Este año, en cuarenta delegaciones de la Unión Europea ondeó la bandera arcoiris el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia. Si bien, con relación al año anterior, esto multiplicó por cuatro la presencia de la bandera en apoyo a la minoría LGTB, no es mucho considerando las 140 delegaciones de la UE que hay en todo el mundo. Más aún si se tiene en cuenta que, desde 2013 los Estados miembros de la Unión Europea están comprometidos con la defensa de los derechos del colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.

La efectividad de la puesta en práctica de estas directrices de la UE  se encuentra a prueba en el Parlamento Europeo. 

Según datos de la Comisión Europea, a nivel global, un tercio de los fondos destinados a proteger a los defensores de derechos humanos se dedica a los líderes de este colectivo. ¿Por qué? Por ser un grupo sumamente vulnerable, perseguido, maltratado, acosado, torturado e incluso asesinado. En este momento, en 70 países del mundo, las relaciones homosexuales de consentimiento mutuo sigue siendo considerada un crimen, sancionado en algunos incluso con la pena de muerte.

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En otros, como Honduras, la legalidad, sobre el papel, de las relaciones homosexuales no se corresponde con la realidad. Las parejas de hecho están prohibidas desde el 2005. Y aunque hay leyes contra la discriminación y penas de hasta 5 años por crímenes de odio, el país centroamericano llama la atención por el número de líderes del colectivo LGTB asesinados en los últimos años.

Según cifras que cita un informe de la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos), entre 2009 y 2016 se registraron 224 muertes violentas: 129 hombres homosexuales, 18 lesbianas, 77 transexuales. Los años 2012 y 2015 habrían sido los más cruentos, con 40 y 37 asesinatos respectivamente.  En general, buena parte de la inseguridad de las personas LGTBI provendría de las autoridades policiales y militares.

Cabe resaltar que entre el 2013 y el 2017 fueron destinados fondos de cooperación europea para un programa de apoyo a los derechos humanos. Y que, en junio de 2017, Stavros Lambrinidis, el representante de los derechos humanos de la UE, visitó el país. 

Poco después, en julio de este año, al activista pro LGTBI David Valle le fueron destinados fondos del programa europeo ProtectDefenders para que pudiese recibir tratamiento médico y sicológico después de un intento de asesinato.

¿No es suficiente?

Según el informe de COC (Federación de Asociaciones Holandesas para la Integración de la Homosexualidad), especialmente en América Latina y el Caribe las organizaciones de la sociedad civil tienen la impresión de que las delegaciones europeas desaprovechan oportunidades de actuar a favor de los derechos humanos, específicamente del colectivo LGTBI. 

Contacto con las organizaciones defensoras, invitación a debates, declaraciones de prensa, monitoreo de la situación, asistencia a juicios y visitas a prisiones son algunas de las medidas definidas en las directrices europeas para sus delegaciones. Pero, según el informe, el 82% de las organizaciones encuestadas en América Latina y el Caribe no conocen estas directrices ni nunca han estado en contacto con la delegación. Contrariamente, las organizaciones de Perú y Jamaica, que han estado en contacto con los europeos, ven muy positivo y fructífero el apoyo de la delegación.

Fuentes europeas aclaran que buena parte de los diálogos proactivos se dan a puerta cerrada, por ejemplo en los diálogos bilaterales sobre derechos humanos. En abril de este año, los derechos indígenas, la discriminación racial y el apoyo a los derechos del colectivo LGTB fueron tematizados con los representantes de Brasil. Que se haya aprobado el matrimonio igualitario en Colombia y las uniones civiles en Bolivia y Aruba tendría también que ver con el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil impulsoras de estos derechos.

Así las cosas, aunque en este estudio presentado en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo se pone en duda el rol proactivo de las delegaciones europeas cuando de promover los derechos de este colectivo se trata, según Dania Radusa, especialista de ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), con sus directrices la UE es líder en la defensa de los derechos de la minoría LGTBI.

Sin embargo, "hace falta que la UE garantice la aplicación clara de sus propias líneas”, apunta el especialista de COC Alexander Hammelburg. "Simplemente para que, en defensa de los derechos humanos y del colectivo LGTBI esté a la altura de lo que se espera de ella”, concluye.