Vaya jornada la de este miércoles (12.2.2014) en Caracas. Justo cuando se celebraba el Día de la Juventud –que este año conmemoraba el 200º aniversario de la batalla independentista de La Victoria, librada por miles de seminaristas a falta de tropas regulares–, una marcha pacífica de estudiantes se vio empañada por actos de violencia preocupantes. La meta de la manifestación era exigir al Ministerio Público la liberación de otros catorce estudiantes detenidos la semana pasada por protestar contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Dependiendo de a quién se le pregunte, la marcha habría culminado sin sobresaltos o con actos de vandalismo contra la sede de la Fiscalía perpetrados por jóvenes encapuchados, infiltrados o no. En todo caso, los estudiantes terminaron enfrentados con agentes policiales, militares y civiles armados identificados con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) –grupos de choque autodenominados “colectivos chavistas”–, quienes arremetieron contra los manifestantes usando gases lacrimógenos, bastones y armas de fuego.

Estudiantes arrestados

Tres personas perdieron la vida en los tumultos, muchas otras resultaron heridas y la cantidad de estudiantes arrestados llevó a un periodista local a comentar que Venezuela acababa de vivir su propia Noche de los Lápices. Varios profesionales de la prensa y defensores de los derechos humanos fueron detenidos y golpeados también mientras documentaban los acontecimientos. Casos similares se registraron en las otras ciudades venezolanas donde tuvieron lugar protestas multitudinarias contra la gestión de Maduro.

Las emisoras de radio y televisión se abstuvieron de cubrir los disturbios, pero las redes sociales funcionaron como medios de información alternativos. Mediante Twitter se denunciaron los allanamientos de las viviendas de conocidos adversarios del Gobierno, amenazas anónimas contra periodistas, la supuesta presencia de francotiradores en la azotea del Ministerio de Infraestructura, y el asedio a la televisora estatal VTV y a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) por parte de grupos opositores.

Opositores en la mira

Venezuela ardió de nuevo. Y aunque los líderes opositores María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma se distanciaron de los actores violentos de las manifestaciones, dejando claro que eso no era lo que tenían en mente cuando llamaron a tomar las calles para salir del Gobierno de Maduro, el establishment chavista ha vuelto a poner el grito en el cielo, acusándolos de planear un golpe de Estado y ordenando la captura de López como autor intelectual de los episodios de violencia en cuestión.

Incidentes como los de este 12 de febrero son difíciles de describir sin saturar al lector de detalles. Los sucesos se apilaron con rapidez, lo cardinal y lo anecdótico compitieron en dramatismo, y las versiones de los hechos se contradijeron debido a una polarización política que no amaina. No obstante, lo más grave de todo es que los árbitros no son de fiar porque la independencia de los poderes públicos brilla por su ausencia, las instituciones estatales son cualquier cosa menos transparentes y los mecanismos de control han sido desactivados.

Con todo y la polarización prevalente, es poco probable que los acontecimientos de este miércoles (12.2.2014) hubieran tenido lugar si las fuerzas de seguridad estuvieran al servicio del Estado y no del PSUV. De no estar maniatados por las limitaciones –legales y materiales– impuestas a la libertad de prensa, los medios contribuirían a corroborar los hechos y a atribuir responsabilidades por los desafueros. Y la aplicación de la justicia propiciaría la reconciliación nacional si los fiscales y magistrados de las cortes no estuvieran alineados con el partido de Gobierno.