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Turquía: comisión investigará medidas tomadas por decreto

23 de enero de 2017

El Gobierno de Turquía creará una comisión para investigar, y posiblemente corregir, decisiones tomadas por decreto al amparo del estado de emergencia declarado tras el fallido golpe de Estado de julio pasado.

Imagen: picture-alliance/abaca/A. Mehmet

Así lo anunció este lunes (23.01.2017) el viceprimer ministro turco, Numan Kurtulmus. "Se ha creado una comisión encargada de investigar los asuntos de los decretos emitidos bajo el estado de emergencia; constará de siete personas y trabajará durante dos años, periodo que podrá prorrogarse", señaló Kurtulmus en una rueda de prensa en Ankara, transmitida en directo por la cadena NTV.

Detalló que cuatro de los miembros de la comisión provendrían de los Ministerios de Justicia e Interior y el resto, de la Judicatura.

La comisión tiene por objetivo corregir posibles errores o injusticias cometidas en los decretos, como destituciones, expulsión de la carrera, confiscación de bienes y similares.

Estas decisiones actualmente no pueden ser recurridas ante la Justicia, según fijó el propio decreto de declaración del estado de emergencia en julio pasado, y que a inicios del año se prorrogó otros tres meses.

Se revisará cierre de asociaciones, sindicatos y medios

La comisión también será competente para revisar y revocar el cierre de asociaciones, fundaciones, sindicatos, emisoras de radio y televisión, diarios o editoriales que hayan sido clausuradas en estas circunstancias especifica el decreto publicado hoy en el Boletín oficial del Estado

Un segundo decreto, también publicado hoy, reduce de 30 a 7 días el periodo máximo de detención de un sospechoso en las dependencias policiales, antes de ser llevado al juzgado para una acusación formal.

También se elimina la cláusula según la que el detenido no tenía acceso a su abogado durante los primeros cinco días de detención, subrayó Kurtulmus.

Las condiciones de indefensión jurídica en la que han quedado decenas de miles de personas detenidas tras la asonada de julio fueron denunciadas por juristas turcos y por organizaciones internacionales de derechos humanos.

CP (efe, rtr)

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