiraba a controlar la región centroamericana.

Mientras que en décadas pasadas Centroamérica fue objeto de preocupación mundial, especialmente ante la necesidad de consolidar los avances hacia una paz duradera, ahora parece que volvemos a tiempos en los que la preeminencia de EE. UU. no respeta la soberanía de otros Estados y justifica su intervención en asuntos electorales con su visión ideologizada del mundo.

Desarticulación de la competencia política y de los espacios de la sociedad civil

Aunque hayan desaparecido los viejos conflictos violentos y las luchas armadas, hoy en día se pueden detectar fuertes tendencias autoritarias, por lo que el horizonte de Centroamérica no presenta perspectivas prometedoras.

La experiencia de Guatemala y los actuales problemas de Honduras a la hora de procesar los resultados electorales dejan muy claro que la competencia política a través de las elecciones no es capaz de resolver los graves problemas de una región en la que los sistemas de partidos, el Estado de derecho y las propias garantías ciudadanas se encuentran en franco retroceso y disolución.

Es notable que, en los últimos años, los principales partidos de la oposición hayan sido desarticulados en las elecciones de Nicaragua y El Salvador por sus gobernantes, quienes también han recortado los espacios de articulación para la sociedad civil, marginando y persiguiendo a sus integrantes.

Incluso en Costa Rica, otrora un bastión de la democracia y la convivencia ciudadana, se ha generado un conflicto continuo desde la presidencia de Rodrigo Chaves con los otros poderes del Estado, lo que ha provocado niveles de polarización y confrontación desconocidos desde la guerra civil.

Desmorone de la democracia 

La enorme transformación autoritaria de la región es producto de muchos años de abandono de una gestión gubernamental responsable, la expansión de la corrupción y el clientelismo, y también de complejos procesos de negociación interna que no han permitido restablecer equilibrios y condiciones mínimas para un desarrollo económico y sociopolítico más armónico.

La democracia en la región se está desmoronando gradualmente y se están imponiendo estructuras autoritarias en los Estados de Nicaragua y El Salvador, pero también en Guatemala, donde la Fiscalía está tratando de bloquear la gestión del presidente Bernardo Arévalo y su partido, Movimiento Semilla.

Por esta vía se pretende dar paso a una nueva forma de Estado controlado desde arriba, que no aspira a ser representativo de todos los sectores de la sociedad, sino que se limita a funcionar de acuerdo con los intereses de las dinastías familiares y los grupos de poder tradicionales, que rompen con el Estado de derecho, las garantías de institucionalidad que fortalecen los intereses públicos, suspenden la representación política de todos los sectores y limitan la vigencia de los derechos humanos.

Mano dura y estados de excepción

El impacto de la inseguridad y el avance del crimen organizado han llevado a una vida en continuo estado de excepción: en el caso de El Salvador, con la prórroga 44 de esta medida legal, y en Honduras, con la suspensión de garantías constitucionales durante la votación.

El discurso de "mano dura” encuentra amplia aceptación en la población, sin que haya un planteamiento claro sobre la estrategia a seguir en el combate del crimen. La incapacidad de los Estados para resolver el problema de la inseguridad sin la participación de los militares ha quedado patente, y se oye hablar de la invocación de una tutela por parte de EE. UU. por todas partes.

La intervención de Donald Trump en las elecciones de Honduras, su alianza con Nayib Bukele en materia de control de las maras y las políticas carcelarias han restablecido una dudosa presencia del Gobierno norteamericano, que cierra los ojos ante las cifras de desaparecidos y la expansión de la tortura.

La población, harta de muchos años de angustia cotidiana, celebra los mayores niveles de seguridad, y esto se utiliza como justificación para las violaciones de los derechos humanos en nombre de la soberanía del Estado, sin mencionar que incluso los propios criminales son portadores de estos derechos.

Se ha establecido una tendencia basada en el odio y la venganza que no deja espacio para una auténtica reconciliación nacional en los países centroamericanos entre las diferentes corrientes políticas, agrupaciones sociales y actores de la sociedad civil. Así, las estructuras democráticas y el Estado de derecho no logran dar certidumbre al orden constitucional; más bien, existe una tendencia a desarticular las propias bases de la convivencia.

La Centroamérica de hoy demuestra, por tanto, muchos síntomas del pasado, aunque el camino hacia esta situación compleja haya sido diferente. Lo que más preocupa es el contexto político nacional e internacional, que no ofrece perspectivas de mejora política y social en una región convulsionada y con pocas expectativas positivas para la población.

(ms)