Desde la invasión rusa en febrero de 2022, las autoridades ucranianas han registrado más de 75.500 crímenes de guerra por parte de las Fuerzas Armadas rusas. No obstante, pese al incasable trabajo de investigadores y fiscales, podrían pasar décadas hasta que la mayoría de los culpables sean llevados a juicio.

Más de 30 oenegés ucranianas, agrupadas bajo el nombre de "Ukraine 5 AM Coalition" (Coalición Ucrania 5 AM), apoyan las investigaciones. Su meta es darles voz a las víctimas de las agresiones rusas e imponer penas tanto a los autores directos de los crímenes como a los líderes del Gobierno en Moscú.

Algunas de las organizaciones miembro realizan esta labor desde la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, en 2014. Ahora, comparten sus experiencias con los colegas de la sociedad civil y representantes de las autoridades de investigación.

Las fuentes: contactos propios

Según Román Avramenko, director de la organización Truth Hounds, que documenta crímenes de guerra, la colaboración entre funcionarios y defensores de derechos humanos funciona bien.

A través de líneas directas y en el lugar de los hechos, las oenegés reúnen testimonios de víctimas de guerra. Asimismo, instalaron un banco de datos electrónico para intercambiar información con las autoridades gubernamentales. Y en algunos lugares, incluso llevan a cabo investigaciones propias. A veces, también capacitan a investigadores ucranianos en el reconocimiento de crímenes de guerra.  

Tetyana Petshontshyk, del centro de derechos humanos ZMINA, cuenta que hay casos de deportaciones forzosas que no han sido reconocidas como crímenes de guerra ni por las autoridades ni por las víctimas.

"ZMINA documentó 233 casos de deportaciones, por ejemplo, en la región de Járkov, en la frontera con Rusia. Hablando con los afectados nos dimos cuenta de que casi ninguno había denunciado el caso ante las autoridades. Muchas veces las personas no entienden que han sido víctimas de un crimen porque las deportaciones fueron disfrazadas de evacuaciones", explica a DW.

Aún más complicada es la situación de los periodistas y activistas detenidos en los territorios ocupados por Rusia, asegura Olga Skrypnyk, del Grupo de Derechos Humanos de Crimea. Muchas veces, solo los familiares de los detenidos informan de su desaparición, y, puesto que no existe una acusación formal contra los prisioneros, estos prácticamente no cuentan con protección jurídica. En muchos casos, solo a través de contactos y redes propios, las ONG logran localizar a los detenidos en las cárceles rusas. 

Propaganda agresiva

Desde comienzos de la invasión rusa, el Instituto de Información Masiva (IMI, por sus siglas en inglés) ha documentado más de 500 crímenes contra representantes de medios de comunicación. La directora del IMI, Oksana Romanyuk, critica que, durante años, se ha usado el término incorrecto de la "desinformación". 

En su opinión, "al hablar de propaganda rusa, se olvida que en realidad se trata de una forma extrema de la incitación al odio". Esta incluye llamados al genocidio, a bombardear blancos civiles y a asesinar a ucranianos, dice.

No obstante, el IMI es consciente de que el derecho internacional no tipifica la propaganda agresiva como delito. "Nuestro reto es lograr que los responsables reciban el castigo que merecen, también a nivel internacional", subraya Romanyuk.

Otro reto de las ONG consiste en que el material reunido, como fotos y videos de redes sociales, sea reconocido como válido en las investigaciones penales.

(vt/cp)