El nombre oficial del mecanismo es poco llamativo: "Reglamento general de condicionalidad para la protección del  presupuesto de la Unión".  Nominalmente, este reglamento se supone que sirve a la UE para sancionar a los Estados miembros si se desvían de los valores fundamentales de la Unión Europea y de los principios del Estado de Derecho.

Este tipo de sanciones ha sido objeto de acalorados debates en la UE durante una década. En parte, provocados primero por lastransformaciones antidemocráticas de Hungríaintroducida por Viktor Orbán en 2010 y luego, a partir de 2015, por las políticas de los gobiernos liderados por el Partido Ley y Justicia (PiS) en Polonia. Durante años, la Unión Europea le ha pedido repetidamente a ambos países respetar el Estado de derecho, sin éxito.

Mecanismo debilitado

Se supone que el mecanismo del Estado de derecho pondría fin al problema. Pero, ¿realmente puede hacerlo? En julio de 2020, el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros llegaron a un compromiso en que el mecanismo se limitó a las infracciones que implican fondos de la UE.

Como resultado, según la mayoría de los expertos, la normativa se degradó a una especie de mecanismo anticorrupción. "Esta es, por desgracia, la realidad", dice a DW el destacado abogado constitucionalista húngaro Gábor Halmai, del Instituto Universitario Europeo de Florencia. "El hecho de que la UE haya sido incapaz de sancionar las violaciones graves de los principios del Estado de derecho durante diez años en Hungría y cinco años en el caso de Polonia no cambia con el nuevo mecanismo".

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, la socialdemócrata alemana Katarina Barley, tampoco está contenta con el compromiso. "Desgraciadamente, los gobiernos de Hungría y Polonia han conseguido diluir un poco el mecanismo", dice a DW.

Palos en la rueda de Hungría y Polonia

Uno de los obstáculos es que el Consejo Europeo, órgano de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, debe aprobar las sanciones por mayoría cualificada. En la práctica, son 15 de los 27 países de la UE, con al menos el 65% de su población. Originalmente, estaba previsto al revés: las sanciones solo debían poder evitarse con una mayoría cualificada del Consejo.

Sin embargo, el Parlamento de la UE logró imponer que una amenaza general a la independencia del poder judicial pueda ser motivo para iniciar un procedimiento sancionador. Según Katarina Barley, esto significa que el mecanismo no se limita del todo a cuestiones de lucha contra la corrupción y puede utilizarse de forma más amplia. "El mecanismo", advierte la vicepresidenta del Parlamento Europeo, "estipula que si no hay un poder judicial independiente, no hay un control independiente y eficiente en la distribución de los fondos de la UE".

Decepción en los defensores de los derechos civiles

En cualquier caso, los estudiosos y defensores de los derechos civiles expresan su decepción. Aunque el nuevo mecanismo es "un paso adelante", dice Márta Pardavi, copresidenta del Comité Húngaro de Helsinki. "Aun así, el reglamento es solo un medio imperfecto de proteger el Estado de derecho.

El abogado constitucionalista Gábor Halmai es aún más crítico. Dice que los mayores perdedores del debate sobre el mecanismo del Estado de derecho son los que esperaban que el desmantelamiento de la democracia en Polonia y Hungría pudiera revertirse con la ayuda de la UE.

(jov/er)