La anunciada este lunes (21.5.2018) fue la tercera ronda de sanciones emitidas por el presidente de Estados Unidos contra el hombre fuerte de Caracas, Nicolás Maduro, y su entorno. Donald Trump ya había castigado individualmente a más de cincuenta funcionarios chavistas por su presunto involucramiento en casos de corrupción administrativa a gran escala, narcotráfico, lavado de dinero y violaciones de derechos humanos; pero las penitencias más recientes limitan la capacidad del propio Estado venezolano para refinanciarse mediante la venta de activos, como los bonos de la deuda soberana y de la empresa petrolera PDVSA.

“He tomado medidas para evitar que el régimen de Maduro liquide los activos (…) que el país necesitará para reconstruir su economía. Ese dinero le pertenece al pueblo venezolano”, dijo Trump en un comunicado, un día después de que su homólogo sudamericano fuera reelecto presidente en el marco de comicios tachados de fraudulentos por la Unión Europea, Australia y dieciséis países americanos. Washington instó a Maduro a celebrar elecciones libres y justas, liberar inmediata e incondicionalmente a los presos políticos, y poner fin tanto a la represión como a la continuada precarización económica de sus compatriotas.

Acordonamiento parcial

“La acción emprendida por Trump contra Maduro este 21 de mayo es más ruda que las previas. A la cúpula del chavismo se le va a hacer la vida más difícil”, augura el politólogo Daniel León, de la Universidad de Leipzig. “La moción de la Casa Blanca es oportuna y potencialmente eficaz: intuyendo que el establishment chavista ya empezó a desbandarse e intenta vender activos estatales –desde las instalaciones de CITGO Petroleum en Estados Unidos hasta el oro del Arco Minero– para apropiarse del dinero resultante, Trump prohibió ese tipo de transacciones”, señala Ivo Hernández, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Münster.

“Además, todo apunta a que Washington está montando un caso mucho más complejo de cara a las relaciones exteriores financieras de Venezuela: el Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijo que alrededor de Maduro podía haber personas cercanas a la organización terrorista libanesa Hezbolá. Y fue el mismo Pompeo quien señaló, literalmente, que Estados Unidos ‘destrozaría’ todas las ramificaciones de Hezbolá”, añade Hernández. Pero la pregunta de rigor es si las últimas sanciones pueden persuadir a Maduro –o a quienes apuntalan su Ejecutivo– de cederle el timón a un Gobierno de transición hacia la democracia.

Otra incógnita relevante es si el acordonamiento financiero parcial de la nación caribeña terminará incrementando los niveles de miseria que ya padece su población. “Ni las sanciones contra personeros específicos del Gobierno de Maduro ni las prohibiciones impuestas este lunes (21.5.2018) por la Casa Blanca perjudican directamente al venezolano de a pie. Las medidas de Trump impiden la venta de bienes estatales que de por sí no deberían ser rematados con miras a financiar el gasto público”, asegura Hernández. “A mis ojos, los habitantes de Venezuela no pueden estar peor de lo que ya están”, opina León.

Justos por pecadores

Wolfgang Muno disiente: “En el debate sobre la relación costo-efectividad de las sanciones económicas no se ha alcanzado un consenso definitivo. Desde la perspectiva del Derecho Internacional se discute sobre las circunstancias que blindan la legalidad de su implementación. Aunque Rusia y China seguramente habrían vetado una resolución punitiva contra Venezuela en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el talante unilateral con que Trump impuso sus sanciones no deja de ser problemático”, arguye el profesor de Política Comparada de la Universidad de Rostock. “Luego está la dimensión ética-política del problema”, acota.

“Las sanciones económicas perjudican primero a los ciudadanos comunes y corrientes, y sólo después a las élites”, explica Muno. A estos dilemas teóricos se suman las contradicciones que exhiben las políticas de Trump en la práctica. “Washington dice querer propiciar un cambio de régimen en Venezuela sin que sus habitantes paguen el precio de la transición, pero no tiene un plan claro para conseguirlo. Las últimas sanciones buscan hacer imposible que el Estado venezolano se refinancie, a sabiendas de que eso inhibirá a Maduro de importar los alimentos, medicamentos e insumos sanitarios que escasean en el país”, sigue el experto de Rostock.

“Al mismo tiempo, Estados Unidos parece tener la esperanza de que la crisis humanitaria se agudice para poder darle luz verde al derrocamiento del régimen… Por otro lado, Venezuela no sólo sigue contando con el respaldo de Rusia y China, sino que podrá continuar exportando su petróleo porque las sanciones más recientes de Trump no lo prohíben. Si el precio del crudo aumenta, puede que Maduro se mantenga en el poder”, estima Muno, obviando que la producción de “oro negro” venezolano cae en picada; según la agencia de noticias Reuters, Venezuela ha empezado a comprar crudo ajeno para poder continuar abasteciendo a su gran aliado en el Caribe, Cuba.

“El método Trump”

También Günther Maihold, subdirector de la Fundación Ciencia y Política (SWP), de Berlín, critica las políticas de Trump: “La presión más grande que se puede ejercer sobre el régimen chavista es dejar de comprarle petróleo; eso le cortaría en seco el suministro de dólares en efectivo. Pero eso haría lucir a Estados Unidos como el autor del derrocamiento de Maduro y causante de las desventuras sufridas por los venezolanos. Washington quiere evitar dar esa impresión y por eso aumenta la intensidad de sus sanciones progresivamente. Esta tendencia también pone de manifiesto el método de Trump de no hacer política”, esgrime el politólogo.

“Administrar castigos sin esforzarse en coordinar soluciones a las crisis; esa es la lógica tras las decisiones de Trump. Su estrategia es firmar órdenes ejecutivas y rehusarse a hacer política”, resume Maihold. Leslie Wehner, profesor asociado en la Universidad de Bath, Inglaterra, coincide con el especialista de la SWP: “Las sanciones de Trump se dejarán sentir de inmediato, pero no generarán un cambio de régimen a corto plazo en Venezuela; y aún está por verse si serán tomadas como ejemplo por otros Estados”, alerta Wehner. De momento, Argentina, Australia, Canadá, Chile, México y la UE amenazan con seguir los pasos de Washington.

El politólogo de Bath destaca, eso sí, que el trauma colectivo que podrían ocasionar las sanciones económicas estadounidenses ya había sido provocado por el propio Gobierno en los últimos años. “Las calamidades que hoy afligen a la población venezolana anteceden a todas las sanciones emitidas por el Ejecutivo de Trump. Eso no quiere decir, sin embargo, que la población más desprotegida no pueda conocer niveles más altos de precariedad. La élite que gobierna es, en todo caso, la menos vulnerable”, sostiene Wehner.

Evan Romero-Castillo (FEW)