El 1° de septiembre, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) puso bajo sospecha a la jefa de la Comisión Electoral Central de la Federación Rusa, Ella Pamfilova, a su adjunto Nikolay Bulayev y a la secretaria de la comisión, Natalya Budarina, por atentar contra la integridad territorial de Ucrania.

Los sospechosos son sindicados de organizar pseudoelecciones a través de la administración de ocupación rusa en las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporiya y Jersón. El servicio de inteligencia ucraniano amenaza a los dirigentes de la Comisión Electoral Central rusa con cadena perpetua y confiscación de bienes.

"Pamfilova apoya a la cúpula político-militar rusa en la 'legalización' del régimen de ocupación en los territorios temporalmente ocupados ... La siguiente tarea de la acusada es falsificar completamente los resultados de las pseudoelecciones a favor de las marionetas, los 'candidatos' establecidos por el Kremlin", reza un comunicado del SBU, que por primera vez acusa a la Comisión Electoral Central rusa de estar también implicada en el pseudoreferéndum sobre la "adhesión" de los territorios ocupados a la Federación Rusa.

Votar con la pistola en la nuca

En la llamada "jornada electoral unificada", prevista para el 10 de septiembre, se celebrarán en toda Rusia "elecciones" a los parlamentos regionales y a los consejos municipales y de distrito.

En las localidades de primera línea, los miembros de las "comisiones electorales móviles" empezaron a visitar los domicilios particulares desde el 31 de agosto en donde la gente "vota" en presencia de representantes armados de la policía de ocupación, como dijo portavoz del SBU, Artem Dechtjarenko.

Hasta el pasado 31 de agosto, el SBU había logrado identificar por su nombre a más de 3.500 "participantes activos" en las "elecciones" ilegales de las cuatro regiones. Al parecer, en las "elecciones" ilegales participan entre siete y diez veces más personas de las que el SBU ha identificado hasta ahora.

Muchos sospechosos, pocos condenados

Un estudio de la organización social ucraniana "Opora" indica que, en ocho años, solo fueron condenados 288 participantes en el pseudo referendo que tuvo lugar en Crimea y el Donbass en la primavera de 2014. La gran mayoría de ellos solo recibieron penas suspendidas por atentar contra la integridad territorial.

Según las estadísticas de la Fiscalía General, se han abierto casi 6.200 causas penales por colaboración en todo el país. No está claro cuántos de ellos se refieren a las "votaciones" en los territorios ocupados.

Absolutamente todas las sentencias contra participantes en los pseudo referendos revisadas por DW son condenatorias. Aproximadamente la mitad de ellas fueron pronunciadas en rebeldía, ya que durante la guerra se permite examinar los casos de colaboración sin la participación del acusado si la investigación revela que la persona en cuestión se encuentra en los territorios ocupados.

Personas de la tercera edad 

En tales casos, los tribunales imponen la pena máxima de diez años de prisión con confiscación de bienes. Entre las personas juzgadas personalmente predominan los residentes de la orilla derecha de la región de Jersón. La zona fue liberada poco más de un mes después del pseudoreferéndum. Desde entonces, una veintena de miembros de las "comisiones electorales", en su mayoría mujeres en edad de prejubilación y jubilación procedentes de pueblos del norte de la región, se han declarado culpables y han recibido por ello una condena mínima, aunque severa, de cinco años de cárcel. 

Antes de los pseudoreferendos de 2022, las fuerzas de seguridad rusas habían anunciado su intención de "descubrir escuadrones de sabotaje y prevenir atentados terroristas" en casi todas las grandes ciudades ocupadas. La inteligencia ucraniana negó tales intenciones y acusó a los rusos de represión contra la población de los territorios ocupados.

(jov/ers)