El acuerdo, logrado entre el Consejo de la UE, la Comisión Europea (CE) y el Parlamento Europeo, y adoptado tras seis meses de negociaciones, permitirá ampliar las funciones de la actual Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex), de manera que pueda asistir a un Estado que sufra una presión migratoria desproporcionada o cualquier otro reto en sus fronteras exteriores, aunque la gestión diaria de sus límites seguirá en manos de las autoridades nacionales. Para asegurar que la intervención pueda ser inmediata, se constituirá una reserva con 1.500 efectivos, así como con equipo técnico, que podrán ser enviados a la zona afectada en cualquier momento.

En la propuesta original del Ejecutivo comunitario el despliegue de la guardia europea podía hacerse sin que lo pidiera el Estado miembro afectado, pero en el acuerdo alcanzado ahora esta posibilidad queda matizada y necesitará el visto bueno del Consejo de la UE. Si el Estado miembro en problemas se niega a cooperar con la nueva agencia hasta el punto que se ponga en riesgo el funcionamiento del espacio sin fronteras interiores, se podrá activar el artículo 29 del código de fronteras Schengen, lo que permitirá reintroducir controles internos temporales como los que están aplicando ahora países como Alemania y Austria.

Guardia costera de la UE operativa en este verano

Los países de la Unión y la Eurocámara han apoyado, además, que el despliegue del equipo técnico necesario para una intervención deba realizarse en un plazo que no supere los diez días desde su aprobación. La CE calcula que tras este acuerdo, que aún tiene que ser aprobado oficialmente por las instituciones comunitarias, la nueva agencia podría estar operativa este mismo verano, como indicó hoy su portavoz Margaritis Schinas.

Además, fuentes comunitarias confirmaron que la sede de esta nueva agencia se ubicará en Varsovia, en el edificio que ahora ocupa Frontex. Las mismas fuentes explicaron que el despliegue de los operativos solo se podrá llevar a cabo en un país cuyas fronteras se enfrenten a algún tipo de crisis y no en Estados de tránsito que sufran indirectamente las consecuencias de esa problemática. Así, Bulgaria no podría pedir la intervención de la guardia si a su territorio llegaran inmigrantes procedentes de Grecia.

El Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros de la UE (Coreper) ya confirmó su apoyo al texto provisional, mientras que la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara tiene previsto hacerlo en su reunión del 27 de junio, para que el pleno pueda votarlo en julio.

JOV (efe, dpa)