Este 20 de agosto, en la provincia kurda de Diyarbakir, en el sureste de Turquía, fuerzas especiales de la Policía se concentraron en el patio trasero de un hospital, en la ciudad de Silvan. Entre gritos, volvieron a izar la bandera nacional turca, que −según ellos− había sido arriada por miembros del ilegal Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Silvan se autoproclamó recientemente como ciudad autónoma. El gesto fue una respuesta a las operaciones militares turcas, nominalmente dirigidas contra el PKK en todo el sureste del país.

El atrevimiento de Silvan provocó el rechazo rotundo del Gobierno de Ankara y la detención de uno de los co-alcaldes de la ciudad, Yüksel Bodakçı, un joven político kurdo del Partido Democrático del Pueblo (HDP). Entretanto, la tensión es palpable si uno camina por cualquier ciudad de esta región. Los ataques de y a las fuerzas de seguridad estacionadas aquí se suceden a diario.

La primera señal de humo fue el ataque a activistas kurdos perpetrado en Suruç por un grupo de Estado Islámico (EI) y las consiguientes represalias del PKK contra las fuerzas de seguridad (que dispararon gases lacrimógenos contra los sobrevivientes y los bloquearon en el lugar del atentado, impidiendo que las víctimas recibieran atención médica). Pero la chispa que acabó por avivar el fuego fue el anuncio –largamente esperado por Washington− de que Turquía se uniría a la coalición internacional que combate al EI en Irak y Siria. Turquía efectivamente inició ataques aéreos en julio pero, contrariamente a lo anunciado, los dirigió contra posiciones del PKK, no del EI.

El retorno del conflicto

Este no es un conflicto nuevo. A finales de la década de 1980 y en los años 90, los militares turcos se enfrentaron brutalmente a los grupos de resistencia kurda, en una campaña que dejó más de 40.000 muertos. Más de 500.000 personas fueron evacuadas por la fuerza de sus hogares y su lengua fue prohibida.

"En los años 90, el ejército atacó a los pueblos kurdos pero ahora, además, están siendo atacadas ciudades como Silvan, a las que sus pobladores fueron desplazados en aquel entonces", explica Yilmaz Kan, director de Göç-Der, una organización que trabaja con desplazados internos en Turquía. Kan acaba de visitar la provincia de Sirnak, donde afirma haber visto al ejército turco incendiar terrenos agrícolas, alegando que los aldeanos habían alimentado al PKK.

Ahmet Kara, que vive en Silvan, estaba allí cuando comenzaron las operaciones militares. "Utilizaron vehículos blindados, granadas y cohetes. Las calles estaban arruinadas; las tiendas, hogares y autos, incendiados; la gente, moría en las calles. La ciudad ha sido destruida", dijo a DW. "He enviado a mis hijos a Muş [otra provincia oriental] porque es demasiado peligroso, pero mi esposa y yo decidimos quedarnos; Silvan es nuestro hogar."

La ruptura

Doce municipios del sureste han declarado su autonomía del gobierno central en respuesta a la violencia estatal. El gobierno del AKP ha arrestado a decenas de políticos de los partidos pro-kurdos, todos bajo sospecha de "intentar dañar el sistema constitucional". Lo que ocurre aquí, combinado con la poca evidencia de acciones contra el Estado Islámico (EI), ha hecho difícil para el gobierno del AKP defenderse de la acusación de que simplemente ha utilizado la oportunidad para atacar zonas kurdas y a grupos de la resistencia kurda.

Según Mesut Aslan, uno de los directores de la independiente Asociación de Derechos Humanos de Turquía (IHD), esto no es un asunto de terrorismo sino de alta política. Durante las elecciones generales de junio, Turquía vio convertirse al HDP en el primer partido abiertamente pro-kurdo en ingresar al Parlamento, con el 13 por ciento de la votación nacional (la mayor parte en el sureste). El AKP ha sido incapaz de formar un gobierno de coalición, lo que llevó a Erdogan a convocar elecciones para el 1 de noviembre.

"Este conflicto se reinició como una respuesta directa a los resultados electorales", asegura Aslan: "El AKP esperaba conseguir una gran mayoría y, en su lugar, terminó con representación parlamentaria kurda." Aslan expresa una creencia generalizada entre los kurdos de Turquía: que el gobierno del AKP quería provocar una guerra con el PKK para socavar la simpatía por el movimiento de derechos de los kurdos a impulsar su caída por debajo del umbral del 10 por ciento necesario para ingresar al Parlamento en las próximas elecciones. "Los militares han atacado y arrestado a kurdos que no tienen nada que ver con el PKK", señala Aslan. "Esta es una guerra contra la idea de una gran parte de la población kurda de Turquía de que el sureste tiene derecho a su propia representación y autogobierno".