Trump veta el acceso al informe íntegro sobre la trama rusa
8 de mayo de 2019
Donald Trump se negó a entregar al Congreso la versión completa del informe sobre la trama rusa, invocando por primera vez el "privilegio ejecutivo" que le permite retener información.
Robert Müller, el responsable de la investigación sobre la presunta interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos en 2016.Imagen: picture alliance/dpa/A. Drago
Publicidad
El presidente de EE.UU., Donald Trump, invocó este miércoles (08.05.2019) su poder ejecutivo para impedir el acceso de un comité del Congreso controlado por la oposición demócrata al informe íntegro del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa, lo que podría desatar una batalla en los tribunales. "Ante el flagrante abuso de poder del congresista (demócrata Jerrold) Nadler, y por petición del fiscal general, el presidente no tiene otra opción que invocar su privilegio ejecutivo", anunció la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado.
Nadler, que preside el Comité Judicial de la Cámara Baja de EE.UU., había solicitado al Departamento de Justicia todo el informe de Mueller -incluidos los tramos confidenciales- y algunos documentos relacionados, dado que la versión del reporte publicada hace unas semanas contenía numerosas tachaduras.
El anuncio de la Casa Blanca llegó mientras el comité presidido por Nadler se preparaba para votar sobre la posibilidad de declarar en desacato al fiscal general de EE.UU., William Barr, por negarse a entregarles la versión sin censurar del informe. Se espera que el voto salga adelante en el comité, lo que dejaría en manos del pleno de la Cámara Baja -controlada también por los demócratas- la decisión de solicitar o no que se abra un proceso judicial contra Barr a nivel federal.
Llaman a declarar al hijo de Trump en el Senado
La decisión de Trump de invocar la figura del "privilegio ejecutivo", una doctrina que permite al presidente evitar la difusión de documentos o materiales que utiliza la Rama Ejecutiva, podría generar una batalla en los tribunales sobre su constitucionalidad. En 1974, el Tribunal Supremo estudió un caso similar durante el escándalo Watergate que entonces afectaba al presidente Richard Nixon, y limitó notablemente la capacidad de los mandatarios estadounidenses de invocar el "privilegio ejecutivo".
Nadler lamentó este miércoles la decisión de Trump, al asegurar que "representa una clara escalada en el desafío generalizado" de su Gobierno a "los deberes del Congreso tal y como están definidos en la Constitución". La portavoz de la Casa Blanca, por su parte, acusó a Nadler de hacer "peticiones ilegales y temerarias", y a la oposición demócrata de llevar al extremo su batalla política contra Trump. "No les gustaron los resultados del informe (de Mueller), y ahora quieren rehacerlo", subrayó Sanders.
El Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos ha emitido poco después una citación judicial para forzar a Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente estadounidense, a testificar sobre sus contactos con rusos, entre sospechas de que podría haber mentido a los legisladores sobre ese tema. Es la primera vez que lo cita, aunque el hijo de Trump ya acudió voluntariamente a declarar principalmente por sus contactos con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya (en junio de 2016, durante la campaña presidencial).
La versión censurada del informe de Mueller indica que el fiscal especial no halló pruebas de que el entorno de Trump colaborara con Rusia en su presunta injerencia en las elecciones de 2016, pero también arroja dudas sobre una presunta obstrucción a la Justicia por parte del mandatario.
pana/lgc (afp, efe) Última actualización a las 06:30 con la citación de Donald Trump Jr. por parte del Senado.
Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos enFacebook | Twitter | YouTube |
América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.
